Estigmatización

No puede leerse como un fracaso el encuentro de la Comisión a la Verdad con el expresidente imputado Álvaro Uribe Vélez. Por el contrario. En el encuentro con el padre Francisco de Roux, el expresidente de Colombia reconoció, por primera vez, que la muerte de cinco personas en el 2004, que en un principio fueron presentadas como bajas en combate, fue ocasionada por miembros del Ejército en el escándalo conocido como falsos positivos.

Fuera de eso y de manera sorprendente, Uribe admitió, también por primera vez, ante los comisionados de la Verdad que los estigmas en Colombia implicaban amenazas de muerte o incluso el asesinato mismo. Se refería a sí mismo.

“Lo de las estigmatizaciones, lo de los encasillamientos, padre. Yo creo que eso ha incidido mucho en Colombia en el asesinato de inocentes. Padre, es que parte de esos atentados contra mí han sido porque ‘Uribe es paramilitar, hay que matarlo’. Yo he sentido eso en carne propia. En este país han asesinado muchas personas porque los han estigmatizado de ‘guerrilleros’ y a otros porque los han estigmatizado de ‘paramilitares’”.

De acuerdo con el expresidente imputado, que posó de víctima. Tan de acuerdo, que vale la pena recordar cuando él ha sido el victimario en esa materia. Y no han sido pocas veces.

“Hablantinosos”, “voceros del terrorismo”, “traficantes de derechos humanos”, “compinches”, “áulicos”, “politiqueros” y hasta “chismosos” han sido los adjetivos más recurrentes de Álvaro Uribe Vélez para atacar a los defensores de derechos humanos.

Esas estigmatizaciones del expresidente han sido tan graves, que el asunto no ha pasado desapercibido para las Naciones Unidas. Así como se oye. En la declaración entregada el 18 de septiembre de 2009 por Margaret Sekaggya, relatora especial de la ONU, después de realizar una visita al país, resaltó que “un motivo fundamental de la inseguridad de los defensores de derechos humanos radica en la estigmatización y el señalamiento sistemáticos de que son objeto por parte de funcionarios del Gobierno”. Hablaba del mismísimo presidente.

Ni siquiera las ONG internacionales se han librado de los señalamientos del expresidente. Quien más ha padecido esto es José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. En una intervención pública el 14 de septiembre de 2008, realizada en la localidad de Piendamó, Cauca, Uribe lo acusó de ser “cómplice de las Farc”. Además de los señalamientos, las ONG también han visto afectadas sus acciones de movilización y tomas del espacio público.

El 1° de noviembre de 2008, durante un consejo de seguridad en el municipio de Envigado, Antioquia, volvió sobre el tema: “Simplemente le quiero decir al señor Vivanco y a los señores de Amnistía Internacional que ellos no nos tienen que enseñar a nosotros de derechos humanos, ni de convicciones cristianas, ni de convicciones democráticas. Quiero recordarle al señor Vivanco que él no es el profesor nuestro en derechos humanos y que no lo recibimos como tal, que aquí le perdimos el respeto hace mucho rato”.

Grave. Pero no para ahí.

El imputado exsenador ha estigmatizado a reporteros, jueces y opositores políticos sin mayores consecuencias para él. Varios de esos casos, en contra de periodistas, han sido documentados por la Fundación para la Libertad de Prensa, advirtiendo de los riesgos y presiones que esto pone en la vida de los reporteros.

Por investigarlo y traer a la memoria controversias de su pasado o pedirle cuentas sobre sus gobiernos, el imputado Uribe Vélez ha calumniado múltiples veces a Daniel Coronell, llamándolo “extraditable” o “socio de narcotraficante”; a Daniel Samper Ospina, “bandidito” y “violador de niños”; a Hollman Morris, “cómplice del terrorismo”; a Gonzalo Guillén, “periodista al servicio de las Farc”; a Julián Martínez, “periodista proguerrillero”, y al mismo autor de esta columna, “militante del Eln”.

Todo falso.

Algunas de estas calumnias han tenido que ser rectificadas en los estrados judiciales, ya que todas las acusaciones de Uribe han sido falaces. Y, peor aún, esas estigmatizaciones han generado amenazas de muerte y riesgos para los receptores de las mentiras, como el mismo Uribe admitió saber ante la Comisión de la Verdad. Esa era precisamente la consecuencia de su estrategia.

Pese a eso, las mentiras y falsedades son repetidas por el expresidente Uribe una y otra vez, para tratar de volverlas verdad y con eso acabar con la reputación de los que informan o lo investigan.

Pero volvamos al inicio de esta columna y es la importante noticia de que el expresidente admitió la existencia de muertes extrajudiciales de cinco civiles por parte de oficiales del Ejército.

Es importante porque en el 25 de julio de 2007 el entonces presidente Uribe dio un discurso en la conmemoración del segundo año de la Ley de Justicia y Paz, cuando dijo: “Ahora la estrategia guerrillera es otra: cada que se le da una baja a la guerrilla, ahí mismo moviliza a sus corifeos en el país y en el extranjero para decir que fue una ejecución extrajudicial. Pero las Fuerzas Armadas han puesto todo el cuidado para no dar lugar a que se señale a miembros de las Fuerzas Armadas de estar en colusión con grupos paramilitares”.

Ahora Uribe admitió, por fin, que los corifeos tenían la razón en esos cinco casos. Algo es algo. Pero el conteo del escándalo de los falsos positivos en sus gobiernos va en 6.402 ejecuciones extrajudiciales, que podrían llegar a 10.000 según algunas organizaciones internacionales.

Los muertos por falsos positivos, sus familias, las organizaciones de derechos humanos que han denunciado esos asesinatos extrajudiciales, los periodistas que hemos investigado los hechos, todos, todos, ¡todos! han sido víctimas de estigmatización por parte del expresidente. Todos menos los militares que cometieron las barbaries.

@yohirakerman, akermancolumnista@gmail.com