Constreñimiento ilegal

El domingo 27 de diciembre de 2015 fue capturado James Francisco Arias Vásquez, más conocido como el ‘zar de la chatarra’, cuando salía de misa en la Iglesia principal de La Pintada, Antioquia. Un hombre de fe.

Arias es procesado por la Fiscalía por los presuntos delitos de lavado de activos, concierto para delinquir, falsedad en documento privado, fraude procesal, contrabando y enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con la investigación en su contra, Arias hace parte de una organización que entre el 2006 y el 2013 ingresó chatarra desde Venezuela, que luego era exportada a los mercados de Panamá, Ecuador, España, Grecia y China.

La chatarra ingresaba a través de la Comercializadora Internacional Mundo Metal a un costo de 150 pesos el kilo, y posteriormente era reportada como vendida en el exterior a 2.400 pesos por kilo.

Un negocio redondo que según las autoridades generó recobros a la Dian por exportación de chatarra cercanos a los 250.000 millones de pesos. Terrible.

Pocos días después, el 4 de enero de este año, Tomás y Jerónimo Uribe, los hijos del expresidente Álvaro Uribe, salieron a los medios a decir que tuvieron negocios con el zar de la chatarra durante varios años. Fuera de eso, para defenderse, dijeron que tenían información que al señor Arias lo estaban presionando desde la Presidencia de la República y la Fiscalía General, para que declarará en contra de ellos. (Ver Hijos de Uribe dicen que quieren implicarlos con 'zar de la chatarra')

Acusación temerosa.

Los hermanos Uribe dijeron que contaban con cinco testimonios que servían como evidencia de esto, cuatro de ellos por escrito y dos juramentados. Según ellos, una de las declaraciones era de la esposa del chatarrero, otra de su cuñado, y una más de un funcionario de la oficina de Mario Iguarán, exabogado de Arias (Ver Tomás y Jerónimo ratifican denuncias). Pero nunca las entregaron.

Las declaraciones que sí concedieron los hermanos Uribe a la Fiscalía fueron de dos personas que aseguraron que se habían tenido conversaciones con Diana Ochoa, esposa del zar de la chatarra, y que ella supuestamente mencionó las presiones que habrían recibido para salpicarlos con las devoluciones ilegales del IVA.

Las dos personas que dieron esas declaraciones, que fueron entregadas y hacen parte del expediente, son empleados de los hermanos Uribe.

Es decir que las declaraciones que presentaron no eran la evidencia que dijeron tener, ni tampoco eran prueba reina de nada.

Luego de la denuncia interpuesta por ellos, la Fiscalía llamó a declarar a las personas mencionadas por los hijos del expresidente, como la señora Ochoa, quien, al preguntarle si ella o su esposo habían recibido alguna clase de presiones para declarar en contra de los hermanos Uribe, respondió que no.

Lo mismo dijo el zar de la chatarra estableciendo que nunca había “recibido ninguna clase de presión, ni coacción, ni ofrecimientos de prebendas por parte de ningún funcionario de Presidencia ni de Fiscalía, ni de ningún particular para que declarara en contra de ellos”. (Ver Zar de la chatarra no recibió presiones)

Es más, uno de los dos declarantes empleado de los Uribe, Diego Guzmán, señaló que “Tomás Uribe le pidió que rindiera esa declaración, teniendo en cuenta una conversación que tuvieron meses atrás”. (Ver No se probó complot contra los hijos de Uribe)

Lamentable.

Por esto la Fiscalía archivó el proceso el pasado 12 de julio determinando que el delito que denunciaron los Uribe, constreñimiento ilegal, nunca existió en este caso. Lo que sí quedó demostrado con este proceso es que los hermanos Uribe son fieles seguidores del dogma de su padre, en que la mejor defensa es un mayor ataque.

@yohirakerman

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