LA POLÍTICA DE BENEFICIOS QUE EL Gobierno ofrece a los guerrilleros que se desmovilicen no es clara. Las diferentes propuestas que se han hecho dejan la sensación de que no obedecen ni a un detenido estudio previo, ni a un acuerdo de voluntades entre los poderes Ejecutivo y Judicial.
Un ejemplo de los problemas que ello ha acarreado se vio cuando un subversivo mató a uno de sus superiores y le cortó una mano para presentarla a las autoridades como prueba de su acción; seguramente quien así se comportó lo hizo convencido de que tenía derecho a beneficios derivados de la política de paz, pues de otra manera no lo habría hecho. La polémica que generó ese episodio puso en evidencia que no había claridad en los ofrecimientos del Gobierno, pues mientras algunos pensaban que la recompensa debía pagarse, otros recomendaron juzgar penalmente al desmovilizado por esos hechos.
Sin embargo, este episodio no sirvió para que la política de sometimiento a la justicia se aclarara; por el contrario, otros casos en los que integrantes de las Farc han ayudado a la fuga de algunos secuestrados han seguido generando polémicas, pues mientras en el Gobierno se insiste en que se les deje en libertad, se les paguen las recompensas e incluso se los saque del país, la fiscalía y los jueces sostienen con razón que nada de eso puede hacerse apresuradamente y sin contar con las herramientas legales apropiadas.
Ahora se ofrece públicamente la libertad para cualquier integrante de la guerrilla, incluso para los miembros de su dirigencia, si contribuyen a la liberación de secuestrados. De nuevo parece un anuncio precipitado que de concretarse en la forma como ha sido presentado, traerá muchos problemas; una cosa es aplicar el principio de oportunidad a un insurgente raso, contra quien no hay más investigaciones que las relacionadas con delitos políticos y otra ofrecer la libertad a quien está procesado o incluso condenado por heridas y muertes ocasionadas con minas antipersona, por decenas de secuestros y por graves atentados contra la población civil como el ocurrido en El Nogal o como los que solían hacerse mediante la utilización de cilindros de gas.
¿Está realmente el Gobierno dispuesto a no encarcelar a un guerrillero procesado y condenado por delitos como esos, sólo porque en las próximas semanas ordene dejar en libertad a alguno de sus secuestrados? Si la decisión fuera tomada de manera conjunta por el máximo órgano decisorio de las Farc, ¿todos ellos quedarían en libertad por ese solo hecho? En el evento de que esa hipotética orden se cumpla respecto de la totalidad de secuestrados que la guerrilla tiene en el país, ¿quedarían exonerados todos los integrantes de ese movimiento subversivo, o sólo los que tienen en su poder a las víctimas? Porque si esa medida solo beneficiara a quienes físicamente controlan a los secuestrados, la única forma que tendrían los demás rebeldes para acceder a esas ventajas sería la de secuestrar personas para poder luego ayudar a su liberación.
Tal como está formulada, no parece que la propuesta pueda ser aplicada a través de las normas penales y procesales vigentes; pero además, podría dejar esa sensación de impunidad que constituye la razón principal por la que la Corte Penal Internacional suele intervenir en casos relacionados con conflictos internos.
