¿Los problemas sociales pueden esperar?

En una reciente columna, Juan Manuel Galán afirmó que no comparte la tesis de quienes sostenemos que la forma más eficiente de enfrentar el delito es identificar sus causas y corregirlas porque, a su juicio, “la seguridad es un desafío que no da espera”. No se trata de escoger; no cabe duda de que poner un balde debajo de la gotera evita que el agua caiga al suelo, pero si no se arregla el daño que la produce, el recipiente se rebosará y arruinará el piso. Entiendo que siempre se puede cambiar el balde por uno más grande, pero de esa manera el problema no desaparecerá.

El derecho penal es, por naturaleza, reactivo, es decir que sólo interviene después de que los delitos han ocurrido, por lo que en la práctica cumple la misma función del balde. Las propuestas de aumentar las penas o prolongar la duración de las detenciones preventivas equivalen en la práctica a reemplazarlo por uno de mayor tamaño. El diseño de las acciones que deben tomarse para combatir el crimen es algo que corresponde a la política criminal, pero ese es un tema al que, por desgracia, los políticos le prestan poca atención. Si bien el Consejo de Política Criminal está conformado por altos funcionarios del Estado y cuenta con una comisión asesora encargada de sugerirle estrategias para enfrentar el delito, y aunque esos insumos deberían servir para que los gobiernos y el Congreso ajusten los proyectos de ley a esas recomendaciones, los políticos tienden a restarles importancia a las opiniones de los expertos.

Juan Manuel Galán, por ejemplo, considera que “las directrices del Consejo Nacional de Política Criminal son un sartal de lugares comunes”. Sin embargo, lo cierto es que la comisión asesora insiste de manera reiterada en temas como el respeto a los principios constitucionales y a los derechos humanos, con base en los cuales los gobiernos deberían corregir problemas como el del hacinamiento carcelario, que no se consigue trasladándolo a las URI y estaciones de policía. También están los antiguos apotegmas de utilizar el derecho penal sólo como el último recurso del Estado para combatir el crimen y el de la excepcionalidad de la detención preventiva, que tanto nos cuesta acatar. Igualmente se ha insistido en la necesidad de aplicar una perspectiva de género en la política criminal, que no solo tiene incidencia en la prevención del feminicidio y los delitos sexuales (que pese a los incrementos de pena aumentaron 19 % entre 2015 y 2019), sino en la forma como debería tratarse el aborto, tema que continuamente evitan los gobiernos y el Congreso. Se ha dicho persistentemente, para citar un último ejemplo, que es indispensable modificar el enfoque en la política antidrogas, aspecto en el que se avanza muy lentamente.

Si se le prestara un poco mas de atención a esos y otros postulados que hacen parte de la esencia de un Estado de derecho, dejaríamos de abusar del balde y podríamos ocuparnos de arreglar la cada vez más grande gotera de la criminalidad. Pero eso no se logrará mientras haya políticos que piensen que solucionar los problemas sociales que garantizan, entre otros, el derecho a una vida digna es algo que puede esperar.