El 20 de mayo de 1992, el senador Álvaro Uribe Vélez, legislando desde las banderas del liberalismo, se convirtió en el promotor de un proyecto de indulto total para los miembros de la guerrilla del M-19. Óigase bien, indulto total.
La ley de Uribe incluyó el perdón, incluso, para uno de los delitos más atroces cometidos por esa guerrilla: la toma del Palacio de Justicia en 1985, en la que murieron once magistrados de la Corte Suprema y otros nueve del Consejo de Estado. Atroz ataque.
En ese entonces el senador Uribe promovió la votación diciendo: “Desígnese por la mesa directiva una comisión accidental, con representación de todas las fuerzas políticas, la cual buscará un acuerdo con el gobierno para tramitar con celeridad un instrumento jurídico que haga claridad en el sentido que la amnistía y el indulto aplicados al proceso de paz incluyen aquellos delitos tipificados en el holocausto de la Corte, a fin de que no subsistan dudas sobre el perdón total en favor de quienes se han reintegrado a la vida constitucional”. (Ver Senado de la República Actas de Plenaria 20 de mayo de 1992)
La aprobación fue unánime.
Posteriormente, el senador Uribe, en ese entonces un defensor de la paz, hizo parte de la comisión de senadores que se reunió con el entonces ministro de Gobierno, Humberto de la Calle, hoy jefe del equipo negociador del gobierno de Juan Manuel Santos en La Habana, y en una semana diseñaron el proyecto de ley en el que se invocaron razones políticas para evitar que la plana mayor del M-19 terminara en la cárcel por su responsabilidad de los delitos cometidos durante la sangrienta toma.
Con toda la barbarie y la violencia que han generado las Farc en sus 50 años de guerra, nunca han cometido un ataque tan sangriento espeluznante y de la dimensión de atrocidad que tuvo la toma del Palacio de Justicia.
Eso no importó para Uribe Vélez.
En la exposición de motivos en ese momento el senador justificó esta norma en que la Constitución de 1991 “ha concebido la paz como un derecho ubicado dentro del capítulo de los derechos fundamentales y como un deber de obligatorio cumplimiento (…) La consecución de la paz es la principal justificación del proyecto”, señalaba aquel documento.
Y estaba acertado. La consecución de la paz con el M-19 era la prioridad en ese momento y el indulto era necesario para conseguir la desmovilización total de esa guerrilla.
¿Qué diría el Uribe de 2016 del Uribe de 1992? Seguramente que era un castrochavista peligroso que estaba regalando el país a la guerrilla, defendiendo la impunidad a toda costa y protegiendo a la izquierda mojigata.
O algo parecido.
Esa es su principal crítica cuando se discute sobre las penas alternativas que podrían pagar los autores de delitos pertenecientes a las Farc y la posible participación en política de sus representantes, dos cosas que, hace 21 años, cuando era liberal, defendió para garantizar la consecución de la paz con el M-19.
El 20 de mayo de 1992, el senador Álvaro Uribe Vélez, legislando desde las banderas del liberalismo, se convirtió en el promotor de un proyecto de indulto total para los miembros de la guerrilla del M-19. Óigase bien, indulto total.
La ley de Uribe incluyó el perdón, incluso, para uno de los delitos más atroces cometidos por esa guerrilla: la toma del Palacio de Justicia en 1985, en la que murieron once magistrados de la Corte Suprema y otros nueve del Consejo de Estado. Atroz ataque.
En ese entonces el senador Uribe promovió la votación diciendo: “Desígnese por la mesa directiva una comisión accidental, con representación de todas las fuerzas políticas, la cual buscará un acuerdo con el gobierno para tramitar con celeridad un instrumento jurídico que haga claridad en el sentido que la amnistía y el indulto aplicados al proceso de paz incluyen aquellos delitos tipificados en el holocausto de la Corte, a fin de que no subsistan dudas sobre el perdón total en favor de quienes se han reintegrado a la vida constitucional”. (Ver Senado de la República Actas de Plenaria 20 de mayo de 1992)
La aprobación fue unánime.
Posteriormente, el senador Uribe, en ese entonces un defensor de la paz, hizo parte de la comisión de senadores que se reunió con el entonces ministro de Gobierno, Humberto de la Calle, hoy jefe del equipo negociador del gobierno de Juan Manuel Santos en La Habana, y en una semana diseñaron el proyecto de ley en el que se invocaron razones políticas para evitar que la plana mayor del M-19 terminara en la cárcel por su responsabilidad de los delitos cometidos durante la sangrienta toma.
Con toda la barbarie y la violencia que han generado las Farc en sus 50 años de guerra, nunca han cometido un ataque tan sangriento espeluznante y de la dimensión de atrocidad que tuvo la toma del Palacio de Justicia.
Eso no importó para Uribe Vélez.
En la exposición de motivos en ese momento el senador justificó esta norma en que la Constitución de 1991 “ha concebido la paz como un derecho ubicado dentro del capítulo de los derechos fundamentales y como un deber de obligatorio cumplimiento (…) La consecución de la paz es la principal justificación del proyecto”, señalaba aquel documento.
Y estaba acertado. La consecución de la paz con el M-19 era la prioridad en ese momento y el indulto era necesario para conseguir la desmovilización total de esa guerrilla.
¿Qué diría el Uribe de 2016 del Uribe de 1992? Seguramente que era un castrochavista peligroso que estaba regalando el país a la guerrilla, defendiendo la impunidad a toda costa y protegiendo a la izquierda mojigata.
O algo parecido.
Esa es su principal crítica cuando se discute sobre las penas alternativas que podrían pagar los autores de delitos pertenecientes a las Farc y la posible participación en política de sus representantes, dos cosas que, hace 21 años, cuando era liberal, defendió para garantizar la consecución de la paz con el M-19.