Sigamos con el tema de la columna pasada y los casos que demuestran que la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Alejandro Ordóñez y Gabriel Ramón Jaimes Durán, se encargó de enterrar, desde hace más de 10 años, las investigaciones en contra del uribismo. Cosa que ahora se hace en la Fiscalía.
Empecemos por el principio.
El 11 de julio del 2007, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tomó una decisión trascendental sobre el proceso de paz que el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez adelantó con las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). La sentencia en la que la Corte Suprema de Justicia señalaba que los paramilitares desmovilizados no podrían ser procesados como delincuentes políticos.
Fallo que se produjo casi a la par del momento en que el alto tribunal iniciaba las investigaciones para esclarecer la relación entre la clase política y el paramilitarismo (parapolítica), que en ese momento ya tenía cerca de una decena de congresistas detenidos.
Pues bien, el 26 de septiembre de 2007, el mandatario Álvaro Uribe Vélez llamó personalmente al entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Julio Valencia Copete. Tras buscarlo infructuosamente todo ese día por teléfono, dejándole numerosos mensajes a su secretaria, finalmente logró ubicarlo por medio de sus escoltas en horas de la noche, en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Irrumpió con su llamada la reunión, para hablarle del caso de su primo Mario Uribe, investigado por sus nexos con paramilitares.
Del contenido de la llamada se conoció inicialmente lo que el magistrado contó en entrevista con la periodista Cecilia Orozco el 13 de enero de 2008. El título de la entrevista fue “El presidente confundió mi cortesía con mis deberes”, palabras textuales del entrevistado.
Dentro de esa pieza periodística, cuenta el magistrado: “La llamada del jefe de Estado me causó profunda sorpresa. La Sala Penal acababa de llamar a indagatoria al doctor Mario Uribe. En ese momento, en tono alterado (Álvaro Uribe), me expresó su disgusto por algunas decisiones que venía tomando esa sala…”.
Orozco le contrapreguntó al magistrado: “¿Él se refirió concretamente al caso contra su primo (Mario Uribe)?”, y la contundente respuesta de Valencia lo dijo todo: “Sí”.
Posteriormente ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, el magistrado Valencia Copete entregó más detalles de aquella llamada, en la que relató que el expresidente Uribe además tildó a la Corte Suprema de “golpista” y de ser “el brazo agónico del terrorismo armado”.
Gravísimo.
Uribe relacionó las pescas milagrosas de las Farc con las decisiones de la Corte. “Me tildó de farsante. Me he quedado corto en todos los epítetos e infundios que utilizó. Esa no es la manera de controvertir una sentencia judicial. Esa llamada me causó perplejidad y asombro”, dijo Valencia Copete ante la Cámara.
Pero volvamos a la entrevista de Orozco y las contundentes respuestas de Valencia Copete, ya que fue esa pieza periodística la que hizo reaccionar con ira al presidente Uribe Vélez quien demandó, primero, una rectificación de la periodista Orozco, como si las respuestas fueran responsabilidad del que pregunta, y posteriormente del entrevistado.
Pero algunas cositas más, las otras ilegales.
Después de no conseguir rectificación por parte del magistrado, Uribe presentó una denuncia penal por injuria y calumnia en contra del presidente de la Corte Suprema de Justicia. También buscó con desespero que alguien ratificara su versión, mientras terceros cercanos a él intentaban que el magistrado conciliara.
El 11 de abril de 2010, el entonces secretario de Prensa del gobierno, César Mauricio Velásquez Ossa, expidió un comunicado donde dijo que Valencia Copete, en su calidad de expresidente de la Corte Suprema de Justicia, se encontraba investigado, a instancias de una denuncia formulada por el presidente de la República, por los delitos de injuria y calumnia, por “afirmar mentirosamente” que este lo llamó por teléfono a indagarle sobre la situación jurídica de algunos parlamentarios, entre ellos la del senador Mario Uribe.
El magistrado Valencia Copete puso queja disciplinaria por estos hechos en contra de César Mauricio Velásquez, a quien los visitantes de la Oficina de Envigado apodaron “el curita” por lo religioso que es. Pues bien, acá es donde empieza el caso a demostrar que cuando comenzaron las investigaciones disciplinarias y penales por el escándalo conocido como las ChuzaDAS, hace más de 10 años, la Procuraduría de Ordóñez estaba ayudando con absoluciones y no investigando a los alfiles de Álvaro Uribe.
Todo, con el atento apoyo de Jaimes Durán, en ese momento comisionado de la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales, y ahora el fiscal encargado del caso de soborno a testigos y fraude procesal que involucra al imputado Álvaro Uribe.
Profundicemos.
El 15 de junio de 2010, el accionante Valencia Copete presentó un derecho de petición ante el procurador general de la Nación para que se le comunicara qué se había resuelto con ocasión de su queja disciplinaria. El 22 de julio del mismo año, se le informó que mediante auto del 22 de junio se había ordenado su remisión a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, pese a que era claro que al secretario Velásquez Ossa lo tenía que investigar la Procuraduría, mientras que al presidente, la Comisión de la Cámara por su fuero.
Pues no. Ordóñez, muy tieso y muy majo, por oficio N° 105278 de agosto 9 de 2010, decidió, inexplicablemente, no revocar la decisión cuestionada y declarar su incompetencia para asumir la queja presentada, porque los “hechos fueron atribuidos” al presidente de la República. Una jugada jurídica que requirió flexibilidad argumentativa de la Procuraduría y frente a la cual ya no existía recurso.
Valencia Copete presentó una acción de tutela en contra de la Procuraduría General de la Nación, por considerar que su decisión de no investigar al entonces secretario de Prensa de la Presidencia violaba sus derechos constitucionales al debido proceso.
La Corte Constitucional encontró en sentencia del 5 de mayo de 2011 que dicho comunicado implicaba un abuso de autoridad, por utilizar una institución y bienes del Estado a favor del entonces presidente, para incidir en la credibilidad de una denuncia personal en contra de la honra de un magistrado de la Corte Suprema. La “información” que se pretendió difundir en ese comunicado, además de que implica la utilización abusiva de un bien del Estado para privilegiar la versión del presidente, da por cierto que el magistrado ha injuriado y calumniado al primer mandatario, y miente al establecer que el presidente no llamó por teléfono al magistrado.
Lo que es evidente es que el procurador auxiliar y, posteriormente, el procurador general eran los competentes para investigar a César Mauricio Velásquez como secretario de Prensa de la Presidencia de la República. Al no hacerlo incurrieron en medidas violatorias del debido proceso, por ser denuncias elevadas contra servidores públicos por irregularidades cometidas en ejercicio de sus funciones. Pero ahora sabemos que lo que hacían era proteger a los funcionarios de Uribe.
En ese proceso, el abogado Ramiro Bejarano Guzmán, uno de los litigantes y columnistas más reputados y leídos del país, representó al magistrado Valencia Copete, junto con los juristas Yesid Reyes y Alfredo Beltrán. En el desarrollo del mismo, mientras ellos se negaron a conciliar con Álvaro Uribe, el DAS los convirtió en objetivos principales del probado espionaje ilegal por parte de Presidencia.
Tal y como lo documenta el libro ChuzaDAS: ocho años de espionaje y barbarie, del periodista Julián Martínez, tanto a Valencia Copete como a Bejarano Guzmán les realizaron seguimientos, esculcaron negocios y espiaron espacios laborales y familiares. Irregularidades a cargo de la Subdirección de Operaciones del DAS, al mando de Martha Inés Leal Llanos, quien organizó una estrategia para escarbar en todas las notarías de Bogotá, en cuáles tenían autenticadas sus firmas y qué bienes poseían.
Una de las evidencias son tres correos electrónicos de abril de 2008 que Martha Leal le envió a la entonces directora del DAS, María del Pilar Hurtado, en los cuáles le relata cómo iba la operación de inteligencia contra el expresidente de la Corte Suprema y su apoderado Ramiro Bejarano Guzmán.
Curiosamente, unos días después se produjo el ingreso a la Casa de Nariño, por el parqueadero y a altas horas de la noche, de alias Job, el paramilitar que llevaba informaciones contra los magistrados, un día antes de que tuviera lugar una audiencia crucial en el proceso que, por calumnia, le formuló Uribe a Valencia Copete, a la cual concurrieron ambos con sus abogados.
Pero hay más.
Un memorando secreto del DAS del 28 de julio de 2008, que fue entregado en la Casa de Nariño a través del sistema Valija, revela que los tentáculos del DAS llegaron hasta el punto de hurgar la historia clínica del magistrado César Julio Valencia, cuyo acceso sólo le compete al paciente y a su médico tratante. Cualquier violación a ese principio es ilegal e inmoral.
La oficina de Análisis del DAS tituló el documento como “Tips de la Corte Suprema de Justicia” y reseñó en un párrafo de 10 líneas el tratamiento cardiovascular que se hizo el expresidente de la Corte en ese año. Reveló la identidad del médico especialista que lo atendía periódicamente e incluyó una serie de adjetivos que, supuestamente, describen su personalidad. La información de la vida privada del doctor Valencia Copete estaba en manos del entonces presidente Uribe Vélez.
Las oscuras e ilegales operaciones del DAS también incluyeron como blancos a la madre y a la hija del magistrado Valencia Copete. A ellas les interceptaron sus líneas telefónicas y les realizaron seguimientos ilegales.
Pero volvamos a los entes judiciales. A finales de noviembre de 2012, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes decidió cerrar el proceso que, por injuria y calumnia, se adelantaba contra el expresidente de la Corte Suprema César Julio Valencia Copete, por denuncia del entonces presidente de la República.
Hace una semana la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, en segunda instancia, condenó a 63 meses de cárcel al exsecretario jurídico de Presidencia, Edmundo del Castillo, y al exsecretario de Prensa, César Mauricio Velásquez, por el delito de concierto para delinquir, por todos los seguimientos ilegales y el caso de las ChuzaDAS.
Todas las instancias han ido llegando a decisiones justas en ese caso. Todas, excepto la Procuraduría que tuvo a Alejandro Ordóñez en la cabeza, con Jaimes Durán como destornillador para desapretar la justicia en favor de Uribe y sus funcionarios. Tornillos que ahora afloja el mismo personaje en la Fiscalía General de la Nación, en favor del imputado Álvaro Uribe, al solicitar la preclusión de la investigación, pese a toda la evidencia que existe en su contra.