Todo parece indicar que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) se arrojó en brazos de la unión temporal Centros Poblados para que ese contrato saliera adelante. O no saliera. Así lo demuestran el número de citas que se hicieron antes, durante y después del acuerdo. Y los perfiles de los funcionarios que asistieron a esas reuniones.
Me explico.
Desde el 22 de enero de 2020 hasta la fecha, se han logrado identificar casi 400 citas asociadas al proyecto Centros Digitales en la sede principal del Mintic, que es el famoso edificio Manuel Murillo Toro, antigua sede del Convento de Santo Domingo, cuartel general de la Inquisición desde 1550. Un dato que parece irrelevante, pero no lo es.
En total son 396 reuniones sólo para ese proyecto, que son muchas, muchas, muchas más que las que se han dado para cualquier otro proyecto o contrato en manos de ese Ministerio durante el mismo periodo.
Así lo pudo determinar un grupo de investigadores del Instituto Anticorrupción, que preside Camilo Enciso, el cual realizó una revisión exhaustiva de 12 agendas de registros de entrada del edificio, relativos al proceso de diseño, adjudicación y supervisión del contrato FTIC-LP-038 del 18 diciembre de 2020, al igual que un repaso pormenorizado de las agendas de todos los funcionarios de rango directivo de la entidad desde agosto de 2018 a la fecha.
Pues bien, el funcionario con mayor cantidad de reuniones asociadas al desarrollo de ese proyecto fue el señor Camilo Alberto Jiménez Santofimio, quien ejerció como supervisor del contrato, con 164 reuniones. ¿Cuándo fue la última vez que usted, lector de esta columna, se reunió más de 150 veces para un proyecto? Es evidente que 164 reuniones son muchas para que esa platica se haya esfumado milagrosamente. ¿O no?
Pero eso no es lo más grave.
El Instituto Anticorrupción encontró registro de 25 citas en las que asistió la, hasta hace poco, ministra Karen Abudinen, relacionadas con el desarrollo del mismo proyecto. De estas reuniones, 14 fueron previas a la firma del contrato y 11 fueron después de firmado.
Una de las reuniones, el 15 de octubre de 2020 a las 4:30 p.m., solo dos meses antes de la firma del acuerdo, contó con la presencia del señor Víctor Muñoz Rodríguez, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República desde el 2 de mayo de este año. Para el momento del contrato con Centros Poblados, Muñoz ejercía como, nada más ni nada menos, consejero presidencial para Asuntos Económicos y Transformación Digital. Es decir, algo así como el sumo pontífice en la materia.
Tan solo una semana después de esa reunión, el señor Luis Fernando Duque Torres, representante legal de Centros Poblados, quien se encuentra detenido por la Fiscalía, ingresó a la Dirección de Infraestructura del Ministerio el 27 de octubre de 2020. La funcionaria que autorizó su ingreso fue Jenny Adriana Barreto Esquivel, quien se desempeña como contratista del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Duque Torres fue capturado el pasado 20 de septiembre con el reconocido delincuente Emilio Tapia, uno de los vinculados en el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá. Parafraseando el viejo refrán: dime con quién andas y te diré cuántos años de cárcel te esperan. A menos que seas un alto jerarca, claro.
Según los testimonios, chats y documentos de la Fiscalía, Tapia dominaba la unión temporal Centros Poblados desde la sombra. El abogado de Centros Poblados, Jorge Pino Ricci, también entró varias veces a la Subdirección Contractual del Ministerio a reunirse con funcionarios en diciembre de 2020.
Existen versiones que establecen que Tapia, Duque y otros testigos han empezado a negociar y han dicho a la Fiscalía que existen nexos políticos del más alto nivel involucrados en la adjudicación del contrato, al igual que en evitar la caducidad y sanción mayor para la unión temporal Centros Poblados.
Grave.
Por eso hay que mirar que en total fueron 12 funcionarios con cargos directivos del Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones involucrados con el proceso contractual. 12 apóstoles que participaron de esas casi 400 citas con las personas que hicieron lo de la Custodia de Badillo con los $70.000 milloncitos.
Del total de las reuniones analizadas, 252 se realizaron con anterioridad a diciembre de 2020, momento de la firma del contrato. Las 144 citas restantes se realizaron con posterioridad a la ejecución del acuerdo. Durante el cuarto trimestre de 2020 se encontró registro de 124 reuniones del proyecto, mientras que durante el primer trimestre de 2021 fueron 104.
El mes con mayor intensidad de reuniones sobre la ejecución del proyecto fue enero de 2021, con evidencia de 60 citas. De nuevo, estas son únicamente las que se presentaron en la sede presencial del Ministerio. Eso, sin contar videollamadas, llamadas telefónicas, chats, reuniones en otro lugar, correos, confesiones, susurros, compra de indulgencias, lavados de agua bendita y otras gestiones sanctas y non sanctas.
Del total se encuentran los siguientes funcionarios del Ministerio con el mayor número de reuniones: Adriana Vanessa Meza Consuegra, secretaria general, con 46; Iván Antonio Mantilla Gaviria, exviceministro de Conectividad, con 47; Walid Jalil David Nasser, viceministro de Conectividad, con 24; Sandra Orjuela Méndez, subdirectora de Gestión Contractual, con 46 juntas, y por supuesto Jiménez Santofimio, exdirector de Infraestructura. Este último resultó bendecido con nada menos que 164 reuniones para el tema de Centros Poblados.
Hasta ahora la Procuraduría ha formulado pliego de cargos y ordenó el inicio de procedimiento verbal disciplinario en contra de los funcionarios Meza Consuegra, Orjuela Méndez y Jiménez Santofimio.
Pero todo parece indicar que el escándalo no para ahí. Hay indicios de que otras personas, incluso por fuera del Ministerio, podrían tener velas en el asunto. El problema es que la Procuraduría, firme monaguillo del Gobierno, seguramente querrá enviar a la hoguera a los cargos medios altos, para chamuscar el escándalo y contener las consecuencias. Un par de avemarías y abundantes indulgencias para los de arriba.
Amanecerá y veremos. Los que no verán nada son el 1,2 millones de estudiantes de los colegios de zonas rurales apartadas, para los cuales estaba diseñado el programa. Se robaron el dinero con que se pretendía conectarlos al mundo de la educación y la tecnología. Una profunda tristeza, ya que solo les queda rezar.
Todo parece indicar que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) se arrojó en brazos de la unión temporal Centros Poblados para que ese contrato saliera adelante. O no saliera. Así lo demuestran el número de citas que se hicieron antes, durante y después del acuerdo. Y los perfiles de los funcionarios que asistieron a esas reuniones.
Me explico.
Desde el 22 de enero de 2020 hasta la fecha, se han logrado identificar casi 400 citas asociadas al proyecto Centros Digitales en la sede principal del Mintic, que es el famoso edificio Manuel Murillo Toro, antigua sede del Convento de Santo Domingo, cuartel general de la Inquisición desde 1550. Un dato que parece irrelevante, pero no lo es.
En total son 396 reuniones sólo para ese proyecto, que son muchas, muchas, muchas más que las que se han dado para cualquier otro proyecto o contrato en manos de ese Ministerio durante el mismo periodo.
Así lo pudo determinar un grupo de investigadores del Instituto Anticorrupción, que preside Camilo Enciso, el cual realizó una revisión exhaustiva de 12 agendas de registros de entrada del edificio, relativos al proceso de diseño, adjudicación y supervisión del contrato FTIC-LP-038 del 18 diciembre de 2020, al igual que un repaso pormenorizado de las agendas de todos los funcionarios de rango directivo de la entidad desde agosto de 2018 a la fecha.
Pues bien, el funcionario con mayor cantidad de reuniones asociadas al desarrollo de ese proyecto fue el señor Camilo Alberto Jiménez Santofimio, quien ejerció como supervisor del contrato, con 164 reuniones. ¿Cuándo fue la última vez que usted, lector de esta columna, se reunió más de 150 veces para un proyecto? Es evidente que 164 reuniones son muchas para que esa platica se haya esfumado milagrosamente. ¿O no?
Pero eso no es lo más grave.
El Instituto Anticorrupción encontró registro de 25 citas en las que asistió la, hasta hace poco, ministra Karen Abudinen, relacionadas con el desarrollo del mismo proyecto. De estas reuniones, 14 fueron previas a la firma del contrato y 11 fueron después de firmado.
Una de las reuniones, el 15 de octubre de 2020 a las 4:30 p.m., solo dos meses antes de la firma del acuerdo, contó con la presencia del señor Víctor Muñoz Rodríguez, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República desde el 2 de mayo de este año. Para el momento del contrato con Centros Poblados, Muñoz ejercía como, nada más ni nada menos, consejero presidencial para Asuntos Económicos y Transformación Digital. Es decir, algo así como el sumo pontífice en la materia.
Tan solo una semana después de esa reunión, el señor Luis Fernando Duque Torres, representante legal de Centros Poblados, quien se encuentra detenido por la Fiscalía, ingresó a la Dirección de Infraestructura del Ministerio el 27 de octubre de 2020. La funcionaria que autorizó su ingreso fue Jenny Adriana Barreto Esquivel, quien se desempeña como contratista del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Duque Torres fue capturado el pasado 20 de septiembre con el reconocido delincuente Emilio Tapia, uno de los vinculados en el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá. Parafraseando el viejo refrán: dime con quién andas y te diré cuántos años de cárcel te esperan. A menos que seas un alto jerarca, claro.
Según los testimonios, chats y documentos de la Fiscalía, Tapia dominaba la unión temporal Centros Poblados desde la sombra. El abogado de Centros Poblados, Jorge Pino Ricci, también entró varias veces a la Subdirección Contractual del Ministerio a reunirse con funcionarios en diciembre de 2020.
Existen versiones que establecen que Tapia, Duque y otros testigos han empezado a negociar y han dicho a la Fiscalía que existen nexos políticos del más alto nivel involucrados en la adjudicación del contrato, al igual que en evitar la caducidad y sanción mayor para la unión temporal Centros Poblados.
Grave.
Por eso hay que mirar que en total fueron 12 funcionarios con cargos directivos del Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones involucrados con el proceso contractual. 12 apóstoles que participaron de esas casi 400 citas con las personas que hicieron lo de la Custodia de Badillo con los $70.000 milloncitos.
Del total de las reuniones analizadas, 252 se realizaron con anterioridad a diciembre de 2020, momento de la firma del contrato. Las 144 citas restantes se realizaron con posterioridad a la ejecución del acuerdo. Durante el cuarto trimestre de 2020 se encontró registro de 124 reuniones del proyecto, mientras que durante el primer trimestre de 2021 fueron 104.
El mes con mayor intensidad de reuniones sobre la ejecución del proyecto fue enero de 2021, con evidencia de 60 citas. De nuevo, estas son únicamente las que se presentaron en la sede presencial del Ministerio. Eso, sin contar videollamadas, llamadas telefónicas, chats, reuniones en otro lugar, correos, confesiones, susurros, compra de indulgencias, lavados de agua bendita y otras gestiones sanctas y non sanctas.
Del total se encuentran los siguientes funcionarios del Ministerio con el mayor número de reuniones: Adriana Vanessa Meza Consuegra, secretaria general, con 46; Iván Antonio Mantilla Gaviria, exviceministro de Conectividad, con 47; Walid Jalil David Nasser, viceministro de Conectividad, con 24; Sandra Orjuela Méndez, subdirectora de Gestión Contractual, con 46 juntas, y por supuesto Jiménez Santofimio, exdirector de Infraestructura. Este último resultó bendecido con nada menos que 164 reuniones para el tema de Centros Poblados.
Hasta ahora la Procuraduría ha formulado pliego de cargos y ordenó el inicio de procedimiento verbal disciplinario en contra de los funcionarios Meza Consuegra, Orjuela Méndez y Jiménez Santofimio.
Pero todo parece indicar que el escándalo no para ahí. Hay indicios de que otras personas, incluso por fuera del Ministerio, podrían tener velas en el asunto. El problema es que la Procuraduría, firme monaguillo del Gobierno, seguramente querrá enviar a la hoguera a los cargos medios altos, para chamuscar el escándalo y contener las consecuencias. Un par de avemarías y abundantes indulgencias para los de arriba.
Amanecerá y veremos. Los que no verán nada son el 1,2 millones de estudiantes de los colegios de zonas rurales apartadas, para los cuales estaba diseñado el programa. Se robaron el dinero con que se pretendía conectarlos al mundo de la educación y la tecnología. Una profunda tristeza, ya que solo les queda rezar.