El Gobierno ha creado una comisión para la reforma a la justicia, integrada por personas vinculadas al sector desde diferentes perspectivas, en la que solo echo de menos a alguien experto en ingeniería industrial aplicada al ámbito de la administración judicial.
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La gran cantidad de integrantes y su distinta procedencia son factores positivos porque van a permitir identificar problemas que únicamente se perciben desde ciertos ángulos y porque podrían llevar a la existencia de un consenso sobre los temas en los que se deben producir ajustes o modificaciones, que ha sido el principal escollo con el que se ha tropezado en esta clase de iniciativas. Sin embargo, esas mismas características pueden verse como un obstáculo no solo porque es previsible que de allí salga un número muy elevado de propuestas, sino porque cada sector intentará que se privilegie el trámite de las que le atañen directamente.
El éxito de este ejercicio dependerá en buena parte de la forma como el ministro de Justicia —sólido académicamente y conocedor del mundillo jurídico— oriente el trabajo de este grupo de expertos. En mi opinión, es importante tener en cuenta tres cosas: la primera, por obvia que parezca, tiene que ver con la delimitación del ámbito sobre el que se quiere actuar. Por ejemplo: en los últimos años se ha visto una tendencia a confundir la seguridad, el derecho penal y la prevención del delito, lo cual ha llevado a creer equivocadamente que el aumento de las penas es la mejor fórmula para reducir la delincuencia, a descuidar la utilización de mecanismos alternativos de solución de conflictos, a prestarle menos atención a la manera como otras instituciones del Estado pueden incidir en la minimización de las causas de la delincuencia mediante la reducción de los índices de desigualdad social y a ver a la policía como un simple apéndice de la justicia penal.
La segunda variable para considerar es la priorización de las dificultades a superar. Mientras la búsqueda y puesta en marcha de un mecanismo que pueda reemplazar a la Comisión de Acusaciones o el desmonte de funciones electorales en las altas cortes no son necesidades acuciantes, la implementación de la jurisdicción agraria es indispensable para desarrollar uno de los puntos del Acuerdo de Paz suscrito entre el Estado colombiano y las antiguas FARC-EP; la manera deficiente como se afrontan y resuelven en Colombia los litigios relacionados con la tierra es una de las principales razones de la desigualdad social y uno de los mayores generadores de violencia.
El tercer aspecto que debería tenerse en cuenta tiene que ver con los buenos resultados de la tutela. El alto nivel de confianza que la ciudadanía tiene en ella muestra que prefiere instituciones de justicia con las que sea fácil interactuar; que estén diseñadas para ocuparse no solo de los grandes delitos, sino de los pequeños problemas cuya falta de solución suele desembocar en violencia; que tomen decisiones en tiempos reducidos y que el sentido de ellas sea razonablemente previsible. Por lo tanto, esas son cuatro características que deberían ser replicadas en los demás ámbitos judiciales.
