El presidente y su ministro de Salud asistieron la semana pasada a la Corte Constitucional, para manifestar su preocupación por la eventualidad de una avalancha de tutelas provenientes de personas interesadas en que se las priorice durante el proceso de vacunación contra el COVID-19.
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La reunión es extraña. La tutela es un mecanismo extraordinario de acceso a la justicia, previsto para que los ciudadanos puedan lograr la oportuna protección de sus derechos fundamentales en aquellos casos en los que, pese a la existencia de una amenaza inminente en su contra, los mecanismos ordinarios de protección consagrados en la Constitución y las leyes no resultan adecuados para garantizar su oportuna salvaguardia. Me resulta difícil creer que la reunión tenía el propósito de explicarle eso a los magistrados de la Corte, porque han sido precisamente ellos quienes a través de muchas decisiones han precisado la naturaleza y límites de esa acción.
La otra posibilidad es que se haya querido solicitarle a la Corte que aplique la tutela solo en aquellos casos en los que esté demostrada la vulneración o amenaza de un derecho fundamental que no pueda ser oportunamente sorteada acudiendo a los procedimientos ordinarios previstos para ello. Eso sería cuando menos una falta de respeto, porque se estaría partiendo del supuesto de que no siempre ha actuado así. Incluso si el propósito hubiera sido el de pedirles a los magistrados que en sus decisiones de revisión fijaran con claridad los presupuestos sobre los que podría concederse una tutela en los casos de vacunación, la petición sería indelicada porque desconocería que esa es la manera como continuamente opera ese alto tribunal.
No parece sensato suponer que el motivo de esa conversación fuera el de solicitarle a la Corte que, aun cuando la aplicación de las vacunas llegara a suponer una intolerable afectación o puesta en peligro de un derecho fundamental, se abstuviera ella de conceder el amparo constitucional y diera instrucciones en ese sentido a los jueces del país, pues semejante solicitud rayaría en la ilegalidad.
Solo me explico la reunión como el reflejo de la inquietud que tiene el Gobierno con el tema; es evidente que este proceso de vacunación representa un enorme desafío porque pone a prueba la capacidad de los gobiernos para adelantarlo garantizando no solo un adecuado programa teórico, sino su correcta y ordenada ejecución, lo que será un problema mayor en Colombia, donde es precisamente el sistema de salud uno de los dos factores que generan el mayor número de tutelas.
Pero esa preocupación no se arregla pidiéndoles a la Corte y, por su intermedio, a la Rama Judicial que sólo apliquen las tutelas cuando ello sea procedente, como si esa no fuera la regla general, ni pidiéndoles que dejen de hacerlo aun cuando ellas sean conducentes para ayudarle al Gobierno, lo que sería abiertamente ilegal. La solución consiste en elaborar, difundir y explicar un programa de vacunación que se ajuste a los estándares internacionales y que brinde a la población garantías en cuanto a la forma transparente en que será puesto en marcha. En eso, y no en visitas exóticas a la Corte, deberían enfocar sus esfuerzos.
