El pasado domingo la revista Semana publicó un artículo titulado “Los excesos de Monsalve”, en el cual se relatan los abusos del testigo estrella en el proceso que avanza en la Corte Suprema contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por fraude procesal y manipulación de testigos.
Según la información preliminar, en la celda de Juan Guillermo Monsalve Pineda fueron hallados seis celulares, dos computadores, una impresora, tres televisores, una consola de video con control, un módem wifi, dos botellas de whisky, una de vino, 10 cervezas, cuchillos y dos iPads, entre otros elementos restringidos. (Ver Excesos).
Desde finales del año pasado el alto gobierno venía recibiendo información según la cual Monsalve, hijo del mayordomo de la hacienda Guacharacas que perteneció a los Uribe, tenía acceso a redes y habría creado un supuesto falso perfil en el que contactaba a diferentes personas para diversos fines.
Grave.
El allanamiento al reclusorio en que se encuentra Monsalve es parte de un plan general de limpieza de las prisiones del país, según la explicación oficial. Sin embargo, una duda es importante y es por qué sólo se conocen los resultados concretos de los hallazgos en la celda de Monsalve y no en el resto de los allanamientos.
Como explicó Noticias Uno, el pasado 10 de diciembre la ministra de Justicia, Margarita Cabello, junto con el director de la Policía, general Óscar Atehortúa Duque, presentaron en rueda de prensa los resultados de los allanamientos que se hicieron en 32 cárceles del país en el mes de noviembre.
988 celulares incautados, 764 armas blancas y $16 millones en efectivo.
Pero el 5 de enero, 25 días después de esa rueda de prensa, el brigadier general Norberto Mujica Jaime, director del Inpec, explicó el resultado de los allanamientos que se vienen realizando en el país. La diferencia de las cifras era notable.
Esta vez se trataba de 374 celulares incautados, 553 armas blancas y solamente $1'486.000. Estas son las cifras que quedaron registradas en el boletín oficial de prensa y los yerros en la comparación de los dos balances del gobierno son evidentes. (Ver Cifras).
Ahora bien, del único que el Inpec ha entregado un informe concreto y detallado es del ordenamiento y hallazgos al sitio de reclusión del testigo Monsalve.
Peculiar.
Sobre todo, porque fue la ministra Cabello la funcionaria que ordenó el allanamiento sorpresa a la casa fiscal de La Picota en la que se encuentra preso el testigo principal contra el expresidente Uribe.
En eso es importante recordar la estrecha relación de la ministra Cabello con el expresidente Uribe, que es indudable y de vieja data. Lo más reciente es que la doctora Margarita Cabello Blanco fue ternada en diciembre de 2018 por el presidente Iván Duque a ser fiscal ad hoc en el caso de Odebrecht en reemplazo de Néstor Humberto Martínez. Esa nominación fue una recomendación del senador Uribe.
Igualmente, el 9 de diciembre de 2009 el entonces presidente Uribe ternó a Cabello Blanco como candidata a fiscal general junto a Marco Antonio Velilla y Camilo Ospina, en la terna que la Corte Suprema de Justicia rechazó porque los candidatos no lograron tener los votos que se requerían. (Ver Comunicado 396).
Pero no para en la ministra.
Como lo denunció Daniel Coronell el 9 de septiembre, el Inpec ha venido mostrando un claro sesgo a favor del senador Álvaro Uribe y de sus intereses.
Por ejemplo, la entidad nunca concedió a la revista Semana una petición que lleva más de un año de una entrevista con Monsalve porque seguramente podría perjudicar los intereses de Uribe.
Para demorar la realización de la entrevista con Monsalve, el Inpec inventó que debía ser autorizada por la Corte Suprema de Justicia, pero la corte respondió señalando que no tenía esa competencia y que el requisito principal era la autorización del interno, quien ya la había dado.
El periodista demuestra que, en contraste con la “mordaza administrativa impuesta al testigo contra Uribe”, otro testigo conveniente para su defensa sí fue autorizado a hablar dentro de la campaña mediática desatada por el senador para impresionar a la corte antes de su indagatoria.
El secuestrador Enrique Pardo Hasche atendió una entrevista de 40 minutos en la radio, en vivo y en directo desde La Picota, en la que intentó desprestigiar el testimonio de Monsalve, preso en la misma prisión pero silenciado por el Inpec. (Ver El Inpec cargado).
Terrible.
Incluso el abogado Carlos Toro, apoderado de Monsalve, ha sido informado de que existe un supuesto plan de entrampamiento y desprestigio en contra de él y de su cliente, que podría incluir la implantación de elementos prohibidos en su vestuario al ingreso a la cárcel La Picota, por lo que le han recomendado no visitar por ahora a su defendido.
Pero hay que dejar algo claro. Es muy grave que el testigo Monsalve abuse de los privilegios que tiene en la prisión y tenga objetos prohibidos como celulares y computadores. Eso no tiene discusión.
Como tampoco lo tiene el hecho de que Monsalve no es un ejemplo a seguir. Esto no se trata de un concurso de personalidad, ya que es un exparamilitar condenado por secuestro y concierto para delinquir. Así de sencillo.
Ahora bien, en una diligencia de versión libre y espontánea rendida después de los hechos, el 8 de enero ante la oficina de investigaciones internas del Inpec, Monsalve se presentó voluntariamente y asumió su error y la falta grave de tener en su posesión un celular, un computador, una impresora y $152.000 en efectivo. Nada más. Dejando en evidencia otra vez la diferencia de las cifras de las cosas encontradas.
“Me dijeron que iban a realizar una requisa en mi habitación y me llamaron a la media hora y habían encontrado el teléfono, el computador y la impresora, y cuando me requisaron a mí me encontraron $152.000. (…) Preguntado: Manifieste al despacho si sabe que la tenencia de estos elementos está prohibida en el establecimiento además de que constituye una falta grave. Contesto: Sí, sobre todo el teléfono”. (Ver Lo aprobado y el COMEB 113).
Eso claro que es una falta grave, sea un teléfono o seis.
Pero es muy grave que el Estado utilice su aparato y estructura, si es que lo está haciendo, para silenciar, amedrentar o exagerar lo que encuentran para desprestigiar a un testigo clave en contra de los intereses del expresidente Uribe. Igual de claro y sencillo: ninguna de las dos situaciones se puede permitir.
@yohirakerman, akermancolumnista@gmail.com
El pasado domingo la revista Semana publicó un artículo titulado “Los excesos de Monsalve”, en el cual se relatan los abusos del testigo estrella en el proceso que avanza en la Corte Suprema contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por fraude procesal y manipulación de testigos.
Según la información preliminar, en la celda de Juan Guillermo Monsalve Pineda fueron hallados seis celulares, dos computadores, una impresora, tres televisores, una consola de video con control, un módem wifi, dos botellas de whisky, una de vino, 10 cervezas, cuchillos y dos iPads, entre otros elementos restringidos. (Ver Excesos).
Desde finales del año pasado el alto gobierno venía recibiendo información según la cual Monsalve, hijo del mayordomo de la hacienda Guacharacas que perteneció a los Uribe, tenía acceso a redes y habría creado un supuesto falso perfil en el que contactaba a diferentes personas para diversos fines.
Grave.
El allanamiento al reclusorio en que se encuentra Monsalve es parte de un plan general de limpieza de las prisiones del país, según la explicación oficial. Sin embargo, una duda es importante y es por qué sólo se conocen los resultados concretos de los hallazgos en la celda de Monsalve y no en el resto de los allanamientos.
Como explicó Noticias Uno, el pasado 10 de diciembre la ministra de Justicia, Margarita Cabello, junto con el director de la Policía, general Óscar Atehortúa Duque, presentaron en rueda de prensa los resultados de los allanamientos que se hicieron en 32 cárceles del país en el mes de noviembre.
988 celulares incautados, 764 armas blancas y $16 millones en efectivo.
Pero el 5 de enero, 25 días después de esa rueda de prensa, el brigadier general Norberto Mujica Jaime, director del Inpec, explicó el resultado de los allanamientos que se vienen realizando en el país. La diferencia de las cifras era notable.
Esta vez se trataba de 374 celulares incautados, 553 armas blancas y solamente $1'486.000. Estas son las cifras que quedaron registradas en el boletín oficial de prensa y los yerros en la comparación de los dos balances del gobierno son evidentes. (Ver Cifras).
Ahora bien, del único que el Inpec ha entregado un informe concreto y detallado es del ordenamiento y hallazgos al sitio de reclusión del testigo Monsalve.
Peculiar.
Sobre todo, porque fue la ministra Cabello la funcionaria que ordenó el allanamiento sorpresa a la casa fiscal de La Picota en la que se encuentra preso el testigo principal contra el expresidente Uribe.
En eso es importante recordar la estrecha relación de la ministra Cabello con el expresidente Uribe, que es indudable y de vieja data. Lo más reciente es que la doctora Margarita Cabello Blanco fue ternada en diciembre de 2018 por el presidente Iván Duque a ser fiscal ad hoc en el caso de Odebrecht en reemplazo de Néstor Humberto Martínez. Esa nominación fue una recomendación del senador Uribe.
Igualmente, el 9 de diciembre de 2009 el entonces presidente Uribe ternó a Cabello Blanco como candidata a fiscal general junto a Marco Antonio Velilla y Camilo Ospina, en la terna que la Corte Suprema de Justicia rechazó porque los candidatos no lograron tener los votos que se requerían. (Ver Comunicado 396).
Pero no para en la ministra.
Como lo denunció Daniel Coronell el 9 de septiembre, el Inpec ha venido mostrando un claro sesgo a favor del senador Álvaro Uribe y de sus intereses.
Por ejemplo, la entidad nunca concedió a la revista Semana una petición que lleva más de un año de una entrevista con Monsalve porque seguramente podría perjudicar los intereses de Uribe.
Para demorar la realización de la entrevista con Monsalve, el Inpec inventó que debía ser autorizada por la Corte Suprema de Justicia, pero la corte respondió señalando que no tenía esa competencia y que el requisito principal era la autorización del interno, quien ya la había dado.
El periodista demuestra que, en contraste con la “mordaza administrativa impuesta al testigo contra Uribe”, otro testigo conveniente para su defensa sí fue autorizado a hablar dentro de la campaña mediática desatada por el senador para impresionar a la corte antes de su indagatoria.
El secuestrador Enrique Pardo Hasche atendió una entrevista de 40 minutos en la radio, en vivo y en directo desde La Picota, en la que intentó desprestigiar el testimonio de Monsalve, preso en la misma prisión pero silenciado por el Inpec. (Ver El Inpec cargado).
Terrible.
Incluso el abogado Carlos Toro, apoderado de Monsalve, ha sido informado de que existe un supuesto plan de entrampamiento y desprestigio en contra de él y de su cliente, que podría incluir la implantación de elementos prohibidos en su vestuario al ingreso a la cárcel La Picota, por lo que le han recomendado no visitar por ahora a su defendido.
Pero hay que dejar algo claro. Es muy grave que el testigo Monsalve abuse de los privilegios que tiene en la prisión y tenga objetos prohibidos como celulares y computadores. Eso no tiene discusión.
Como tampoco lo tiene el hecho de que Monsalve no es un ejemplo a seguir. Esto no se trata de un concurso de personalidad, ya que es un exparamilitar condenado por secuestro y concierto para delinquir. Así de sencillo.
Ahora bien, en una diligencia de versión libre y espontánea rendida después de los hechos, el 8 de enero ante la oficina de investigaciones internas del Inpec, Monsalve se presentó voluntariamente y asumió su error y la falta grave de tener en su posesión un celular, un computador, una impresora y $152.000 en efectivo. Nada más. Dejando en evidencia otra vez la diferencia de las cifras de las cosas encontradas.
“Me dijeron que iban a realizar una requisa en mi habitación y me llamaron a la media hora y habían encontrado el teléfono, el computador y la impresora, y cuando me requisaron a mí me encontraron $152.000. (…) Preguntado: Manifieste al despacho si sabe que la tenencia de estos elementos está prohibida en el establecimiento además de que constituye una falta grave. Contesto: Sí, sobre todo el teléfono”. (Ver Lo aprobado y el COMEB 113).
Eso claro que es una falta grave, sea un teléfono o seis.
Pero es muy grave que el Estado utilice su aparato y estructura, si es que lo está haciendo, para silenciar, amedrentar o exagerar lo que encuentran para desprestigiar a un testigo clave en contra de los intereses del expresidente Uribe. Igual de claro y sencillo: ninguna de las dos situaciones se puede permitir.
@yohirakerman, akermancolumnista@gmail.com