No hubo uno, sino dos acuerdos de paz con las FARC

Faltando poco para finalizar el gobierno Santos comenzaron a perfilarse los candidatos para las elecciones presidenciales de 2018. Entre los puntos neurálgicos de la campaña que se avecinaba sobresalía el de la paz con las FARC: si se lograba, los votantes se inclinarían por alguien que la implementara; en caso contrario, optarían por quien privilegiara el combate armado contra la subversión.

El primer escenario de debate fue la innecesaria convocatoria de un referendo que ninguna norma exigía. Santos confiaba en el triunfo porque le parecía imposible que alguien votara en contra de la paz; Uribe no atacó la idea general del Acuerdo, sino su contenido, y logró convencer a la mayoría de que había dos asuntos especialmente perjudiciales: el primero era la comparecencia obligatoria de los terceros a la JEP, que conduciría a una exagerada criminalización de pequeños y grandes empresarios que por diversas razones (incluidas las de haber sido víctimas de extorsiones por parte de los alzados en armas) habían tenido trato con las antiguas FARC; el segundo era la implantación de una supuesta “ideología de género” que estaría incidiendo negativamente en la formación de los menores, tesis que entonces tuvo el importante respaldo de comunidades religiosas.

La consecuencia de haber perdido el plebiscito era evidente: el denominado Acuerdo de La Habana no podía aplicarse. Pero, y esto tampoco debería admitir una interpretación contraria, esa derrota no podía ser entendida como una prohibición de seguir conversando, porque lo que se preguntó a los ciudadanos no fue si el Estado podía o no negociar con la guerrilla, sino si respaldaban lo pactado en septiembre de 2016. La cuestión era determinar qué debía entenderse como un “nuevo” acuerdo: ¿rehacerlo en su totalidad, sin dejar nada de lo pactado, o modificarlo en los aspectos que habían llevado a su rechazo en las urnas? La primera opción era inviable porque hubiera conducido al absurdo de que en el futuro no se hubiera podido convenir con las FARC que dejaran las armas.

Se decidió entonces conformar una comisión para redactar un nuevo acuerdo, de la cual no solo harían parte representantes del movimiento subversivo y el Estado, sino también los de quienes habían liderado el triunfo del No. En desarrollo de esos debates (a los que asistieron reconocidos técnicos y políticos de la oposición como el propio Álvaro Uribe) se convino que la comparecencia de los terceros a la JEP sería voluntaria, y que no se incluiría ninguna cláusula que pudiera ser entendida como “ideología de género”, los dos grandes temas que habían llevado al rechazo de lo concertado en septiembre. Pese a esos incuestionables avances, los vencedores del plebiscito abandonaron la mesa antes de terminar su encargo y cambiaron su discurso para empezar a sostener que el rechazo ciudadano impedía firmar otro acuerdo.

La comisión culminó su trabajo con la confección de un texto que fue sometido a revisión por parte de la Corte Constitucional, cuya decisión central fue el reconocimiento de que las diferencias sustanciales que existían entre los documentos de septiembre y noviembre eran de tal magnitud, que debían ser considerados como dos acuerdos de paz diferentes. El primero, válidamente rechazado por un plebiscito cuya convocatoria no era obligatoria; el segundo, avalado por la máxima autoridad judicial del país en lo atinente a la guarda de la Constitución. Cuando el presidente De la Espriella afirma que ese Acuerdo de Paz es ilegítimo por contrariar la voluntad popular, confunde dos documentos con contenidos diversos y tramitados por dos vías que, aunque distintas, hacen parte de nuestro régimen constitucional.