El exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias Leyva reiteró esta semana que su condena por el escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS) fue motivada por asuntos políticos mas no jurídicos por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
“Yo no he cometido ningún delito, soy un hombre inocente y aun así esta es la tercera vez que me meten en una cárcel, alejándome de mi esposa y de mis hijos (…) A mí me condenó una Sala Penal que Colombia entera sabe que ha sido corrupta y politizada en una vendetta muy fuerte contra el gobierno que yo defendí y protegí”, señaló el exministro en diálogo con Noticias Caracol.
Pues bien, vale la pena recordarle al exministro una historia desconocida hasta ahora.
El 18 de abril de 2008 la entonces subdirectora de Operaciones del DAS, Martha Inés Leal Ramos, le escribió un correo electrónico con el título: “Declaraciones García”, al director de inteligencia de la misma entidad, Fernando Alonso Tabares Molina, copiando a María del Pilar Hurtado y William Gabriel Romero. (Ver Evidencia).
Todos estos personajes terminaron investigados y presos por el escándalo de las “chuzadas” en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Pero volvamos al email que establece lo siguiente: “Señor capitán, hace unos minutos me llamó la Dra. Eugenia, asesora del ministro de Agricultura, solicitando mi ayuda para que le ayudemos a conseguir las declaraciones que hizo García hoy en la Corte. Es posible que usted le solicite a William, para que a través de la fuente trate de conseguir el mismo, pues me dicen que hay mucha preocupación por estas declaraciones, incluso hay unas cosas muy graves contra nuestra empresa”. (Ver Correo electrónico).
Vamos por partes.
El ministro de Agricultura que menciona el email era Andrés Felipe Arias, y la doctora Eugenia era la asesora Tulia Eugenia Méndez Reyes, directora jurídica del Ministerio de Agricultura y persona de confianza del prófugo de la justicia colombiana. (Ver Identidad).
El señor García, de quien Arias estaba interesado en conseguir las declaraciones, se refiere a Rafael García Torres, exjefe de informática del DAS, y quien fue testigo clave de la Corte Suprema de Justicia en varios casos, entre otros, el de espionaje en contra de los magistrados de ese tribunal por orden del gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Una versión libre que rindió la exsubdirectora de Operaciones del DAS, Martha Leal, ante la Fiscalía el 28 de mayo de 2010 da más detalles de esta relación y de la tarea específica que le solicitó el exministro.
“Conocí a la doctora Eugenia, no recuerdo su apellido, en el despacho del entonces ministro Andrés Felipe Arias, ya que se me dio instrucción por parte del señor capitán Tabares de dirigirme y entrevistarme con ellos para recibir y verificar una información (…) Ellos me dijeron que estaban adelantando una investigación sobre unos títulos de tierras en las poblaciones de Curvaradó y Jiguamiandó y de unos propietarios que tenían sembradas allí plantaciones de palma (…) lo que me pidió exactamente era que hicieran las investigaciones en las bases de datos tanto por anotaciones de inteligencia como de policía judicial de importantes empresarios antioqueños que serían los propietarios de estas tierras”. (Ver Versión Libre).
Para esta tarea el DAS asignó al investigador Juan Fredy Salinas Sierra, quien por órdenes de Tabares le reportó los resultados de los propietarios de las tierras directamente a Arias.
Es importante entender que Curvaradó y Jiguamiandó son poblaciones de alto conflicto donde existen grandes siembras de palma africana, uno de los proyectos estrella del exministro Arias.
El 2 de septiembre de 2008, la revista Semana publicó que el exministro Arias les incumplió la promesa de devolverles la tierra a más de 3.000 nativos del Chocó desplazados de esa zona por la violencia, que fueron sacados de sus dominios por los paramilitares, tierras que después fueron ocupadas por palmicultores.
El ministro había anunciado que el gobierno sólo le reconocería a un grupo de palmicultores como suyas 8.497 hectáreas, de 33.580 que tenía ocupadas, y que las comunidades debían retomar esas tierras que hacen parte de sus territorios colectivos. (Ver Tierras robadas en el Choco).
Pero esto nunca sucedió.
Al contrario, bajo el Ministerio de Arias, los sembrados de palma siguieron avanzando, incluso desatendiendo advertencias de la Defensoría del Pueblo, y las denuncias de atropellos e intimidaciones de las comunidades afrocolombianas locales.
Otra política de Arias que, como Agro Ingreso Seguro, terminó protegiendo a los grandes terratenientes, en este caso palmicultores, algunos donantes de las campañas de esos gobiernos.
Más preocupante aún es que en torno a esta zona ha existido un debate por hechos que vinculan a la señora María Fernanda Cabal, el general Rito Alejo del Río y el exministro Fernando Londoño.
Una grabación publicada por Noticias Uno el 7 de octubre de 2008 muestra que los señores Rito Alejo del Río y Fernando Londoño estaban confabulando en contra del padre Javier Giraldo, de líderes de la zona de Curvaradó y Jiguamiandó y de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que acompaña a las comunidades, para no devolver las tierras. (Ver Complot).
Con respecto a la senadora Cabal es importante recordar que esta congresista ha invertido todos sus esfuerzos para cambiar la ley de restitución de tierras, principalmente por el lío de desplazamiento en Curvaradó y Jiguamiandó, queriendo legalizar el despojo. (Ver Restitución de tierras en Urabá).
Todo queda en familia.
Pero el pedido de Arias al DAS tenía otra arista que también se explica en las declaraciones de Leal. “Respecto de obtener la grabación del testimonio de Rafael García, yo le pedí al capitán que esta tarea se la colocara a William Romero, quien se desempeñaba como subdirector de Fuentes Humanas (…) William tenía una fuente en la Corte Suprema de Justicia que administraba directamente (…) la fuente tenía un alto perfil y tengo entendido que el dinero que se le estaba pagando era mucho”. (Ver Fuente).
El DAS tenía infiltrada la Corte Suprema a través de fuentes humanas, como trabajadoras de los tintos y escoltas de los magistrados, pero para esta misión Romero encargó a Alba Luz Flórez, una curtida detective que llevaba un poco más de diez años en el organismo de inteligencia y quien, con 1,70 metros de estatura, piel canela, ojos verdes, cabello castaño y un cuerpo llamativo, desde 2007 era la encargada de espiar a la Corte Suprema de Justicia en su propia sede.
Alba Luz Flórez, o la “Mata Hari” como se le denominó, consiguió la grabación para Arias cosa que le fue reportada directamente. Toda la información de inteligencia que el DAS enviaba a funcionarios del gobierno, o incluso al propio presidente Uribe, se hacía a través del sistema de la “valija”, que era un mecanismo secreto de inteligencia en donde hacían llegar un maletín que tenía una clave para sacar un sobre de manila. La clave solo la conocía el destinatario, en este caso Andrés Felipe Arias.
Por otra parte, la Fiscalía le sacó un dato interesante a Leal cuando le preguntó si alguna otra dependencia pública le había hecho un requerimiento similar al que le hicieron en ese momento la doctora Eugenia y el exministro Arias, a lo cual Leal contestó: “No que yo recuerde y menos de una forma directa, es decir, que no se hubiera tramitado a través de mi jefe”. (Ver Página 35).
Curtido el ministro Arias en temas de inteligencia.
Por eso es clave aclarar que todos los involucrados en estas comunicaciones fueron encontrados culpables de diferentes delitos y faltas disciplinarias, excepto la doctora Eugenia. Ella fue investigada por el escándalo de Agro Ingreso Seguro, pero en la Procuraduría se le prescribió el proceso, quedando absuelta no porque se haya comprobado su inocencia, sino por el vencimiento de términos. (Ver W Radio).
Ahora bien, no quedó libre de escándalos. El exesposo de Tulia Eugenia Méndez Reyes denunció a la exfuncionaria por presunto falso testimonio porque, según él, la doctora Eugenia pidió detención domiciliaria por ser madre cabeza de familia pese a que no lo era.
La doctora Eugenia era pareja del señor Julián Alfredo Gómez Díaz, nada más ni nada menos que el exdirector de Agro Ingreso Seguro en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).
El 23 de marzo de 2011, Julián Alfredo, hijo del exmagistrado de la Corte Suprema Alfredo Gómez Quintero, aportó correos electrónicos y otros documentos que revelaron que algunos de los contratistas de bajo rango no solo tenían muy poca capacidad decisoria en la entrega de los subsidios y la contratación del programa AIS, sino que propusieron hacer las cosas de otra manera a como lo hicieron los altos mandos del Ministerio de Agricultura cuando estalló el escándalo.
La pareja de la doctora Eugenia demostró lo que todo el país sabe y lo que el exministro ahora intenta borrar, y es cómo poderosas y millonarias familias de la Costa, algunas donantes de la campaña de Arias, presentaron proyectos amañados y se hicieron con multimillonarios subsidios demostrando que el Ministerio de Agricultura, al igual como ocurrió con el tema de Curvaradó y Jiguamiandó gracias a la inteligencia del DAS, protegió a los terratenientes y no a los pobladores.
Por más que Arias se presente como una víctima de la justicia ahora, en estos casos actuó como el victimario de los que tenía que proteger: los campesinos.
También le puede interesar: “¿Le alargarán el periodo a Peñalosa, Char y los demás alcaldes?”
El exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias Leyva reiteró esta semana que su condena por el escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS) fue motivada por asuntos políticos mas no jurídicos por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
“Yo no he cometido ningún delito, soy un hombre inocente y aun así esta es la tercera vez que me meten en una cárcel, alejándome de mi esposa y de mis hijos (…) A mí me condenó una Sala Penal que Colombia entera sabe que ha sido corrupta y politizada en una vendetta muy fuerte contra el gobierno que yo defendí y protegí”, señaló el exministro en diálogo con Noticias Caracol.
Pues bien, vale la pena recordarle al exministro una historia desconocida hasta ahora.
El 18 de abril de 2008 la entonces subdirectora de Operaciones del DAS, Martha Inés Leal Ramos, le escribió un correo electrónico con el título: “Declaraciones García”, al director de inteligencia de la misma entidad, Fernando Alonso Tabares Molina, copiando a María del Pilar Hurtado y William Gabriel Romero. (Ver Evidencia).
Todos estos personajes terminaron investigados y presos por el escándalo de las “chuzadas” en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Pero volvamos al email que establece lo siguiente: “Señor capitán, hace unos minutos me llamó la Dra. Eugenia, asesora del ministro de Agricultura, solicitando mi ayuda para que le ayudemos a conseguir las declaraciones que hizo García hoy en la Corte. Es posible que usted le solicite a William, para que a través de la fuente trate de conseguir el mismo, pues me dicen que hay mucha preocupación por estas declaraciones, incluso hay unas cosas muy graves contra nuestra empresa”. (Ver Correo electrónico).
Vamos por partes.
El ministro de Agricultura que menciona el email era Andrés Felipe Arias, y la doctora Eugenia era la asesora Tulia Eugenia Méndez Reyes, directora jurídica del Ministerio de Agricultura y persona de confianza del prófugo de la justicia colombiana. (Ver Identidad).
El señor García, de quien Arias estaba interesado en conseguir las declaraciones, se refiere a Rafael García Torres, exjefe de informática del DAS, y quien fue testigo clave de la Corte Suprema de Justicia en varios casos, entre otros, el de espionaje en contra de los magistrados de ese tribunal por orden del gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Una versión libre que rindió la exsubdirectora de Operaciones del DAS, Martha Leal, ante la Fiscalía el 28 de mayo de 2010 da más detalles de esta relación y de la tarea específica que le solicitó el exministro.
“Conocí a la doctora Eugenia, no recuerdo su apellido, en el despacho del entonces ministro Andrés Felipe Arias, ya que se me dio instrucción por parte del señor capitán Tabares de dirigirme y entrevistarme con ellos para recibir y verificar una información (…) Ellos me dijeron que estaban adelantando una investigación sobre unos títulos de tierras en las poblaciones de Curvaradó y Jiguamiandó y de unos propietarios que tenían sembradas allí plantaciones de palma (…) lo que me pidió exactamente era que hicieran las investigaciones en las bases de datos tanto por anotaciones de inteligencia como de policía judicial de importantes empresarios antioqueños que serían los propietarios de estas tierras”. (Ver Versión Libre).
Para esta tarea el DAS asignó al investigador Juan Fredy Salinas Sierra, quien por órdenes de Tabares le reportó los resultados de los propietarios de las tierras directamente a Arias.
Es importante entender que Curvaradó y Jiguamiandó son poblaciones de alto conflicto donde existen grandes siembras de palma africana, uno de los proyectos estrella del exministro Arias.
El 2 de septiembre de 2008, la revista Semana publicó que el exministro Arias les incumplió la promesa de devolverles la tierra a más de 3.000 nativos del Chocó desplazados de esa zona por la violencia, que fueron sacados de sus dominios por los paramilitares, tierras que después fueron ocupadas por palmicultores.
El ministro había anunciado que el gobierno sólo le reconocería a un grupo de palmicultores como suyas 8.497 hectáreas, de 33.580 que tenía ocupadas, y que las comunidades debían retomar esas tierras que hacen parte de sus territorios colectivos. (Ver Tierras robadas en el Choco).
Pero esto nunca sucedió.
Al contrario, bajo el Ministerio de Arias, los sembrados de palma siguieron avanzando, incluso desatendiendo advertencias de la Defensoría del Pueblo, y las denuncias de atropellos e intimidaciones de las comunidades afrocolombianas locales.
Otra política de Arias que, como Agro Ingreso Seguro, terminó protegiendo a los grandes terratenientes, en este caso palmicultores, algunos donantes de las campañas de esos gobiernos.
Más preocupante aún es que en torno a esta zona ha existido un debate por hechos que vinculan a la señora María Fernanda Cabal, el general Rito Alejo del Río y el exministro Fernando Londoño.
Una grabación publicada por Noticias Uno el 7 de octubre de 2008 muestra que los señores Rito Alejo del Río y Fernando Londoño estaban confabulando en contra del padre Javier Giraldo, de líderes de la zona de Curvaradó y Jiguamiandó y de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que acompaña a las comunidades, para no devolver las tierras. (Ver Complot).
Con respecto a la senadora Cabal es importante recordar que esta congresista ha invertido todos sus esfuerzos para cambiar la ley de restitución de tierras, principalmente por el lío de desplazamiento en Curvaradó y Jiguamiandó, queriendo legalizar el despojo. (Ver Restitución de tierras en Urabá).
Todo queda en familia.
Pero el pedido de Arias al DAS tenía otra arista que también se explica en las declaraciones de Leal. “Respecto de obtener la grabación del testimonio de Rafael García, yo le pedí al capitán que esta tarea se la colocara a William Romero, quien se desempeñaba como subdirector de Fuentes Humanas (…) William tenía una fuente en la Corte Suprema de Justicia que administraba directamente (…) la fuente tenía un alto perfil y tengo entendido que el dinero que se le estaba pagando era mucho”. (Ver Fuente).
El DAS tenía infiltrada la Corte Suprema a través de fuentes humanas, como trabajadoras de los tintos y escoltas de los magistrados, pero para esta misión Romero encargó a Alba Luz Flórez, una curtida detective que llevaba un poco más de diez años en el organismo de inteligencia y quien, con 1,70 metros de estatura, piel canela, ojos verdes, cabello castaño y un cuerpo llamativo, desde 2007 era la encargada de espiar a la Corte Suprema de Justicia en su propia sede.
Alba Luz Flórez, o la “Mata Hari” como se le denominó, consiguió la grabación para Arias cosa que le fue reportada directamente. Toda la información de inteligencia que el DAS enviaba a funcionarios del gobierno, o incluso al propio presidente Uribe, se hacía a través del sistema de la “valija”, que era un mecanismo secreto de inteligencia en donde hacían llegar un maletín que tenía una clave para sacar un sobre de manila. La clave solo la conocía el destinatario, en este caso Andrés Felipe Arias.
Por otra parte, la Fiscalía le sacó un dato interesante a Leal cuando le preguntó si alguna otra dependencia pública le había hecho un requerimiento similar al que le hicieron en ese momento la doctora Eugenia y el exministro Arias, a lo cual Leal contestó: “No que yo recuerde y menos de una forma directa, es decir, que no se hubiera tramitado a través de mi jefe”. (Ver Página 35).
Curtido el ministro Arias en temas de inteligencia.
Por eso es clave aclarar que todos los involucrados en estas comunicaciones fueron encontrados culpables de diferentes delitos y faltas disciplinarias, excepto la doctora Eugenia. Ella fue investigada por el escándalo de Agro Ingreso Seguro, pero en la Procuraduría se le prescribió el proceso, quedando absuelta no porque se haya comprobado su inocencia, sino por el vencimiento de términos. (Ver W Radio).
Ahora bien, no quedó libre de escándalos. El exesposo de Tulia Eugenia Méndez Reyes denunció a la exfuncionaria por presunto falso testimonio porque, según él, la doctora Eugenia pidió detención domiciliaria por ser madre cabeza de familia pese a que no lo era.
La doctora Eugenia era pareja del señor Julián Alfredo Gómez Díaz, nada más ni nada menos que el exdirector de Agro Ingreso Seguro en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).
El 23 de marzo de 2011, Julián Alfredo, hijo del exmagistrado de la Corte Suprema Alfredo Gómez Quintero, aportó correos electrónicos y otros documentos que revelaron que algunos de los contratistas de bajo rango no solo tenían muy poca capacidad decisoria en la entrega de los subsidios y la contratación del programa AIS, sino que propusieron hacer las cosas de otra manera a como lo hicieron los altos mandos del Ministerio de Agricultura cuando estalló el escándalo.
La pareja de la doctora Eugenia demostró lo que todo el país sabe y lo que el exministro ahora intenta borrar, y es cómo poderosas y millonarias familias de la Costa, algunas donantes de la campaña de Arias, presentaron proyectos amañados y se hicieron con multimillonarios subsidios demostrando que el Ministerio de Agricultura, al igual como ocurrió con el tema de Curvaradó y Jiguamiandó gracias a la inteligencia del DAS, protegió a los terratenientes y no a los pobladores.
Por más que Arias se presente como una víctima de la justicia ahora, en estos casos actuó como el victimario de los que tenía que proteger: los campesinos.
También le puede interesar: “¿Le alargarán el periodo a Peñalosa, Char y los demás alcaldes?”