El 19 de septiembre de 2016 el exministro Diego Palacio dio una dura entrevista en la que sentenció que prefería pasar diez años preso antes que admitir que dio un cargo en contraprestación a conseguir la reelección del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
“A mí me dicen que puedo salir este fin de semana si reconozco que di un puesto para reelegir a Uribe, y que si no confieso eso me toca quedarme 10 años, prefiero quedarme 10 años.” (Ver Palacio dice que no se acogerá a la justicia para la paz)
Parece que mucho ha cambiado desde ese 19 de septiembre, ya que ahora el reo envió una carta buscando acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para lo cual, como requisito indispensable, tiene que dar una confesión.
Las cosas cambian.
La carta de Palacio a la JEP está bien estructurada y seguramente fue realizada con la asesoría de un buen abogado, puesto que habla del cohecho por el que fue condenado sin, hasta ahora, admitir su culpa ni tampoco afectar a su exjefe.
Pero una cosa es cierta y es que el mismo abogado que le ayudó a realizar la solicitud le debió advertir, que la JEP exige confesión de toda la verdad para otorgar cualquier beneficio.
Nadie que quiera excarcelación puede confesar que es inocente de un delito del que lo encontraron culpable.
Para contrarrestar esto, el senador Uribe muy hábilmente citó, únicamente, tres líneas del documento de 20 páginas que dicen que todos los actos de Palacio fueron “circunscritos a la ley”. (Ver Twitter Álvaro Uribe)
Pero una lectura cuidadosa de las otras 19 páginas muestra que Palacio tiene intenciones de aceptar mucho más que eso.
Dice la carta: “(…) esto permite acreditar que el delito de cohecho por el cual fui condenado, tiene relación con el conflicto armado y fue cometido con ocasión de él, en la medida que la reelección presidencial era a su vez, una reelección de la política de seguridad democrática”. (Ver Página 15)
Incluso Palacio va más allá. “Como se desprende del presente documento, queda claro que en los momentos de radicar esta solicitud y firmar el acta de compromiso, estoy aceptando libre y voluntariamente, acogerme al sistema de la Jurisdicción Especial para la Paz (…) Me comprometo a que una vez entre a funcionar el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, contribuiré con las garantías de la verdad”. (Ver Página 16)
Agrega: “Sería un despropósito que no lo sea cuando mi condena, según la Corte Suprema de Justicia, fue por buscar cambiar la Constitución para que fuera posible la reelección del Presidente Álvaro Uribe”. (Ver Página 18)
Y remata el furibundo uribista: “Como colombiano y posible beneficiario de la JEP debo reiterar, como estoy seguro lo hacen todos los colombianos, mi compromiso con la Paz”. (Ver Página 18)
Varias cosas importantes. La JEP se aplica a quienes con razón del conflicto armado cometieron delitos. Quien pide que se le aplique el beneficio, en el caso de Palacio la excarcelación, tiene que confesar lo que hizo y promete decir la verdad. Toda la verdad.
Si no es así se pierden los beneficios. En ese caso el exministro volvería a prisión y se llevaría por delante al expresidente Uribe. ¿Será eso lo que produce tanto miedo en el Centro Democrático y de ahí que quieran recoger firmas para revocar la JEP?
Puede ser, pero lo que es irónico, por decir lo menos, es que sin arrancar a funcionar la JEP los primeros que han pedido acogerse a su competencia son los mismos miembros del partido que han atacado esa jurisdicción tildándola, por bajito, de garante de impunidad o justicia terrorista. Pese a esos calificativos parece que se van a someter primero los uribistas, que los mismos guerrilleros.
Macondiano.
Ahora bien, no fue el secretario de la JEP quien aseguró que Palacio había reconocido que la reelección del expresidente Uribe fue comprada. No. Fue la Corte Suprema de justicia en el 2015, que con evidencias demostró la responsabilidad de Palacio. (Ver La misión imposible de Diego Palacio)
El documento del exministro lo único que hace es demostrar la intención de confesión pese a que el Centro Democrático intente matizarlo. De pronto por esa reacción Palacio dijo en radio que fue el mismo Uribe quien le recomendó que se fuera del país, pero que él decidió quedarse. Eso deja unas dudas por un lado pero explica otras cosas por el otro.
Lo que queda claro es que el expresidente Álvaro Uribe Vélez quiere prohibir que se hable de la probada compraventa de su reelección. Para asegurarse de eso, va a tener que enfocarse en los que están pagando el precio por haberla comprado.
El 19 de septiembre de 2016 el exministro Diego Palacio dio una dura entrevista en la que sentenció que prefería pasar diez años preso antes que admitir que dio un cargo en contraprestación a conseguir la reelección del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
“A mí me dicen que puedo salir este fin de semana si reconozco que di un puesto para reelegir a Uribe, y que si no confieso eso me toca quedarme 10 años, prefiero quedarme 10 años.” (Ver Palacio dice que no se acogerá a la justicia para la paz)
Parece que mucho ha cambiado desde ese 19 de septiembre, ya que ahora el reo envió una carta buscando acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para lo cual, como requisito indispensable, tiene que dar una confesión.
Las cosas cambian.
La carta de Palacio a la JEP está bien estructurada y seguramente fue realizada con la asesoría de un buen abogado, puesto que habla del cohecho por el que fue condenado sin, hasta ahora, admitir su culpa ni tampoco afectar a su exjefe.
Pero una cosa es cierta y es que el mismo abogado que le ayudó a realizar la solicitud le debió advertir, que la JEP exige confesión de toda la verdad para otorgar cualquier beneficio.
Nadie que quiera excarcelación puede confesar que es inocente de un delito del que lo encontraron culpable.
Para contrarrestar esto, el senador Uribe muy hábilmente citó, únicamente, tres líneas del documento de 20 páginas que dicen que todos los actos de Palacio fueron “circunscritos a la ley”. (Ver Twitter Álvaro Uribe)
Pero una lectura cuidadosa de las otras 19 páginas muestra que Palacio tiene intenciones de aceptar mucho más que eso.
Dice la carta: “(…) esto permite acreditar que el delito de cohecho por el cual fui condenado, tiene relación con el conflicto armado y fue cometido con ocasión de él, en la medida que la reelección presidencial era a su vez, una reelección de la política de seguridad democrática”. (Ver Página 15)
Incluso Palacio va más allá. “Como se desprende del presente documento, queda claro que en los momentos de radicar esta solicitud y firmar el acta de compromiso, estoy aceptando libre y voluntariamente, acogerme al sistema de la Jurisdicción Especial para la Paz (…) Me comprometo a que una vez entre a funcionar el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, contribuiré con las garantías de la verdad”. (Ver Página 16)
Agrega: “Sería un despropósito que no lo sea cuando mi condena, según la Corte Suprema de Justicia, fue por buscar cambiar la Constitución para que fuera posible la reelección del Presidente Álvaro Uribe”. (Ver Página 18)
Y remata el furibundo uribista: “Como colombiano y posible beneficiario de la JEP debo reiterar, como estoy seguro lo hacen todos los colombianos, mi compromiso con la Paz”. (Ver Página 18)
Varias cosas importantes. La JEP se aplica a quienes con razón del conflicto armado cometieron delitos. Quien pide que se le aplique el beneficio, en el caso de Palacio la excarcelación, tiene que confesar lo que hizo y promete decir la verdad. Toda la verdad.
Si no es así se pierden los beneficios. En ese caso el exministro volvería a prisión y se llevaría por delante al expresidente Uribe. ¿Será eso lo que produce tanto miedo en el Centro Democrático y de ahí que quieran recoger firmas para revocar la JEP?
Puede ser, pero lo que es irónico, por decir lo menos, es que sin arrancar a funcionar la JEP los primeros que han pedido acogerse a su competencia son los mismos miembros del partido que han atacado esa jurisdicción tildándola, por bajito, de garante de impunidad o justicia terrorista. Pese a esos calificativos parece que se van a someter primero los uribistas, que los mismos guerrilleros.
Macondiano.
Ahora bien, no fue el secretario de la JEP quien aseguró que Palacio había reconocido que la reelección del expresidente Uribe fue comprada. No. Fue la Corte Suprema de justicia en el 2015, que con evidencias demostró la responsabilidad de Palacio. (Ver La misión imposible de Diego Palacio)
El documento del exministro lo único que hace es demostrar la intención de confesión pese a que el Centro Democrático intente matizarlo. De pronto por esa reacción Palacio dijo en radio que fue el mismo Uribe quien le recomendó que se fuera del país, pero que él decidió quedarse. Eso deja unas dudas por un lado pero explica otras cosas por el otro.
Lo que queda claro es que el expresidente Álvaro Uribe Vélez quiere prohibir que se hable de la probada compraventa de su reelección. Para asegurarse de eso, va a tener que enfocarse en los que están pagando el precio por haberla comprado.