13 Dec 2020 - 3:00 a. m.

El general Rey

Yohir Akerman

Yohir Akerman

Columnista

El gobierno del presidente Iván Duque ignoró importantes alertas sobre algunos miembros del Ejército y ascendió a un grupo de generales entre los que figuran varios militares que tienen investigaciones abiertas por la Fiscalía por ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”.

Pese a que el Ministerio de Defensa conoce la documentación y las investigaciones que existen en contra de estos militares, el Gobierno decidió dejar de lado estos temas y el pasado 8 de diciembre se llevó a cabo la ceremonia militar de los ascensos, realizada en las instalaciones de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova.

Centrémonos en el caso de un militar que no es el personaje de mayor rango, pero donde la evidencia es abrumadora y estremecedora.

El general Óscar Reinaldo Rey Linares se hizo a conocer en mayo de este año cuando confirmó que era cercano a José Guillermo Hernández Aponte, conocido como el Ñeñe. Aceptó que montó al presunto narcotraficante el 9 de marzo de 2019 en una de las aeronaves de la Quinta Brigada, de matrícula EJC1136, haciendo referencia a las fotografías que circularon en las redes sociales de este personaje viajando en aviones institucionales del Ejército. Rey tiene una historia que vale la pena estudiar.

El famoso general, que ahora es el comandante de la Quinta División, no solo es reconocido por su mal gusto en compañeros de viaje, sino también por pagar recompensas para una operación que resultó en el asesinato de, entre otras personas, una niña de 13 años que fue presentada como un falso positivo. 13 años.

Me explico.

Entre los años 2004 y 2005, el general Rey fue el segundo comandante del Batallón La Popa, en el departamento del Cesar, que, según la Fiscalía, habría cometido 13 presuntas ejecuciones extrajudiciales en 2004 y 21 en 2005.

El 9 febrero de 2005, las tropas de La Popa asesinaron a Nohemí Esther Pacheco Zabata, una niña de 13 años que fue presentada como una guerrillera en el desenlace de la misión táctica Fortaleza de la Operación Espada.

Nohemí Esther fue asesinada junto a su hermano Hermes Enrique Carrillo. Las dos víctimas eran de la comunidad indígena wiwa-kakuma, del corregimiento Atanquez en Valledupar.

Al día siguiente del brutal ataque por parte de los militares, Joselino Pacheco, familiar de Nohemí Esther, estableció que no eran ningunos guerrilleros y que habían sido sacados de su casa y asesinados a sangre fría en la entrada de su hogar.

Fuera de eso, los familiares denunciaron ante la Defensoría del Pueblo que no les entregaban los cuerpos de su pequeña niña y su hermano, y que estaban ocultando cómo habían sido asesinados.

El 14 de febrero la Defensoría le transmitió la queja de la familia a la Fiscalía; al día siguiente la Justicia Penal Militar informó al Comando del Ejército y al Batallón La Popa que se había abierto una investigación por el caso que le correspondió a la juez 21 de Instrucción Penal Militar Aleyda Amparo Forero Castro.

El 23 de febrero el entonces ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe Echavarría, le transmitió al inspector general del Ejército una denuncia, señalando que este caso se trataría de un falso positivo. El ministro copió en su comunicación al comandante del Ejército, Reynaldo Castellanos; al comandante de las Fuerzas Militares, Carlos Alberto Ospina; al procurador, Edgardo Maya; al fiscal general, Luis Camilo Osorio; al defensor del Pueblo, Volmar Pérez, y al vicepresidente, Francisco Santos.

Posteriormente, el 12 de marzo, la juez 21 le notificó por medio de un oficio al entonces mayor Rey Linares que esas bajas de la misión táctica Fortaleza de la Operación Espada estaban siendo investigadas y mencionó los nombres de las víctimas: Nohemí Esther y su hermano Hermes Enrique.

Pese a todo esto, pocos días después, el 23 de marzo de 2005, el ahora general Rey firmó un acta certificando la recompensa por los “excelentes resultados” de la operación en Valledupar, reportando las víctimas como NN. Así como se oye.

Esto lo demuestra el acta No. 057 registrada en el folio 018 en el que el Batallón La Popa le otorga $500.000 de recompensa a las supuestas personas que entregaron la ubicación de unos indígenas que nunca fueron guerrilleros.

Doloroso.

Pese a todas estas evidencias en contra del general Rey y a que Human Rights Watch le había advertido al Gobierno colombiano sobre esta situación el 14 de noviembre de 2017, cuando fueron realizados varios ascensos, se decidió premiar a este general, junto a otros que también están siendo investigados por otros macabros hechos. (Ver Colombia no debe ascender oficiales sospechosos).

Un Gobierno que parece premiar a los que se encuentran involucrados en acusaciones de falsos positivos.

@yohirakerman, akermancolumnista@gmail.com

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