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El pasado 14 de junio, el expresidente Álvaro Uribe Vélez concedió una entrevista a la revista Semana, en la que repitió una y otra vez —sin contrapregunta alguna ni corroboración de la información— argumentos que se han comprobado falsos y mentirosos sobre las 6.402 ejecuciones extrajudiciales por parte de las Fuerzas Armadas entre 2002 y 2008, escándalo conocido como los falsos positivos.
Uribe hizo esto como respuesta al testimonio ofrecido el pasado 11 de junio por el expresidente Juan Manuel Santos ante la Comisión de la Verdad, en la que habló de su responsabilidad como ministro de Defensa durante el segundo gobierno de Uribe, entre julio de 2006 y mayo de 2009.
Respecto al testimonio de Santos —quien entre otras cosas dijo que Uribe promovía el conteo de cuerpos y bajas en lugar de las desmovilizaciones y capturas—, el imputado expresidente negó sin sonrojarse lo dicho por Santos. Pese a toda la evidencia en su contra, agregó que “nunca, ni como ministro, ni como candidato... Santos dijo esas cosas”.
El expresidente agregó: “Él (Santos) dice que aplicábamos la doctrina de Vietnam, del bodycount, cuente muertes, cuente bajas... esa doctrina no existió nunca, están todos los comandantes de la época y todos los documentos”.
Pues hagámosles contrapunteo a sus argumentos, ya que Semana no lo hizo, y recordémosle los hechos, no sus opiniones. Empecemos por una revisión de las propias palabras del Uribe presidente que desvirtúan y contradicen las del Uribe expresidente.
El 11 de mayo de 2010, el expresidente dijo en una entrevista con Juan Gossaín: “Como el otro cuento ‘no, es que hay falsos positivos porque Uribe exige muchos resultados’. Sí yo he pasado estos ocho años exigiéndole resultados a la Fuerza Pública, una cosa es exigir resultados y otra cosa es inducir al delito; se induce más al delito cuando no se exigen resultados porque cuando la Fuerza Pública se adormece, ahí es cuando se facilitan los crímenes y la violación de derechos humanos”.
Un poco de contexto histórico.
La Directiva 029 de 2005 —emanada por el entonces ministro Camilo Ospina, en la que se avalaba el pago de recompensas a quienes capturaran o dieran de baja a guerrilleros— tiene 15 páginas. En ella se establecen pagos por balas decomisadas, armas incautadas y guerrilleros abatidos. Era una política institucional que establecía el estímulo por la muerte de guerrilleros. Pero en la práctica esta política de recompensas tuvo consecuencias escabrosas.
Estadísticas de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía muestran que, tras la expedición de la Directiva 029, se pasó de 73 denuncias en 2005, a 122 en 2006 y 245 en 2007. Aunque las recompensas por la muerte de guerrilleros no podían, en principio, ser entregadas a miembros de la Fuerza Pública, estas suscitaron alianzas entre grupos criminales y militares, con el fin de cobrar las recompensas y mostrar mejores resultados. Estas alianzas criminales explican algunas de las desapariciones que hoy escandalizan al mundo entero, menos al señor Uribe.
Las recompensas y los incentivos que se ofrecieron propiciaron alianzas criminales dedicadas a la fabricación de cadáveres.
A octubre de 2008, el Gobierno tenía una red de informantes conformada por 2′109.696 personas. En 2007 se pagaron recompensas por $18.529 millones y en 2008 por $29.500 millones.
Los incentivos detrás de los falsos positivos corroboran todos los temores acerca de la existencia de una política oficial de recompensas, que disparó la práctica de ejecuciones extrajudiciales por parte de el Ejército, en alianza con grupos criminales durante el gobierno de Álvaro Uribe.
Recordemos que el 22 de septiembre de 2008, la directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional, Susan Lee, le envió una carta al entonces ministro Santos en la que le decía: “La falta de investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales en los casos de ejecuciones extrajudiciales da un claro mensaje de impunidad a los perpetradores de estas violaciones de derechos humanos, quienes saben que pueden seguir cometiendo violaciones de derechos humanos sin tener que confrontar en ningún momento sus hechos ante la justicia”.
El pronunciamiento de Amnistía Internacional también le pedía al Gobierno voluntad política para investigar esos asesinatos selectivos y así evitar la impunidad.
Seis días después de esta carta, estalló el escándalo de las ejecuciones extrajudiciales, cuando 11 madres de Soacha, Cundinamarca, denunciaron la desaparición y posterior asesinato de sus hijos en Norte de Santander. Fueron presentados por el Ejército como guerrilleros dados de baja en operaciones militares.
Pero la respuesta del gobierno de Uribe ante la sugerencia internacional fue sofisticar la estrategia informativa para hacerle creer al mundo que las ONG hacían “falsas acusaciones” contra la Fuerza Pública.
El 4 de mayo de 2009, Uribe dijo: “El Gobierno tiene que ser firme para evitar y sancionar y buscar la sanción de los falsos positivos, como para denunciar las falsas denuncias que tanto daño le hacen a esta política de seguridad democrática”.
Por su parte, el ministro Juan Manuel Santos aseguraba que la inteligencia estatal había determinado que las ONG estaban fabricando falsas denuncias de ejecuciones extrajudiciales contra el Ejército. “Hemos tenido información de inteligencia sobre casos concretos que los estamos investigando para judicializar, esas falsas denuncias o esos intentos de tratar de aprovechar esta situación para manchar el buen nombre de nuestras Fuerzas Militares”.
Algunas de esas organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales que denunciaron los falsos positivos empezaron a ser sujetos de espionaje por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Entre las entidades que el DAS estaba interceptando ilegalmente se encontraban el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Comisión Colombiana de Juristas, la Asociación MINGA, la Corporación Jurídica Libertad, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y las internacionales Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
Al declararlos como enemigos, el DAS incluyó a los abogados y las organizaciones dentro del paquete de espionaje de la inteligencia para Presidencia.
Pero vamos más atrás.
El 25 de julio de 2007, el expresidente Uribe dio un discurso en la conmemoración del segundo año de la Ley de Justicia y Paz, en la que dijo: “Ahora la estrategia guerrillera es otra: cada que se le da una baja a la guerrilla, ahí mismo moviliza a sus corifeos en el país y en el extranjero para decir que fue una ejecución extrajudicial. Pero las Fuerzas Armadas han puesto todo el cuidado para no dar lugar a que se señale a miembros de las Fuerzas Armadas de estar en colusión con grupos paramilitares”. (Ver Los corifeos tenían razón).
Agregó: “Pero tampoco podemos caer en una trampa. Aquí cada vez que las guerrillas y sus áulicos sienten que se les puede derrotar, el recurso al cual apelan es el recurso de violación de derechos humanos. (…) Se avanza en la acción contra la guerrilla, y entonces cualquier baja ya la denominan ejecución extrajudicial”.
Hoy sabemos que los corifeos tenían la razón. Y que el conteo del escándalo va en 6.402 ejecuciones extrajudiciales, que podrían llegar a 10.000 según algunas organizaciones internacionales. Y mientras el expresidente Santos tuvo el valor de pararse frente a la Comisión de la Verdad y pedir perdón, el expresidente Uribe solo asiste a sus comisiones amigas para seguir promulgando mentiras.