Son poco creíbles las excusas públicas que presentó la exdirectora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) María del Pilar Hurtado, el pasado 7 de octubre, en la carta que envió a las víctimas reconocidas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en el escándalo de las chuzadas.
Más bien, cero creíbles.
Primero, porque es evidente que esa carta, más que un acto de perdón sincero, es un trámite para lograr un beneficio de libertad condicional.
María del Pilar Hurtado fue condenada a 14 años el 28 de abril de 2015 tras comprobarse la cacería criminal contra la Corte, opositores, defensores de derechos humanos y periodistas independientes, que ella protagonizó.
Bernardo Moreno, secretario general de la presidencia de Uribe, recibió una sentencia de 8 años. A la exdirectora del DAS le impusieron más años porque estuvo prófuga, mientras que Moreno sí se presentó a juicio.
Hurtado huyó del país entre 2010 y 2015. Durante ese tiempo residió en Panamá gracias a los oficios que hizo el expresidente Álvaro Uribe Vélez ante su amigo Ricardo Martinelli, el entonces presidente panameño, para que no tuviera que enfrentar la justicia colombiana.
Es importante recordar que en julio de este año la Fiscalía panameña pidió ocho años de cárcel para el exmandatario Ricardo Martinelli, procesado en un juicio por espiar a opositores en su país.
Dios los hace y las chuzadas los juntan.
Pero volvamos a la poco creíble carta de Hurtado, dirigida a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la exsenadora liberal Piedad Córdoba, el abogado y profesor Ramiro Bejarano, el presidente de la Corte en 2007 -César Julio Valencia Copete-, el senador Gustavo Petro y el periodista Daniel Coronell.
Su misiva fue enviada por medio de su apoderado Víctor Mosquera, reconocido abogado uribista y contratista del gobierno de Iván Duque. En ella establecía que sus disculpas se sumaban “a la ofrecida, junto con Bernardo Moreno, a la señora Yidis Medina Padilla en mayo de 2017″.
Pero esta no es la primera carta.
Tal y como lo documenta el libro ChuzaDAS: ocho años de espionaje y barbarie, del periodista Julián Martínez, Hurtado le envió un escrito al magistrado Valencia Copete, con fecha del 9 de octubre de 2007, en el que negó tajantemente que el organismo de seguridad estuviera ejecutando operaciones de espionaje contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
En el documento, que se constituyó como elemento probatorio en el juicio contra la directora Hurtado para constatar que ella mentía, la jefe de la policía secreta de la Presidencia le dijo al magistrado Valencia Copete que tuviera la certeza de “que por parte del DAS no se han impartido instrucciones para perseguirlos”.
La exdirectora del DAS contradijo en su misiva reciente lo que aseguró entonces como directora del DAS en su escrito del 2007. Es una de esas situaciones en que dos cartas, firmadas por la misma persona, traen dos versiones completamente contradictorias de los hechos. Estaba mintiendo Hurtado en el 2007 o lo hace ahora en el 2021. ¿A cuál de las dos creerle?
A ninguna de las dos.
Las dos cartas y las dos posiciones son versiones amañadas, que solo intentan encubrir a quien realmente dio la orden de hacer esas escuchas ilegales y ese espionaje a magistrados, opositores y periodistas.
Tal y como lo señaló el profesor Ramiro Bejarano en su columna de El Espectador del domingo pasado: “Hubiera preferido que su pedido de perdón se hubiese producido espontáneamente y no ahora, un lustro después de que resultó condenada penalmente, cuando le interesa acreditar que atendió el fallo de la Corte, seguramente para hacerse acreedora, por fin, del beneficio de libertad condicional (…) En cualquier caso, tengo que señalarle que no siento que sus excusas sean sinceras, reparadoras y menos oportunas. En efecto, las víctimas seguimos teniendo derecho a que se nos revele la verdad, que no es tan sofisticada de recordar. Por ejemplo: ¿Fue suya la decisión de espiarnos y vigilarnos al menos por 14 meses desde el DAS, o de Álvaro Uribe, o de José Obdulio Gaviria o de los tres?”.
En el mismo sentido trinó el periodista Daniel Coronell, como respuesta a la carta: “Valoro el gesto peros sus excusas solo serán sinceras cuando revele quién le dio la orden para hacernos seguimientos o interceptaciones ilegales”.
Ahí esta el punto importante.
Para eso es fundamental recordar un reciente informe de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES) según el cual al menos diez testimonios acusan al senador José Obdulio Gaviria de estar detrás de los planes siniestros que el DAS ejecutó contra los blancos que Uribe señalaba públicamente en sus discursos como mandatario.
Y no para ahí. Posiblemente llegue hasta el mismo expresidente Uribe, famoso por micromanejar cada uno de los aspectos de sus gobiernos, excepto cuando sus funcionarios han sido encontrados culpables de delitos que solo lo beneficiaban a él directamente. Raro, pero los ejemplos son muchos y se han estudiado en esta columna.
Por eso enfoquémonos exclusivamente en esta oportunidad en el senador José Obdulio Gaviria, ya que ese eslabón, a pesar de las evidencias y los testimonios que lo acusan como partícipe en estos ilícitos, nunca ha sido llevado a juicio. Sin que esto le quite la responsabilidad a Uribe Vélez. Por su puesto que no.
Está probado que José Obdulio Gaviria participó en reuniones con los funcionarios que han confesado seguimientos ilegales del DAS contra opositores del expresidente Uribe Vélez, que recibió información conseguida de manera ilegal y que solicitó, como asesor presidencial, a varios funcionarios del gobierno de Uribe actividades al margen de la ley.
Una de las personas a quienes les consta que el entonces asesor de presidencia exhortó a miembros del gobierno para cometer ilícitos con los servicios de inteligencia es al expresidente Juan Manuel Santos, ministro de Defensa entre julio de 2006 y mayo de 2009, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Esa revelación la hizo en su libro La batalla por la paz, lanzado en 2019.
“Un día, José Obdulio me llamó por la línea directa de Presidencia -el llamado Falcon- y me pidió, como lo más normal, que interceptara las comunicaciones de la senadora liberal –cercana a Hugo Chávez– Piedad Córdoba. Me negué rotundamente, le pedí que nunca me hiciera ese tipo de solicitudes, y jamás me volvió a repetir la petición. Tal vez fue por eso que usaron el DAS y no la inteligencia militar para las chuzadas, que luego saldrían a la luz”.
Tal y como lo relata el reporte de PARES, otro testigo que vinculó al senador del Centro Democrático con las chuzadas del DAS es el precandidato presidencial Rodrigo Lara Restrepo. En una declaración ante la Fiscalía rendida el 10 de junio de 2009, dijo que cuando era zar anticorrupción de la Presidencia, en el segundo semestre del año 2007, fue contactado por José Obdulio Gaviria “para solicitarme fotos o registros de cualquier naturaleza en los medios de comunicación del departamento del Huila, de una supuesta fiesta en la que habían participado magistrados de la Corte Suprema de Justicia”. Lara Restrepo se negó a participar en su solicitud.
Pero no son opositores políticos de Gaviria los únicos que lo vinculan con las chuzadas.
El director de Inteligencia del DAS, Fernando Tabares Molina, el subdirector de Contrainteligencia de la entidad, Jorge Alberto Lagos León, y la subdirectora de Operaciones, Martha Inés Leal Llanos, de ese entonces, que fueron condenados a más de ocho años de cárcel al aceptar su participación en estos hechos, señalaron a José Obdulio Gaviria como uno de los motores de las operaciones ilegales y recordaron reuniones que tuvieron con él, en plena pelea del gobierno con la rama judicial, con el objetivo de ensuciar la imagen de los magistrados de la Corte que estaban investigando los vínculos de los congresistas uribistas con grupos paramilitares.
Por ejemplo, el capitán Jorge Alberto Lagos dijo ante la Procuraduría, en 2009, que José Obdulio Gaviria era uno de los receptores de la información secreta bancaria que la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) enviaba de los magistrados espiados por órdenes de la Presidencia de la República.
Por su parte, como lo determinó PARES, los agentes del DAS Sandra Karina Hernández y Giovanni Cortés Ortiz, las personas que entregaban en la Casa de Nariño la valija secreta que contenía la documentación de inteligencia ilegal que el DAS preparaba para el gobierno, aseguraron que las carpetas con los seguimientos ilegales eran entregadas a José Obdulio Gaviria e incluso al propio presidente Álvaro Uribe.
Demoledor.
Son múltiples las pruebas y los testimonios que vinculan a José Obdulio Gaviria y al expresidente imputado como las personas que dieron las órdenes y recibían la información de este trabajo ilegal. Por eso, la carta de María del Pilar Hurtado, en vez de presentarse como una misiva verdadera y sentida de arrepentimiento, queda como una baraja de naipes que ella maneja en medio de su juego de póker, que consiste en no decir quién les dio la orden de romper la ley y hacer ese espionaje ilegal. Ahí está lo importante.
Son poco creíbles las excusas públicas que presentó la exdirectora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) María del Pilar Hurtado, el pasado 7 de octubre, en la carta que envió a las víctimas reconocidas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en el escándalo de las chuzadas.
Más bien, cero creíbles.
Primero, porque es evidente que esa carta, más que un acto de perdón sincero, es un trámite para lograr un beneficio de libertad condicional.
María del Pilar Hurtado fue condenada a 14 años el 28 de abril de 2015 tras comprobarse la cacería criminal contra la Corte, opositores, defensores de derechos humanos y periodistas independientes, que ella protagonizó.
Bernardo Moreno, secretario general de la presidencia de Uribe, recibió una sentencia de 8 años. A la exdirectora del DAS le impusieron más años porque estuvo prófuga, mientras que Moreno sí se presentó a juicio.
Hurtado huyó del país entre 2010 y 2015. Durante ese tiempo residió en Panamá gracias a los oficios que hizo el expresidente Álvaro Uribe Vélez ante su amigo Ricardo Martinelli, el entonces presidente panameño, para que no tuviera que enfrentar la justicia colombiana.
Es importante recordar que en julio de este año la Fiscalía panameña pidió ocho años de cárcel para el exmandatario Ricardo Martinelli, procesado en un juicio por espiar a opositores en su país.
Dios los hace y las chuzadas los juntan.
Pero volvamos a la poco creíble carta de Hurtado, dirigida a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la exsenadora liberal Piedad Córdoba, el abogado y profesor Ramiro Bejarano, el presidente de la Corte en 2007 -César Julio Valencia Copete-, el senador Gustavo Petro y el periodista Daniel Coronell.
Su misiva fue enviada por medio de su apoderado Víctor Mosquera, reconocido abogado uribista y contratista del gobierno de Iván Duque. En ella establecía que sus disculpas se sumaban “a la ofrecida, junto con Bernardo Moreno, a la señora Yidis Medina Padilla en mayo de 2017″.
Pero esta no es la primera carta.
Tal y como lo documenta el libro ChuzaDAS: ocho años de espionaje y barbarie, del periodista Julián Martínez, Hurtado le envió un escrito al magistrado Valencia Copete, con fecha del 9 de octubre de 2007, en el que negó tajantemente que el organismo de seguridad estuviera ejecutando operaciones de espionaje contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
En el documento, que se constituyó como elemento probatorio en el juicio contra la directora Hurtado para constatar que ella mentía, la jefe de la policía secreta de la Presidencia le dijo al magistrado Valencia Copete que tuviera la certeza de “que por parte del DAS no se han impartido instrucciones para perseguirlos”.
La exdirectora del DAS contradijo en su misiva reciente lo que aseguró entonces como directora del DAS en su escrito del 2007. Es una de esas situaciones en que dos cartas, firmadas por la misma persona, traen dos versiones completamente contradictorias de los hechos. Estaba mintiendo Hurtado en el 2007 o lo hace ahora en el 2021. ¿A cuál de las dos creerle?
A ninguna de las dos.
Las dos cartas y las dos posiciones son versiones amañadas, que solo intentan encubrir a quien realmente dio la orden de hacer esas escuchas ilegales y ese espionaje a magistrados, opositores y periodistas.
Tal y como lo señaló el profesor Ramiro Bejarano en su columna de El Espectador del domingo pasado: “Hubiera preferido que su pedido de perdón se hubiese producido espontáneamente y no ahora, un lustro después de que resultó condenada penalmente, cuando le interesa acreditar que atendió el fallo de la Corte, seguramente para hacerse acreedora, por fin, del beneficio de libertad condicional (…) En cualquier caso, tengo que señalarle que no siento que sus excusas sean sinceras, reparadoras y menos oportunas. En efecto, las víctimas seguimos teniendo derecho a que se nos revele la verdad, que no es tan sofisticada de recordar. Por ejemplo: ¿Fue suya la decisión de espiarnos y vigilarnos al menos por 14 meses desde el DAS, o de Álvaro Uribe, o de José Obdulio Gaviria o de los tres?”.
En el mismo sentido trinó el periodista Daniel Coronell, como respuesta a la carta: “Valoro el gesto peros sus excusas solo serán sinceras cuando revele quién le dio la orden para hacernos seguimientos o interceptaciones ilegales”.
Ahí esta el punto importante.
Para eso es fundamental recordar un reciente informe de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES) según el cual al menos diez testimonios acusan al senador José Obdulio Gaviria de estar detrás de los planes siniestros que el DAS ejecutó contra los blancos que Uribe señalaba públicamente en sus discursos como mandatario.
Y no para ahí. Posiblemente llegue hasta el mismo expresidente Uribe, famoso por micromanejar cada uno de los aspectos de sus gobiernos, excepto cuando sus funcionarios han sido encontrados culpables de delitos que solo lo beneficiaban a él directamente. Raro, pero los ejemplos son muchos y se han estudiado en esta columna.
Por eso enfoquémonos exclusivamente en esta oportunidad en el senador José Obdulio Gaviria, ya que ese eslabón, a pesar de las evidencias y los testimonios que lo acusan como partícipe en estos ilícitos, nunca ha sido llevado a juicio. Sin que esto le quite la responsabilidad a Uribe Vélez. Por su puesto que no.
Está probado que José Obdulio Gaviria participó en reuniones con los funcionarios que han confesado seguimientos ilegales del DAS contra opositores del expresidente Uribe Vélez, que recibió información conseguida de manera ilegal y que solicitó, como asesor presidencial, a varios funcionarios del gobierno de Uribe actividades al margen de la ley.
Una de las personas a quienes les consta que el entonces asesor de presidencia exhortó a miembros del gobierno para cometer ilícitos con los servicios de inteligencia es al expresidente Juan Manuel Santos, ministro de Defensa entre julio de 2006 y mayo de 2009, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Esa revelación la hizo en su libro La batalla por la paz, lanzado en 2019.
“Un día, José Obdulio me llamó por la línea directa de Presidencia -el llamado Falcon- y me pidió, como lo más normal, que interceptara las comunicaciones de la senadora liberal –cercana a Hugo Chávez– Piedad Córdoba. Me negué rotundamente, le pedí que nunca me hiciera ese tipo de solicitudes, y jamás me volvió a repetir la petición. Tal vez fue por eso que usaron el DAS y no la inteligencia militar para las chuzadas, que luego saldrían a la luz”.
Tal y como lo relata el reporte de PARES, otro testigo que vinculó al senador del Centro Democrático con las chuzadas del DAS es el precandidato presidencial Rodrigo Lara Restrepo. En una declaración ante la Fiscalía rendida el 10 de junio de 2009, dijo que cuando era zar anticorrupción de la Presidencia, en el segundo semestre del año 2007, fue contactado por José Obdulio Gaviria “para solicitarme fotos o registros de cualquier naturaleza en los medios de comunicación del departamento del Huila, de una supuesta fiesta en la que habían participado magistrados de la Corte Suprema de Justicia”. Lara Restrepo se negó a participar en su solicitud.
Pero no son opositores políticos de Gaviria los únicos que lo vinculan con las chuzadas.
El director de Inteligencia del DAS, Fernando Tabares Molina, el subdirector de Contrainteligencia de la entidad, Jorge Alberto Lagos León, y la subdirectora de Operaciones, Martha Inés Leal Llanos, de ese entonces, que fueron condenados a más de ocho años de cárcel al aceptar su participación en estos hechos, señalaron a José Obdulio Gaviria como uno de los motores de las operaciones ilegales y recordaron reuniones que tuvieron con él, en plena pelea del gobierno con la rama judicial, con el objetivo de ensuciar la imagen de los magistrados de la Corte que estaban investigando los vínculos de los congresistas uribistas con grupos paramilitares.
Por ejemplo, el capitán Jorge Alberto Lagos dijo ante la Procuraduría, en 2009, que José Obdulio Gaviria era uno de los receptores de la información secreta bancaria que la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) enviaba de los magistrados espiados por órdenes de la Presidencia de la República.
Por su parte, como lo determinó PARES, los agentes del DAS Sandra Karina Hernández y Giovanni Cortés Ortiz, las personas que entregaban en la Casa de Nariño la valija secreta que contenía la documentación de inteligencia ilegal que el DAS preparaba para el gobierno, aseguraron que las carpetas con los seguimientos ilegales eran entregadas a José Obdulio Gaviria e incluso al propio presidente Álvaro Uribe.
Demoledor.
Son múltiples las pruebas y los testimonios que vinculan a José Obdulio Gaviria y al expresidente imputado como las personas que dieron las órdenes y recibían la información de este trabajo ilegal. Por eso, la carta de María del Pilar Hurtado, en vez de presentarse como una misiva verdadera y sentida de arrepentimiento, queda como una baraja de naipes que ella maneja en medio de su juego de póker, que consiste en no decir quién les dio la orden de romper la ley y hacer ese espionaje ilegal. Ahí está lo importante.