¿Para qué la Policía?

Entre las propuestas que se han hecho en estos días sobre el futuro de la Policía se ha mencionado la necesidad de repensar los requisitos exigidos para incorporar nuevo personal, mejorar la formación de sus integrantes y fortalecer los controles internos. También se ha sugerido despojarla del fuero penal militar y retirarla del Ministerio de Defensa. Todas estas ideas, en abstracto y sin una visión de contexto, pueden resultar tan útiles como inútiles.

Lo primero que debe hacerse cuando se pretende reformar una institución es tener claro cuál es el propósito que se quiere conseguir con ella. Solo sabiendo cuál es la función que se le quiere asignar a la Policía dentro de la sociedad se puede comenzar a revisar si debe hacer parte de las Fuerzas Armadas, si tiene que estar adscrita al Ministerio de Defensa, si sus competencias son nacionales o locales y si sus labores son preventivas o represivas. De eso depende la fijación de las condiciones que deben cumplir quienes aspiren a ingresar a ella, el diseño curricular del proceso de formación de sus integrantes y el régimen disciplinario al que deben estar sometidos. Cuando todos esos aspectos estén definidos, entonces se podrá buscar dentro de la oficialidad a quienes tengan el perfil que haga posible su funcionamiento conforme a los resultados que de ella se esperan.

Creo, sin embargo, que para definir el papel que le corresponde a la Policía es necesaria una decisión previa sobre lo que se entiende por seguridad en el ámbito interno: ¿se refiere a la reacción frente a todas las manifestaciones delictivas? En caso afirmativo, ¿esa labor le corresponde a una sola institución o, por ejemplo, deben ser distintas las encargadas de enfrentar a la guerrilla, combatir los grupos armados organizados y atender las riñas y los hurtos? ¿El derecho penal debe ser utilizado para brindar seguridad a través de la prevención de los delitos? Al amparo de esa tesis se logró la aprobación de la cadena perpetua, se intenta perseguir el porte de estupefacientes, se busca reducir los programas de sustitución de cultivos, judicializar a quienes se dedican a esas actividades o asperjar con glifosato, y se amenaza con llevar a la cárcel a quienes incumplan las medidas sanitarias impuestas en medio de la actual pandemia. ¿La seguridad debería tener como presupuesto la garantía estatal de un mínimo de servicios públicos para los ciudadanos, de acceso efectivo a la educación, la salud y la justicia, de oportunidades laborales y de poder disponer de un sitio donde vivir dignamente?

Si la seguridad ciudadana depende de la confluencia de diversos factores como los acabados de señalar, el Estado debe asignar a cada institución las funciones que le corresponden de manera puntual. Por ejemplo, mientras el Ejército o una nueva fuerza creada con ese fin podrían ocuparse de enfrentar a los grupos armados organizados, la Policía debería tener un propósito marcadamente preventivo; ni los ciudadanos deben percibirla como un grupo de combate, ni ella debe verlos como personas a quienes combatir. Lo que apreciamos hace unos días en Bogotá fue todo lo contrario: una deplorable batalla entre enemigos.