Preocupaciones colombianas

En días pasados, una joven abogada que había viajado a Europa para comenzar sus estudios doctorales me comentó la extrañeza que le produjo darse cuenta de cuán diferentes eran las preocupaciones de los teóricos del derecho penal allí frente a las nuestras. Mientras aquí presenciamos un resurgir de delitos como la extorsión y el secuestro que creíamos controlados desde finales del siglo pasado, nos sorprendemos con las cantidades de heridos y muertos que resultan de crecientes episodios de intolerancia, intentamos sortear el desbordado aumento de hurtos que aquejan nuestras grandes ciudades y tratamos de no viajar a las cada vez más extensas zonas del país donde los grupos armados ilegales ejercen su poder, en la Comunidad Europea se busca la forma de reducir el número de fallecidos y lesionados en colisiones viales, y se diseñan mecanismos y herramientas para controlar las actividades empresariales e industriales que continuamente descubren y ponen en práctica nuevas maneras de incrementar sus ganancias a costa de los derechos de los ciudadanos.

¿Por qué pueden dedicar tanto esfuerzo a la concepción, redacción y desarrollo de figuras delictivas como la conducción temeraria, bajo los efectos del alcohol o de las drogas, o la que se hace superando determinados límites de velocidad? En buena parte, porque se toman en serio la enseñanza y el acatamiento de las normas de tráfico desde la educación primaria; porque no se permite la conducción de automóviles o motocicletas a quienes no hayan superado un riguroso examen teórico y práctico, y porque se vigilan y sancionan las infracciones de tránsito. En Colombia, por el contrario, la infraestructura vial es precaria (si tuviéramos más vías de doble calzada, la accidentalidad se reduciría drásticamente) y las licencias de conducción se obtienen con nulo o escaso conocimiento de la normatividad. Pero, sobre todo, las lesiones y muertes que le preocupan a la ciudadanía no son tanto las derivadas del tráfico automotor, sino las provenientes de las organizaciones criminales cuyas acciones se han incrementado sensiblemente en los últimos años como consecuencia de unos procesos de paz y sometimiento a la justicia mal diseñados y peor implementados.

En buena parte la diferencia entre las preocupaciones de los penalistas centroeuropeos y los colombianos se explica porque los niveles de desarrollo de sus sociedades garantizan condiciones de vida con un alto respeto de los derechos fundamentales. Nosotros, antes de ponernos a tono con las discusiones político-criminales de esas naciones, debemos solucionar nuestros problemas básicos de convivencia; es increíble la facilidad con que los accidentes viales terminan en peleas a puños, con armas blancas y de fuego. Abruma el acelerado crecimiento de los grupos armados al margen de la ley, que poco a poco han expandido sus operaciones criminales por gran parte de la geografía nacional consolidando centros de poder desde los cuales buscan y —lo que es peor— consiguen sentarse a dialogar de igual a igual con las autoridades legítimas.

Quien llegue a la Presidencia en la segunda vuelta debe ocuparse prioritariamente de recuperar el control del territorio; no solo con presencia de las fuerzas armadas (que también hace falta), sino, ante todo, llevando a todos los rincones del país servicios públicos, vivienda, educación y oportunidades laborales. Se debe empeñar en la reducción de las desigualdades sociales; pero eso no se consigue sublevando a los más desfavorecidos contra los más favorecidos; de esa fórmula solo pueden salir más violencia y menos desarrollo. Y hacia allá quieren movernos quienes, contra toda evidencia, pretenden desconocer el resultado de una primera vuelta electoral en la que la ciudadanía entregó los resultados de su evaluación sobre el gobierno que termina.