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La reciente campaña electoral no se caracterizó por la detallada presentación de un programa para ejecutar por parte de quien resultara vencedor. Los candidatos asumieron que en esta ocasión lo determinante no serían los “detalles” sobre la forma en que gobernarían, sino mostrar a los electores una tendencia en asuntos especialmente sensibles para la ciudadanía; frente a uno de ellos, el de la seguridad, mientras Cepeda planteó seguir avanzando en la búsqueda de una paz integral, de la Espriella insistió en la necesidad de construir megacárceles como herramienta para el control de la delincuencia. Lo nocivo de estos enfoques generalizantes es olvidar que la importancia de las propuestas radica en los “detalles”.
No cabe duda de que Colombia tiene serios inconvenientes con el manejo de las prisiones, como lo dejó en claro la Corte Constitucional cuando a finales del siglo XX declaró por primera vez el estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario, que luego ha reiterado en varias oportunidades y extendido a centros de detención preventiva. En abstracto, no es mala idea la de construir más cupos penitenciarios; lo que genera preocupación es el modo en que el presidente electo se ha referido a ese tema, porque emula los centros de reclusión de Bukele en El Salvador, cuyos problemas no tienen que ver con el tamaño de las edificaciones (aunque de esta característica surgió su denominación popular), sino con los “detalles” sobre la forma en que operan.
Con motivo de las repetidas advertencias de la Corte, varios gobiernos han introducido ajustes puntuales para mejorar la situación de la población reclusa, sin que ello haya sido suficiente para superar el estado de cosas inconstitucional. Comparto la necesidad de renovar las instalaciones carcelarias del país, porque de esa manera se pueden solucionar varios de los problemas estructurales del sector. El más simple de ellos tiene con ver con el hacinamiento; pero una mayor cantidad de celdas debe servir para que cada recluso disponga de más espacio al interior de ellas, en condiciones dignas. Es importante que estas nuevas construcciones permitan distinguir entre sindicados y condenados, y que las destinadas a estos últimos estén orientadas hacia su reinserción social; para ello debe construirse un primer grupo de cárceles con un régimen cerrado donde se cumpla la primera fase de ejecución de la pena, un segundo tipo de instalaciones más abierto para el siguiente período, y uno más destinado a preparar el regreso del condenado a la sociedad.
Por razones de seguridad, los lugares de reclusión con mayores restricciones deben estar alejados de centros poblados, no solo para facilitar el control perimetral, sino para hacer posible el uso efectivo de los inhibidores de señal. Deben disponer de tecnología que minimice el número de interacciones con los presos, porque así se reducen las probabilidades de corrupción. Pero al lado de esas limitaciones es importante velar por los derechos de los prisioneros; deben disponer de sitios dignos para dormir, asearse y alimentarse, recibir las visitas de familiares y abogados dentro de los márgenes que imponen las normas y, sobre todo, estar a disposición de los organismos de vigilancia y control para que puedan verificar su funcionamiento.
Es evidente que mejorar la infraestructura penitenciaria no elimina el delito; que sigue siendo importante el control de sus causas (muchas de ellas ya detectadas y otras pendientes de determinación), lo cual requiere del Estado una intervención muy amplia en diversos sectores para reducir las marcadas diferencias sociales que siguen caracterizando a Colombia. Pero eso no hace desaparecer la urgencia de emprender acciones de fondo para solucionar el estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario.
