La seguridad es una de las mayores preocupaciones que tenemos actualmente en Colombia; no solo por la acelerada expansión de los grupos armados, sino por el incremento de crímenes comunes como el hurto, las extorsiones y los homicidios.
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Si bien cuando se habla de este tema se suele invocar el derecho penal pidiendo la creación de nuevos delitos, el aumento de penas o la disminución de garantías procesales, lo cierto es que su capacidad preventiva es reducida. Las tareas de prevención atañen más a otros ámbitos, algunos con frutos a mediano y largo plazo como el de las políticas públicas orientadas a mejorar el nivel de vida de los habitantes, y otros con efectos más rápidos como los que están a cargo de las autoridades policivas. La Alcaldía de Bogotá, por ejemplo, ha conseguido recientemente una histórica disminución de los homicidios gracias a la identificación de puntos críticos en la capital y a la intervención que ha venido realizando en ellos.
Por el contrario, el derecho penal, tanto en su construcción teórica como en su funcionamiento, está concebido básicamente para castigar a quien infringe la ley, lo cual pone de presente que su naturaleza es reactiva y no preventiva. Eso no significa que no pueda desempeñar, marginalmente, una labor de disuasión mediante la aplicación de sanciones, puesto que es probable que cuando alguien es enviado a prisión, tanto él como los demás ciudadanos resulten persuadidos de que es preferible mantenerse dentro de la legalidad. Pero para que el mensaje de que “el delito no paga” pueda tener algún margen de efectividad, es imprescindible conseguir que la gente se lo tome en serio, y eso no depende, como suele creerse, de la magnitud de los castigos anunciados, sino de la celeridad con que ellos se impongan y de su estricto cumplimiento.
Lo que puede disuadir al potencial delincuente no es la lejana probabilidad teórica de que sea condenado a una pena que puede negociar en cuanto a su duración y condiciones de ejecución, sino la certeza de que se le aplicará después de un procedimiento ágil, y de que indefectiblemente deberá someterse a ella conforme está previsto en la ley. En Colombia eso significa que la primera parte de la pena se cumpla en un régimen de reclusión estricto que tiene que ver con su faceta retributiva, antes de pasar a los dos tramos siguientes en los que se van incrementando las actividades resocializadoras.
Solo si la ciudadanía percibe que quienes cometen delitos graves son sentenciados con celeridad y cumplen de manera estricta esa primera etapa retributiva de la sanción que se les asigna (aunque ella no sea excesivamente larga), la entenderá como el castigo que recibe quien delinque, y como un mensaje orientado a la necesidad de respetar los ámbitos de libertad ajenos.
Ojalá que los precandidatos a la Presidencia nos cuenten qué planes tienen para fortalecer el sistema penitenciario, y si entre ellos está la construcción de cárceles que permitan diferenciar con claridad la estricta fase retributiva inicial de la pena, de aquellas en las que con menor severidad se acompañe al condenado en un estructurado proceso de reincorporación social.
