Según informó El Espectador la semana pasada, el Gobierno nacional estaría trabajando en una nueva política de drogas que presentará al país en los próximos días y que sería desarrollo de los anuncios que el presidente Petro ha venido haciendo a nivel nacional e internacional sobre la necesidad de darle un giro completo a la forma como hasta ahora se ha venido enfrentando el problema. Según esa información, el eje central de la propuesta sería el ofrecimiento de entregarles tierras tituladas a los pequeños cultivadores de coca que se comprometan a abandonar esa actividad.
Este planteamiento está edificado sobre una premisa que desde hace años tiene un sólido respaldo: la mayor parte de los cultivos de coca en Colombia corresponden a extensiones de alrededor de una hectárea y las familias que se dedican a ello ganan menos de un salario mínimo legal vigente. Aun cuando el ingreso económico no es mucho, quienes se ocupan de esta actividad sí tienen algunas ventajas adicionales que no deben perderse de vista: como los insumos que requieren se los suelen llevar hasta la parcela, evitan los gastos propios de los desplazamientos para adquirirlos; al tener garantizadas varias cosechas al año que los traficantes recogen en los mismos predios y por las que reciben precios muy estables, no tienen que realizar grandes y complicados desplazamientos para venderlas, ni se ven obligados a negociar con intermediarios. Además, los grupos ilegales que controlan el narcotráfico les ofrecen seguridad y, en no pocas oportunidades, se prestan para resolver los conflictos que se puedan presentar entre ellos.
Dado que el cultivo de hoja de coca no es una labor que le reporte al campesino enormes sumas de dinero, parece claro que si se les ofreciera una alternativa que les permitiera ingresos similares dentro de la legalidad, probablemente optarían por ella. Hacerlos propietarios de una parcela es un paso en la dirección correcta, pero no es suficiente, porque con ello no se reemplazan los demás incentivos que se derivan de esa actividad ilícita y que les permiten mantener unas condiciones de vida aceptables. Es indispensable que el Estado les garantice que podrán dedicarse a cultivos que les den varias cosechas al año y que los precios de venta sean sustentables para evitar que caigan justamente cuando el producto abunda. También es necesario que se les brinden facilidades para la compra de los insumos que requieran para sus labores agrícolas, que haya vías de comunicación y medios de transporte que les permitan sacar la producción sin elevar su valor final y, especialmente, evitar la intermediación.
No es una buena idea que cada gobierno replantee la política contra las drogas dándoles la espalda a experiencias positivas que se han tenido, como el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito. Más bien podría aprovecharse la coyuntura para buscar un consenso en torno a la necesidad de mejorar las condiciones de vida de quienes se han visto impelidos a vivir de los cultivos ilícitos ante la falta de una presencia estable y amplia de las instituciones. Esa debería ser una política de Estado, no solo de algunos gobiernos.
