La justicia en Colombia es para quien puede pagarla y el siguiente caso lo demuestra. El 13 de abril de 2013 el joven Brayan Sneider Rodríguez Romero manejaba su taxi de servicio público en la ciudad de Villavicencio, para ganarse la vida.
Esa misma noche, dentro del vehículo, un miembro del Ejército Nacional, el soldado José Hernando Sánchez, le proporcionó seis tiros por la espalda quitándole la vida a Brayan Sneider en el barrio Las Américas de Villavicencio.
Ante los hechos, el 9 de septiembre de 2013 el Batallón de Ingenieros No. 7 Carlos Albán Estupiñán certificó que el señor José Hernando Sánchez no tenía arma de fuego oficial asignada y no desempeñaba cargo alguno, ya que se encontraba excusado por el servicio de psiquiatría, pese a tener el cargo de soldado profesional perteneciente a dicho batallón con una antigüedad de cinco años y cinco meses. (Ver Oficio).
Según la certificación del Ejército, la noche del asesinato al joven taxista Brayan Sneider, su verdugo se encontraba fuera de la unidad sin autorización.
Muy conveniente la explicación del Ejército.
Posteriormente, el 6 de octubre de 2014, en Yopal (Casanare), fue capturado el soldado José Hernando Sánchez por los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo.
El sujeto de 29 años, oriundo de Puerto López (Meta), tenía azotados a los pobladores del municipio de Nunchía, extorsionando a los finqueros y ganaderos a nombre de las Águilas Negras. (Ver Captura).
El soldado de la Séptima Brigada de Villavicencio, fuera de otros dos asesinatos, también era el responsable de la muerte de Brayan Sneider, como se pudo demostrar posteriormente.
Pero el problema no está solo en las Fuerzas Armadas, no. El tema está en la falta de atención que un caso de estos ha tenido en la totalidad del sistema de justicia.
Pese a tener identificación de presunto asesino, la Fiscalía 42 seccional de Villavicencio no se ha movido en el caso, razón por la cual el padre del joven taxista, el señor Jaime Rodríguez, no puede vivir en paz sabiendo que no se hace justicia en el crimen de su hijo injustamente asesinado.
Por esta razón el pasado 12 de marzo de 2020 el señor Rodríguez envió una comunicación al defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, en la que le adjunta 58 documentos que prueban la falta de movimiento en el caso a pesar de las evidencias. (Ver Derecho de petición).
En ella, el señor Rodríguez relata que en la Fiscalía le dicen que consiga un abogado que esté encima del proceso “porque esa es la única manera en que se puede mover el caso”, pero por falta de recursos el padre en duelo no ha podido conseguir un abogado que le pueda ayudar con un caso que parece va a quedar en la impunidad ya que se acerca el vencimiento de términos.
En pocas palabras, la justicia es para quienes pueden pagarla. Y eso es una injusticia.
No es la primera vez que el señor Rodríguez le solicita ayuda a la Defensoría del Pueblo, sin tener respuesta en las ocasiones anteriores. Al igual que tampoco han tenido contestación o acción las cartas que le ha enviado a la Dirección Seccional de Fiscalías o a la Procuraduría 277 de Villavicencio preguntando por las conclusiones de las investigaciones. (Ver Peticiones).
Es claro que es un caso “pequeño” para la justicia colombiana, pero no hay ninguna vida que sea pequeña, y cuando el sistema judicial no actúa sobre un caso así está fallándole en su deber a la sociedad en general.
El taxista asesinado representa a todos los muertos que hemos tenidos sin que haya castigo, y el padre de la víctima buscando justicia nos simboliza a todos los que queremos superar una nación de violencia y permisividad con la historia paramilitar. Las instituciones sin responder simplemente evidencian un país donde el daño al sistema judicial hace que lo normal sea la arbitrariedad.
Esta semana se cumplieron siete años de impunidad del delito de Brayan Sneider Rodríguez Romero. La justicia debería actuar.
@yohirakerman, akermancolumnista@gmail.com
La justicia en Colombia es para quien puede pagarla y el siguiente caso lo demuestra. El 13 de abril de 2013 el joven Brayan Sneider Rodríguez Romero manejaba su taxi de servicio público en la ciudad de Villavicencio, para ganarse la vida.
Esa misma noche, dentro del vehículo, un miembro del Ejército Nacional, el soldado José Hernando Sánchez, le proporcionó seis tiros por la espalda quitándole la vida a Brayan Sneider en el barrio Las Américas de Villavicencio.
Ante los hechos, el 9 de septiembre de 2013 el Batallón de Ingenieros No. 7 Carlos Albán Estupiñán certificó que el señor José Hernando Sánchez no tenía arma de fuego oficial asignada y no desempeñaba cargo alguno, ya que se encontraba excusado por el servicio de psiquiatría, pese a tener el cargo de soldado profesional perteneciente a dicho batallón con una antigüedad de cinco años y cinco meses. (Ver Oficio).
Según la certificación del Ejército, la noche del asesinato al joven taxista Brayan Sneider, su verdugo se encontraba fuera de la unidad sin autorización.
Muy conveniente la explicación del Ejército.
Posteriormente, el 6 de octubre de 2014, en Yopal (Casanare), fue capturado el soldado José Hernando Sánchez por los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo.
El sujeto de 29 años, oriundo de Puerto López (Meta), tenía azotados a los pobladores del municipio de Nunchía, extorsionando a los finqueros y ganaderos a nombre de las Águilas Negras. (Ver Captura).
El soldado de la Séptima Brigada de Villavicencio, fuera de otros dos asesinatos, también era el responsable de la muerte de Brayan Sneider, como se pudo demostrar posteriormente.
Pero el problema no está solo en las Fuerzas Armadas, no. El tema está en la falta de atención que un caso de estos ha tenido en la totalidad del sistema de justicia.
Pese a tener identificación de presunto asesino, la Fiscalía 42 seccional de Villavicencio no se ha movido en el caso, razón por la cual el padre del joven taxista, el señor Jaime Rodríguez, no puede vivir en paz sabiendo que no se hace justicia en el crimen de su hijo injustamente asesinado.
Por esta razón el pasado 12 de marzo de 2020 el señor Rodríguez envió una comunicación al defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, en la que le adjunta 58 documentos que prueban la falta de movimiento en el caso a pesar de las evidencias. (Ver Derecho de petición).
En ella, el señor Rodríguez relata que en la Fiscalía le dicen que consiga un abogado que esté encima del proceso “porque esa es la única manera en que se puede mover el caso”, pero por falta de recursos el padre en duelo no ha podido conseguir un abogado que le pueda ayudar con un caso que parece va a quedar en la impunidad ya que se acerca el vencimiento de términos.
En pocas palabras, la justicia es para quienes pueden pagarla. Y eso es una injusticia.
No es la primera vez que el señor Rodríguez le solicita ayuda a la Defensoría del Pueblo, sin tener respuesta en las ocasiones anteriores. Al igual que tampoco han tenido contestación o acción las cartas que le ha enviado a la Dirección Seccional de Fiscalías o a la Procuraduría 277 de Villavicencio preguntando por las conclusiones de las investigaciones. (Ver Peticiones).
Es claro que es un caso “pequeño” para la justicia colombiana, pero no hay ninguna vida que sea pequeña, y cuando el sistema judicial no actúa sobre un caso así está fallándole en su deber a la sociedad en general.
El taxista asesinado representa a todos los muertos que hemos tenidos sin que haya castigo, y el padre de la víctima buscando justicia nos simboliza a todos los que queremos superar una nación de violencia y permisividad con la historia paramilitar. Las instituciones sin responder simplemente evidencian un país donde el daño al sistema judicial hace que lo normal sea la arbitrariedad.
Esta semana se cumplieron siete años de impunidad del delito de Brayan Sneider Rodríguez Romero. La justicia debería actuar.
@yohirakerman, akermancolumnista@gmail.com