En mi anterior columna me lamentaba de haber retrocedido dos lustros con la reaparición de la polémica sobre la utilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz, a cinco años de su desaparición. Pero lo que ha ocurrido en los últimos días a raíz de la revelación parcial de un video en el que se ve a miembros del antiguo secretariado de las FARC departiendo afablemente con una magistrada de la JEP en lo que parece ser el preámbulo de una diligencia judicial, es aún más sorprendente.
Se la ha criticado por sus ademanes distendidos y hasta por haber compartido con ellos algunas sonrisas; a juicio de sus detractores, esa sería la evidencia de un trato benévolo hacia los antiguos insurgentes, quienes a su vez estarían buscando evadir sus responsabilidades por las conductas punibles en las que tomaron parte. Lo que no han dicho es que, con sus buenas maneras, esa magistrada fue la primera en construir una acusación contra todos los integrantes de esa cúpula guerrillera, que lo hizo hace ya casi seis años, y que en ella les atribuyó siete crímenes de guerra y ocho delitos de lesa humanidad. Tampoco han dicho que esos jefes subversivos desmovilizados aceptaron su participación en todas esas graves infracciones al derecho internacional, y que como culpables de ellas algunos han recibido la máxima sanción prevista en el acuerdo de paz; a quienes se les han asignado unas ligeramente inferiores, están aún pendientes de que se les impongan otras en los demás procesos que avanzan en su contra.
Ni la Corte Penal Internacional en toda su existencia, ni tribunales internacionales como el de la ex Yugoslavia o el de Ruanda han condenado a los cabecillas de grupos armados por semejante cantidad de delitos, ni ninguno de los sentenciados en esas jurisdicciones ha llegado a reconocer tamañas responsabilidades. Los críticos de la JEP deberían saber que ella se limita a fijar las sanciones dentro de los límites trazados en la Constitución y las leyes, como sucede con todos los funcionarios judiciales del país; para cuestionar su calidad o cantidad han reabierto un estéril debate teórico en el que nada tienen que ver los magistrados.
No deja de ser curioso que haya quienes guarden silencio frente a los malos tratos que reciben algunos prisioneros en sitios de reclusión como los que se han ido creando en el mundo después del atentado a las Torres Gemelas, que otros hayan llegado a pedir que los presos se pudran en las cárceles, y alguno más intente convencernos de las ventajas que tienen las ejecuciones públicas de los reos, tan populares entre los soberanos absolutos de la Europa medieval. Parece que no hubieran servido tantos siglos de constante lucha por la humanización del Derecho Penal, desde las comunidades religiosas reunidas en torno a la Escuela de Salamanca, que cumple ya 500 años, con el apoyo de mentes tan brillantes como el marqués de Beccaria en Italia, Jeremías Bentham en Inglaterra, Voltaire en Francia o Hegel en Alemania, quien llegó a decir –con razón– que la pena honra al criminal como ser racional capaz de aprehender su significado y trascendencia.
Es preocupante el resurgir de teorías que entienden la justicia penal como un acto de venganza (aunque esté a cargo del Estado), en el que lo importante no es que a los imputados se les venza en un proceso a cargo de la rama judicial y se les impongan las sanciones previstas en las leyes aprobadas por el legislativo, sino que se les trate con desprecio.