Ahora que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) comienza a mirar a terceros involucrados en el conflicto armado, vale la pena recordar una historia importante que parece echada en el olvido.
En 1997 el Estado colombiano tuvo la oportunidad de darle un fuerte golpe al paramilitarismo gracias al allanamiento de un parqueadero en Medellín que entregó la planilla completa de los paramilitares, sus sueldos, préstamos, cuentas por cobrar y otros datos particulares.
La historia está contada en un artículo escrito por el exmagistrado que lideró las investigaciones de la parapolítica, Iván Velásquez, y publicado por el gran periódico Universo Centro de mayo de 2013. (Ver Universo Centro).
El texto lo escribió Velásquez a partir de su memoria ya que él fue el fiscal regional encargado de la operación que, aunque fue inmensamente positiva, arrojó un saldo definitivo a favor de los paramilitares ya que tres investigadores pagaron con su vida la suerte de los hallazgos.
Pues hagamos un tributo a esas personas y repasemos este caso que es igual de interesante en la manera como nació a como se cerró.
El proceso denominado Parqueadero Padilla está compuesto por 2.164 cuadernos y 35.200 folios. Es el segundo proceso más voluminoso después del Proceso 8.000.
Empecemos.
En octubre de 1997 se produjo un revolcón en la Fiscalía en Medellín causado por los rumores sobre la connivencia de fiscales con el paramilitarismo. A la unidad del Cuerpo Técnico de Investigaciones en esa ciudad fueron enviados Gregorio Oviedo Oviedo, que se desempeñaba como fiscal en Bogotá, y el señor Iván Velásquez, que para entonces ocupaba el cargo de magistrado auxiliar en el Consejo de Estado. La prioridad era impulsar las investigaciones contra los paras.
El mensaje llegó a muchos sectores y en particular a un grupo de investigadores del CTI que sabían de los malos pasos de Carlos Mario Aguilar, que más tarde se conocería con el alias de Rogelio, un hombre que logró penetrar el CTI para los intereses de los paramilitares.
Gracias al trabajo de dos investigadores del CTI se recibió un dato que fue crucial: el número telefónico de un mando medio de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) que había sufrido la fractura de una pierna y dedicó su incapacidad, en su casa en Bello, a largas y reveladoras conversaciones con miembros de su organización.
Hablaba sin pudor sin saber que era escuchado en tiempo real por un analista del CTI. De esa manera se supo que en la mañana del 30 de abril de 1998 un Chevrolet Trooper de placa KFI885 repleto de uniformes camuflados se desplazaría desde Medellín hacia Sopetrán, en el occidente de Antioquia, donde operaba un bloque comandado por alias Memín. (Ver Lo sucedido).
Un grupo de investigadores interceptó el vehículo en cercanías de San Jerónimo y obtuvo la dirección desde donde supuestamente había salido el cargamento, lo que permitía pensar que allí funcionaba la fábrica. La nomenclatura señalaba un parqueadero situado a menos de 500 metros de La Alpujarra, sede de la Fiscalía regional y centro administrativo del departamento y la ciudad.
Cuando fueron al parqueadero se encontraron con una sorpresa: al señor Jacinto Alberto Soto Toro, alias Lucas, quien estaba al frente de un escritorio acompañado de dos secretarias comiéndose los papeles para destruir toda la evidencia al tiempo que destrozaban disquetes con información.
Fueron decomisados decenas de disquetes, dos libros de contabilidad y documentos bancarios. Un verdadero tesoro que revelaba la estructura íntegra de las Accu, sus finanzas y quiénes les aportaban, cuadros de nómina discriminados por escuadras, los alias de sus integrantes incluido el del respectivo jefe, la identificación del grupo, la semana a la que correspondía el pago y su valor, las retenciones de sueldo por préstamos o para fondos comunes y otras cositas. (Ver Material).
Una joya probatoria.
Por ejemplo, en la contabilidad del Parqueadero Padilla apareció una ONG en Montería llamada Funpazcor, que era manejada por Sor Teresa Gómez Álvarez. (Ver Estructura).
De acuerdo a la Fiscalía, Funpazcor no sólo sirvió como fachada paramilitar para legalizar la apropiación de tierras en los departamentos de Chocó, Córdoba y Antioquia, sino que, además, propició aproximadamente 500 desplazamientos forzados, así como un sinnúmero de desapariciones de campesinos que se negaron a entregar las tierras.
Funpazcor era parte social de la organización armada y servía como fachada para manejar las finanzas de las Autodefensas Unidas de Colombia, hecho que antes de ese allanamiento era desconocido para las autoridades.
Por su lado, Sor Teresa Gómez Álvarez, hermana de crianza de los jefes paramilitares Vicente, Fidel y Carlos Castaño Gil, fue condenada por un juzgado de Turbo, Antioquia, a nueve años de cárcel por el delito de desplazamiento forzado y posteriormente encontrada culpable por el homicidio de Yolanda Izquierdo.
Pues bien, a mediados de septiembre de 1998 el fiscal general de ese entonces, el señor Alfonso Gómez Méndez, dispuso el traslado del proceso para la Fiscalía regional de Bogotá, cuya dirección estaba a cargo de Antonio José Serrano.
Pese a toda la evidencia crucial encontrada en el Parqueadero Padilla por Velásquez y Oviedo, el caso estuvo, inexplicablemente, casi tres años sin moverse en la regional de Bogotá y solo en mayo de 2001 se realizó el allanamiento a Funpazcor.
Evidentemente para ese momento ya habían tenido el suficiente tiempo los criminales para destruir todo lo importante y fabricar documentos que llevaron al siguiente fiscal, Luis Camilo Osorio, a regresar el expediente a Medellín para que le dieran sepultura a la investigación. (Ver Preclusión).
Es tan así que Rodrigo Alberto Zapata Sierra, alias Cara’e Mondá, dijo que en la información del parqueadero estaba el 100% de las personas que colaboraban en Antioquia en los diferentes grupos armados. “Y todo el mundo sabe que eso precluyó, todo el mundo sabe que fue en el gobierno del presidente Samper, que en el gobierno de Pastrana se acabó, los fiscales los pasaron para otro lado y eso se acabó”. (Ver Zapata Sierra).
Pero no para ahí.
Daniel Alejandro Serna, alias Kener, fue otro paramilitar que habló del tema diciendo que, pese a que algunos comerciantes, mineros, finqueros y transportadores tuvieron que hacer obligatoriamente sus aportes a la organización, la mayoría de estos lo hicieron voluntariamente como lo mostraba la contabilidad del parqueadero.
“En la zona norte del Valle de Aburrá, Beatriz Elena Torres de Vargas, Jairo Pineda Gómez y Narciso Sierra aportaron dinero al grupo y albergaron a los integrantes del Frente Suroeste en su finca La Palma, también le prestaron ayuda económica al grupo. La primera de ellos, propietaria de algunas empresas y propiedades entre las cuales se destaca la oficina del Parqueadero Padilla, mientras que el segundo, perteneciente al sector transportador y ganadero y financiador del Bloque Metro en Santuario, Antioquia”. (Ver Serna).
Terminemos.
Este fue un caso donde el envío del expediente de un lado a otro y la demora de 30 meses generaron impunidad y la destrucción de mucha evidencia importante. Peor aún, eso generó la muerte de muchas personas, entre ellos Sergio Humberto Parra, Jorge Fernández y Diego Arcila, tres investigadores del CTI que fueron asesinados en Medellín entre 1998 y 1999 por haber hecho parte del operativo para dar con el Parqueadero Padilla.
Las otras personas que siguen por ahí para contar la historia, los que la investigaron y los que ayudaron a matar la investigación, todos, deberían contar lo que saben frente a la JEP.
Rectificación. El 17 de marzo de 2019 publiqué una columna titulada “El esposo de la cónsul”. Allí hice una serie de afirmaciones de las cuales existe absoluto sustento periodístico. Sin embargo, en mi decisión autónoma de respetar el buen nombre de las personas como corresponde a los deberes de mi ejercicio profesional, prefiero en esta oportunidad rectificar sobre parte del contenido, mientras no exista un pronunciamiento que concluya de esa manera. No me consta directamente, pese al sustento periodístico, que la ONG Salva la Selva se haya usado para lavar dinero del Cartel de Sinaloa; tampoco me consta a través de conocimiento directo que Pedro Nel Pineda Rojas y su esposa, Martha Patricia Medina González, incurrieran en conductas constitutivas de delito. Para la Superintendencia, debería indagarse si en efecto se habría cometido una captación ilegal por más de $20.000 millones. Habrá que esperar la decisión. Finalmente, no me consta que Medina González haya participado de ninguna manera en ningún acto que haya llevado a los incumplimientos alimentarios en los que ha incurrido Pineda Rojas con su hija, más allá de tolerar el comportamiento de su marido. Mi compromiso con ustedes no es ser infalible, es admitir cuando caigo en el error. Gracias.
@yohirakerman, akermancolumnista@gmail.com
Ahora que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) comienza a mirar a terceros involucrados en el conflicto armado, vale la pena recordar una historia importante que parece echada en el olvido.
En 1997 el Estado colombiano tuvo la oportunidad de darle un fuerte golpe al paramilitarismo gracias al allanamiento de un parqueadero en Medellín que entregó la planilla completa de los paramilitares, sus sueldos, préstamos, cuentas por cobrar y otros datos particulares.
La historia está contada en un artículo escrito por el exmagistrado que lideró las investigaciones de la parapolítica, Iván Velásquez, y publicado por el gran periódico Universo Centro de mayo de 2013. (Ver Universo Centro).
El texto lo escribió Velásquez a partir de su memoria ya que él fue el fiscal regional encargado de la operación que, aunque fue inmensamente positiva, arrojó un saldo definitivo a favor de los paramilitares ya que tres investigadores pagaron con su vida la suerte de los hallazgos.
Pues hagamos un tributo a esas personas y repasemos este caso que es igual de interesante en la manera como nació a como se cerró.
El proceso denominado Parqueadero Padilla está compuesto por 2.164 cuadernos y 35.200 folios. Es el segundo proceso más voluminoso después del Proceso 8.000.
Empecemos.
En octubre de 1997 se produjo un revolcón en la Fiscalía en Medellín causado por los rumores sobre la connivencia de fiscales con el paramilitarismo. A la unidad del Cuerpo Técnico de Investigaciones en esa ciudad fueron enviados Gregorio Oviedo Oviedo, que se desempeñaba como fiscal en Bogotá, y el señor Iván Velásquez, que para entonces ocupaba el cargo de magistrado auxiliar en el Consejo de Estado. La prioridad era impulsar las investigaciones contra los paras.
El mensaje llegó a muchos sectores y en particular a un grupo de investigadores del CTI que sabían de los malos pasos de Carlos Mario Aguilar, que más tarde se conocería con el alias de Rogelio, un hombre que logró penetrar el CTI para los intereses de los paramilitares.
Gracias al trabajo de dos investigadores del CTI se recibió un dato que fue crucial: el número telefónico de un mando medio de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) que había sufrido la fractura de una pierna y dedicó su incapacidad, en su casa en Bello, a largas y reveladoras conversaciones con miembros de su organización.
Hablaba sin pudor sin saber que era escuchado en tiempo real por un analista del CTI. De esa manera se supo que en la mañana del 30 de abril de 1998 un Chevrolet Trooper de placa KFI885 repleto de uniformes camuflados se desplazaría desde Medellín hacia Sopetrán, en el occidente de Antioquia, donde operaba un bloque comandado por alias Memín. (Ver Lo sucedido).
Un grupo de investigadores interceptó el vehículo en cercanías de San Jerónimo y obtuvo la dirección desde donde supuestamente había salido el cargamento, lo que permitía pensar que allí funcionaba la fábrica. La nomenclatura señalaba un parqueadero situado a menos de 500 metros de La Alpujarra, sede de la Fiscalía regional y centro administrativo del departamento y la ciudad.
Cuando fueron al parqueadero se encontraron con una sorpresa: al señor Jacinto Alberto Soto Toro, alias Lucas, quien estaba al frente de un escritorio acompañado de dos secretarias comiéndose los papeles para destruir toda la evidencia al tiempo que destrozaban disquetes con información.
Fueron decomisados decenas de disquetes, dos libros de contabilidad y documentos bancarios. Un verdadero tesoro que revelaba la estructura íntegra de las Accu, sus finanzas y quiénes les aportaban, cuadros de nómina discriminados por escuadras, los alias de sus integrantes incluido el del respectivo jefe, la identificación del grupo, la semana a la que correspondía el pago y su valor, las retenciones de sueldo por préstamos o para fondos comunes y otras cositas. (Ver Material).
Una joya probatoria.
Por ejemplo, en la contabilidad del Parqueadero Padilla apareció una ONG en Montería llamada Funpazcor, que era manejada por Sor Teresa Gómez Álvarez. (Ver Estructura).
De acuerdo a la Fiscalía, Funpazcor no sólo sirvió como fachada paramilitar para legalizar la apropiación de tierras en los departamentos de Chocó, Córdoba y Antioquia, sino que, además, propició aproximadamente 500 desplazamientos forzados, así como un sinnúmero de desapariciones de campesinos que se negaron a entregar las tierras.
Funpazcor era parte social de la organización armada y servía como fachada para manejar las finanzas de las Autodefensas Unidas de Colombia, hecho que antes de ese allanamiento era desconocido para las autoridades.
Por su lado, Sor Teresa Gómez Álvarez, hermana de crianza de los jefes paramilitares Vicente, Fidel y Carlos Castaño Gil, fue condenada por un juzgado de Turbo, Antioquia, a nueve años de cárcel por el delito de desplazamiento forzado y posteriormente encontrada culpable por el homicidio de Yolanda Izquierdo.
Pues bien, a mediados de septiembre de 1998 el fiscal general de ese entonces, el señor Alfonso Gómez Méndez, dispuso el traslado del proceso para la Fiscalía regional de Bogotá, cuya dirección estaba a cargo de Antonio José Serrano.
Pese a toda la evidencia crucial encontrada en el Parqueadero Padilla por Velásquez y Oviedo, el caso estuvo, inexplicablemente, casi tres años sin moverse en la regional de Bogotá y solo en mayo de 2001 se realizó el allanamiento a Funpazcor.
Evidentemente para ese momento ya habían tenido el suficiente tiempo los criminales para destruir todo lo importante y fabricar documentos que llevaron al siguiente fiscal, Luis Camilo Osorio, a regresar el expediente a Medellín para que le dieran sepultura a la investigación. (Ver Preclusión).
Es tan así que Rodrigo Alberto Zapata Sierra, alias Cara’e Mondá, dijo que en la información del parqueadero estaba el 100% de las personas que colaboraban en Antioquia en los diferentes grupos armados. “Y todo el mundo sabe que eso precluyó, todo el mundo sabe que fue en el gobierno del presidente Samper, que en el gobierno de Pastrana se acabó, los fiscales los pasaron para otro lado y eso se acabó”. (Ver Zapata Sierra).
Pero no para ahí.
Daniel Alejandro Serna, alias Kener, fue otro paramilitar que habló del tema diciendo que, pese a que algunos comerciantes, mineros, finqueros y transportadores tuvieron que hacer obligatoriamente sus aportes a la organización, la mayoría de estos lo hicieron voluntariamente como lo mostraba la contabilidad del parqueadero.
“En la zona norte del Valle de Aburrá, Beatriz Elena Torres de Vargas, Jairo Pineda Gómez y Narciso Sierra aportaron dinero al grupo y albergaron a los integrantes del Frente Suroeste en su finca La Palma, también le prestaron ayuda económica al grupo. La primera de ellos, propietaria de algunas empresas y propiedades entre las cuales se destaca la oficina del Parqueadero Padilla, mientras que el segundo, perteneciente al sector transportador y ganadero y financiador del Bloque Metro en Santuario, Antioquia”. (Ver Serna).
Terminemos.
Este fue un caso donde el envío del expediente de un lado a otro y la demora de 30 meses generaron impunidad y la destrucción de mucha evidencia importante. Peor aún, eso generó la muerte de muchas personas, entre ellos Sergio Humberto Parra, Jorge Fernández y Diego Arcila, tres investigadores del CTI que fueron asesinados en Medellín entre 1998 y 1999 por haber hecho parte del operativo para dar con el Parqueadero Padilla.
Las otras personas que siguen por ahí para contar la historia, los que la investigaron y los que ayudaron a matar la investigación, todos, deberían contar lo que saben frente a la JEP.
Rectificación. El 17 de marzo de 2019 publiqué una columna titulada “El esposo de la cónsul”. Allí hice una serie de afirmaciones de las cuales existe absoluto sustento periodístico. Sin embargo, en mi decisión autónoma de respetar el buen nombre de las personas como corresponde a los deberes de mi ejercicio profesional, prefiero en esta oportunidad rectificar sobre parte del contenido, mientras no exista un pronunciamiento que concluya de esa manera. No me consta directamente, pese al sustento periodístico, que la ONG Salva la Selva se haya usado para lavar dinero del Cartel de Sinaloa; tampoco me consta a través de conocimiento directo que Pedro Nel Pineda Rojas y su esposa, Martha Patricia Medina González, incurrieran en conductas constitutivas de delito. Para la Superintendencia, debería indagarse si en efecto se habría cometido una captación ilegal por más de $20.000 millones. Habrá que esperar la decisión. Finalmente, no me consta que Medina González haya participado de ninguna manera en ningún acto que haya llevado a los incumplimientos alimentarios en los que ha incurrido Pineda Rojas con su hija, más allá de tolerar el comportamiento de su marido. Mi compromiso con ustedes no es ser infalible, es admitir cuando caigo en el error. Gracias.
@yohirakerman, akermancolumnista@gmail.com