El negocio

Los agentes de las Fuerzas Armadas corresponsables por la horrible política de terror que se vivió en los Montes de María en el año 2000 siguen muy campantes sin ningún castigo.

Me explico.

Las investigaciones sobre la responsabilidad de los integrantes de la Brigada Primera de Infantería de Marina (Briprima), y en especial en contra del contralmirante Rodrigo Quiñones, por las relaciones de coordinación, colaboración y actuación conjunta que permitieron a los grupos paramilitares la realización de varias masacres en la región de los Montes de María, no han avanzado más de 20 años después.

Peor aún, las investigaciones que se movieron lo hicieron en el sentido contrario, absolviendo a algunos oficiales pese a que la evidencia y los testimonios son claros en demostrar que estaban estrechamente ligados a los paramilitares y que se beneficiaron de esa relación.

La primera razón por la que se dio esta deformación de la justicia recae en el primer fiscal que recibió estas investigaciones, el señor Luis Camilo Osorio. En vez de indagar, profundizar y valorar la evidencia de manera concreta sobre la vinculación de los integrantes de la Fuerza Pública, se dedicó a tomar medidas para proteger a los victimarios.

Esa es una de las conclusiones que trae el informe titulado “El silencio de las gaitas” sobre el papel de las Fuerzas Armadas en las masacres de los Montes de María durante el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana Arango.

El documento explica que, entre los años 1998 y 2001, los paramilitares perpetraron alrededor de 40 masacres, bajo el pretexto de eliminar el apoyo o la base social de la guerrilla, con el terrible resultado de 354 víctimas fatales.

Estos actos violentos se convirtieron también en acciones que acabaron con la identidad de los Montes de María, en las que los perpetradores destruyeron bienes, realizaron actos de hurto, infligieron torturas, cometieron actos de violencia sexual y llevaron a cabo desapariciones forzadas.

El informe, realizado por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Comisión Colombiana de Juristas, da cuenta de numerosas violaciones de Derechos Humanos cometidas en esa región, narrando en detalle diez de las masacres que produjeron como resultado el asesinato de 175 pobladores.

Entre esos delitos horrendos se narraron violaciones a menores de edad indígenas, mostrando que no es nuevo el escabroso escándalo al que estamos enfrentados hoy en día, donde las Fuerzas Armadas abusan de las comunidades indígenas que deberían proteger.

Todo esto, en asocio con los paramilitares.

Pues enfoquémonos en uno de esos actos de exterminio. La masacre de El Salado fue planeada por los jefes paramilitares del Bloque Norte: Salvatore Mancuso; Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, y John Henao, alias H2, con la colaboración y visto bueno de altos mandos de la Armada Nacional que tenían a su cargo para el año 2000 la extensión territorial de los Montes de María.

Según el informe, que estudia la evidencia que existe en estos casos y recoge varios de los testimonios de los paramilitares desmovilizados, queda comprobado al apoyo que recibieron las Autodefensas de parte de la Brigada Primera de Infantería de Marina (Briprima), facilitando la movilización de las tropas ilegales en la región y la incursión que resultó en esa destrucción.

De esos testimonios, dos se han referido de manera directa a la colaboración prestada por el contralmirante Quiñones para la incursión que finalizó en la consumación de ese horrible exterminio. El otro se refirió a la participación directa de 25 integrantes de esta unidad de infantería de la Armada Nacional en la masacre.

Horripilante.

El informe hace un simple análisis que hubiera podido hacer la Fiscalía, y es que desde el lugar del cual salió la operación paramilitar, la finca El Palmar, ubicada a las afueras del municipio de San Onofre, hasta el corregimiento de El Salado, la tropa de paramilitares fuertemente armados debió recorrer aproximadamente 400 kilómetros en los que tuvo que pasar, por lo menos, por diez puntos de control de la Fuerza Pública.

Las Autodefensas no hubieran podido hacer eso si no era en coordinación con las autoridades locales. Fuera de eso, la evidencia muestra que el 23 de diciembre de 1999 un helicóptero lanzó volantes sobre el casco urbano de El Salado con amenazas directas a sus habitantes. Los panfletos le advirtieron a la comunidad que comieran, bebieran y celebraran las fiestas de fin de año, “pues estas serían las últimas”.

De terror.

La documentación muestra que, aunque el DAS mediante actividades de inteligencia tuvo conocimiento previo de que los paramilitares iban a realizar la masacre y puso la situación en conocimiento de la Briprima, la brigada no adoptó las medidas necesarias para contrarrestar la incursión y para proteger a la población, prefiriendo quedarse quietecitos.

Todo, con un agravante. El Salado fue uno de los epicentros del fenómeno de acumulación en la tenencia de tierras mediante la compra por precios irrisorios y el englobe de predios de terratenientes y hacendados. Entre los englobadores se encuentran personas que estuvieron directamente vinculadas a la masacre.

Es decir, todo era un negocio. El negocio de la muerte para englobar la tierra que quedaba.

Y mientras todos los paramilitares y la documentación señalan la responsabilidad del entonces comandante de la Briprima, Rodrigo Quiñones Cárdenas, como uno de los autores determinadores del ataque contra la población civil asentada en el corregimiento de El Salado, a este no le ha pasado nada y sigue con su labor de profesor en la Universidad Militar.

@yohirakerman, akermancolumnista@gmail.com