Desinformación

El 29 de agosto el país se despertó con la noticia de que existían 57 compañías que iban a ser juzgadas por los tribunales de la nueva Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que se creó como consecuencia de la negociación de paz con las Farc.

El listado incluye empresas de la talla de Ecopetrol, Postobón, Leonisa y Coltejer entre otras que, presuntamente, estarían involucradas en colaboración con grupos ilegales durante el conflicto armado.

Algunos medios publicaron que la lista fue entregada a la Fiscalía General de la Nación para que determine si hubo una responsabilidad o no por parte de las empresas, y otros medios dijeron que el listado provenía directamente de la misma Fiscalía. (Ver Por colaboración con grupos ilegales, 57 empresas serían investigadas)

Falso y falso.

El listado fue elaborado por un grupo de investigación llamado ‘Estado, Conflictos y Paz’, de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, bajo la dirección del profesor Andrés Dávila. Es un documento académico, no institucional.

El documento fue publicado como anexo de un artículo que se publicó en el portal Razón Pública el 18 de julio de 2016 escrito por Juan David Velasco, profesor de Ciencia Política de la Javeriana e investigador del mencionado grupo. (Ver ¿Las empresas privadas serán juzgadas en el posconflicto?) 

Según el anexo, este grupo circuló ese listado queriendo “socializar a la opinión pública la base de datos que elaboró sobre las empresas colombianas y extranjeras que han sido mencionadas en las sentencias de Justicia y Paz como presuntas colaboradoras de los grupos paramilitares. Esto no significa que dichas empresas sean realmente cómplices de los delitos perpetrados por las Autodefensas y tampoco que se les haya probado culpabilidad por apoyar o incitar su accionar delictivo”. (Ver Documento “Estado, Conflictos y Paz”)

Vamos por partes.

La información del listado proviene de las versiones libres que se desarrollan en las Salas de Justicia y Paz de los Tribunales de Bogotá, Medellín y Barranquilla. Hacen parte de la reserva del sumario hasta que las empresas no hayan sido acusadas formalmente y declaradas culpables en juicio.

La información deriva, en el 90 por ciento, de las acusaciones de los paramilitares, que son de hace más de cinco años, en sus procesos en Justicia y Paz, que, en la mayoría de casos, no ha sido corroborada o investigada por la Fiscalía o la justicia ordinaria.

Pasar la información que se tiene como consecuencia del sometimiento de justicia de los paramilitares, a los jueces de la Jurisdicción Especial para la Paz que se creó como resultado de la negociación con los guerrilleros de las Farc, parece que es juntar peras con manzanas.

Por otra parte es importante aclarar que Andrés Dávila está vinculado a la Javeriana hace tres años. En el pasado fue funcionario de la administración del presidente Álvaro Uribe Vélez como director de Justicia y Seguridad del Departamento Nacional de Planeación y también fue director del Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal para el mismo. (Ver Posesión Andrés Dávila frente al presidente Álvaro Uribe Vélez)

Según los que lo conocen es un académico conservador serio, pero más allá de sus posiciones políticas lo importante es que los opositores del proceso de paz le dieron oxigeno a esta información para alimentar el fuego de la desinformación.

El principal fue el presidente de Fedegán, José Felix Lafaurie, que publicó que estas eran “las primeras 57 empresas q según acuerdo Santos Farc serían juzgadas x el Tribunal de la Paz” (Ver Trino del 29 de agosto de 2016 de @jflafaurie)

En su cuenta de Twitter incluyó un link de un artículo sin firma de un portal llamado Costa Noticias que temerariamente dijo: “Cabe señalar que este Acuerdo entre Santos y las Farc, nivela a los civiles y empresarios con los grupos terroristas y los doblega a acudir al Tribunal de las Farc”. (Ver Listadas las primeras 57 empresas)

De nuevo, falso y falso.

Estas empresas no van a ser juzgadas por el Tribunal de Paz, ni el acuerdo de paz están nivelando a los civiles y empresarios con los grupos terroristas.

Y publicar eso es irresponsable y contraproducente para la seguridad jurídica de las empresas, sin mencionar que afecta su reputación y puede generar que inversionistas abandonen el país. Pero todos compraron la desinformación de la oposición, incluido el gobierno.

El vicepresidente Germán Vargas Lleras, en entrevista con Noticias RCN, expresó su preocupación por la lista pues, según él, podrían ser procesados de forma injusta empresarios que hayan sido víctimas de extorsión. (Ver Voy a votar Sí aunque soy de esos colombianos que en un principio fue escéptico) 

El ministro de Justicia Jorge Eduardo Londoño, por su parte, mostró su desconocimiento del tema y dijo que mientras haya confesiones de las empresas pueden salvarse de la pena. (Ver Minjusticia habla de la investigación a 57 empresas)

Y finalmente el presidente Juan Manuel Santos, para empeorar la situación, trató de enviar un mensaje de tranquilidad y logró todo lo contrario al afirmar que los Tribunales de paz pueden ser una oportunidad para que los empresarios que han sido vinculados injustamente con grupos al margen de la ley limpien su nombre.

Falso, falso y falso.

Esto no es una oportunidad. Es un documento académico producido por un grupo de la Universidad Javeriana que la oposición supo utilizar para posicionar un mensaje errado y es que ahora las empresas van a ser juzgadas por las Farc. Eso es falso y debe quedar claro.

@yohirakerman
akermancolumnista@gmail.com