En una reciente intervención ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el canciller Leyva pidió a la JEP eliminar las trabas que les impiden a los paramilitares someterse a ella. Similares solicitudes se han hecho en el pasado, argumentando que la complejidad de nuestro conflicto armado impide que pueda terminarse por vía negociada sin tener en cuenta a todos quienes de distinta manera han tomado parte en él, entre los que se cuentan los grupos de autodefensa.
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Ha sido justamente esa complejidad la que ha hecho inviable la celebración de un único acuerdo de paz que de manera inmediata llevara al fin de todas las acciones bélicas, como el que en su momento involucró a las guerrillas liberal y conservadora, enfrentadas en una contienda con figuras y propósitos relativamente claros. Después de un breve período de calma que surgió al convenirse el Frente Nacional, comenzaron a surgir nuevos grupos armados —algunos de ellos reconvertidos— que se fueron incorporando al conflicto armado con pretensiones y métodos de lucha diversos.
Eso explica que, aun cuando en las últimas décadas varios gobiernos se han empeñado en conseguir la paz, solo han logrado la suscripción de acuerdos con algunos de los involucrados en el conflicto, como ocurrió, por ejemplo, con el M-19, el EPL, el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Quintín Lame a finales del siglo pasado. Después, aprovechando el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, se diseñó un mecanismo orientado a la desmovilización de los paramilitares, que permitió el desmantelamiento de sus principales frentes. Los esfuerzos se centraron entonces en buscar un acuerdo de paz con las FARC-EP, porque era el grupo guerrillero más grande del país, porque su antigüedad lo había convertido en símbolo de la insurgencia y, no menos importante, porque su modelo centralizado de poder aumentaba las probabilidades de llegar a un pacto que involucrara a la mayoría de sus miembros. Como las negociaciones de La Habana fueron entre ese grupo armado y el Estado colombiano, los acuerdos recogen los temas en los que hubo consenso tanto en la forma de abordar las principales causas del conflicto, como en lo atinente a la manera en la que respecto de las partes involucradas se aplicaría la justicia transicional.
El diseño del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición responde al resultado de las conversaciones entre el Estado y las FARC-EP. El tamaño y la estructura de la JEP, así como su duración y funcionamiento, fueron concebidos para ocuparse de los delitos cometidos por las Fuerzas Armadas y los integrantes de ese grupo rebelde. Así se desprende del contenido de los acuerdos suscritos y de los textos constitucionales y legales que los desarrollaron. Los intentos que se han venido haciendo incluso dentro de la JEP para admitir a los paramilitares no solo están edificados sobre argumentos jurídicos de cuestionable solidez, sino que pueden terminar por ralentizar aún más un trabajo que, pese a los innegables avances que ha mostrado en un tiempo cercano a la mitad del que dispone para resolver todos los casos, todavía no consigue la primera sentencia.
