Varias personas de las que hacen parte de la famosa “bodeguita” uribista, que se han dedicado a hacer guerra sucia en redes sociales contra medios de comunicación, periodistas, magistrados y dirigentes de la oposición, han estado al mismo tiempo recibiendo contratos por parte del Estado.
Esto demuestra que se han destinado recursos de los impuestos de los colombianos para financiar a las personas que hacen parte de este grupo dedicado a atacar a todos los que se atreven a indagar al expresidente Álvaro Uribe y a la actual administración.
Eso, sin hablar de lo denunciado por Daniel Coronell que demuestra que existen funcionarios en ejercicio del Gobierno del presidente Iván Duque que hacen parte de esta campaña negra e incluso una persona con antecedentes criminales en Estados Unidos.
Tratemos algunos ejemplos.
Como lo estableció la Liga Contra el Silencio, una de esas personas es Claudia Bustamante, que el 4 de septiembre del año pasado fue nombrada como consejera de relaciones exteriores con funciones de cónsul de Colombia y jefe de oficina en Orlando, Florida.
Tres días después, el 7 de septiembre, creó el grupo de WhatsApp con 88 integrantes, en donde nombró administrador a Víctor Muñoz, entonces alto consejero presidencial, para promover causas uribistas.
Bustamante nombró como “moderador” del grupo a Juan Pablo Bieri, exgerente del sistema de medios públicos RTVC, quien salió del cargo en febrero de 2019 tras denuncias de censura publicadas también por la Liga Contra el Silencio.
Como es conocido, Bieri volvió al Gobierno como contratista en la Oficina de Comunicaciones de Migración Colombia desde el 31 de julio hasta el 31 de diciembre de 2019, con un contrato de $36 millones, y, además, como asesor del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, con un contrato del 31 de octubre de 2019 a noviembre de 2021, por más de $468 millones.
Una platica para el moderador.
“Juan Pablo Bieri será el moderador del grupo; será el puente entre nosotros y quienes nos va a aportar la información requerida. Una vez termine de ingresar a los que me faltan, ingreso a Juan Pablo y les abro el grupo para opiniones. ¡Es para que no nos desordenemos y quedemos claros en la dinámica que presente Bieri!” (sic), escribió Bustamante.
Hay otros.
El señor Hernán Darío Cadavid Márquez es el asesor principal de la UTL de Álvaro Uribe. Cuando se conoció la publicación de la Liga Contra el Silencio, Cadavid Márquez cerró su cuenta de Twitter de inmediato, pero unos días después de que pasara el escándalo la volvió a activar.
Antes de que Cadavid fuera asesor del senador Uribe, fue contratado por el Departamento Administrativo de Presidencia, en donde ocupó el cargo de asesor, como lo muestra una carta en la cual respondió a un derecho de petición desde la Presidencia de la República en febrero del año pasado. (Ver Carta).
Una de las formas en que Cadavid se ganó la confianza del expresidente y el respeto de su grupo fue por haber demandado la investidura de Claudia López en el Consejo de Estado por un supuesto conflicto de intereses.
Ante la denuncia de su participación, Cadavid Márquez junto a Stephanie Carrillo, otra miembro del equipo asesor del expresidente y senador Uribe Vélez, aclararon que ellos no habían sido ni convocantes ni organizadores de grupos de WhatsApp, pero la evidencia presentada demuestra que sí fueron parte de la campaña negra.
Otro interesante que ha recibido contratos es el señor Andrés Felipe Arcos Rentería, quien renunció al Centro Democrático en agosto de 2018, pero fue asalariado del Gobierno en el Ministerio del Interior durante los hechos, como contratista en la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.
El 20 de diciembre de 2019, siendo contratista, el Ministerio tuvo que sacar un comunicado rechazando una serie de trinos del señor Arcos que incitaban a la violencia contra los manifestantes. Pero cayó parado ya que ahora se presenta como asesor de la senadora María Fernanda Cabal, a quien el señor visita frecuentemente en el Congreso.
Así es la calaña de los pertenecientes a la bodeguita.
Finalmente está la señora Natalia Bedoya Rendón, quien también es muy cercana a la senadora Cabal y a quien el Ministerio del Interior igualmente tenía contratada en el momento en que se creó el grupo de WhatsApp para hacer campaña negra en contra de la oposición.
A Bedoya le cuestionaron su contrato en plena Navidad porque mientras se ejecutaba, ella estaba bailando y disfrutando en la Feria del Cali. El contrato que le dio el Ministerio del Interior era por la bicoca de $74’700.000, a razón de $9 millones por mes.
¿Así se contrata con este Gobierno?
Terrible que los recursos del erario se utilicen para realizar contrataciones a personas que no tienen las cualidades para ocupar sus cargos. Sin embargo, parece que sí las tienen para hacer campañas oscuras y guerra sucia en redes sociales contra medios de comunicación, periodistas, magistrados y dirigentes de la oposición. Eso no es meritocracia ni austeridad.
@yohirakerman, akermancolumnista@gmail.com
Varias personas de las que hacen parte de la famosa “bodeguita” uribista, que se han dedicado a hacer guerra sucia en redes sociales contra medios de comunicación, periodistas, magistrados y dirigentes de la oposición, han estado al mismo tiempo recibiendo contratos por parte del Estado.
Esto demuestra que se han destinado recursos de los impuestos de los colombianos para financiar a las personas que hacen parte de este grupo dedicado a atacar a todos los que se atreven a indagar al expresidente Álvaro Uribe y a la actual administración.
Eso, sin hablar de lo denunciado por Daniel Coronell que demuestra que existen funcionarios en ejercicio del Gobierno del presidente Iván Duque que hacen parte de esta campaña negra e incluso una persona con antecedentes criminales en Estados Unidos.
Tratemos algunos ejemplos.
Como lo estableció la Liga Contra el Silencio, una de esas personas es Claudia Bustamante, que el 4 de septiembre del año pasado fue nombrada como consejera de relaciones exteriores con funciones de cónsul de Colombia y jefe de oficina en Orlando, Florida.
Tres días después, el 7 de septiembre, creó el grupo de WhatsApp con 88 integrantes, en donde nombró administrador a Víctor Muñoz, entonces alto consejero presidencial, para promover causas uribistas.
Bustamante nombró como “moderador” del grupo a Juan Pablo Bieri, exgerente del sistema de medios públicos RTVC, quien salió del cargo en febrero de 2019 tras denuncias de censura publicadas también por la Liga Contra el Silencio.
Como es conocido, Bieri volvió al Gobierno como contratista en la Oficina de Comunicaciones de Migración Colombia desde el 31 de julio hasta el 31 de diciembre de 2019, con un contrato de $36 millones, y, además, como asesor del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, con un contrato del 31 de octubre de 2019 a noviembre de 2021, por más de $468 millones.
Una platica para el moderador.
“Juan Pablo Bieri será el moderador del grupo; será el puente entre nosotros y quienes nos va a aportar la información requerida. Una vez termine de ingresar a los que me faltan, ingreso a Juan Pablo y les abro el grupo para opiniones. ¡Es para que no nos desordenemos y quedemos claros en la dinámica que presente Bieri!” (sic), escribió Bustamante.
Hay otros.
El señor Hernán Darío Cadavid Márquez es el asesor principal de la UTL de Álvaro Uribe. Cuando se conoció la publicación de la Liga Contra el Silencio, Cadavid Márquez cerró su cuenta de Twitter de inmediato, pero unos días después de que pasara el escándalo la volvió a activar.
Antes de que Cadavid fuera asesor del senador Uribe, fue contratado por el Departamento Administrativo de Presidencia, en donde ocupó el cargo de asesor, como lo muestra una carta en la cual respondió a un derecho de petición desde la Presidencia de la República en febrero del año pasado. (Ver Carta).
Una de las formas en que Cadavid se ganó la confianza del expresidente y el respeto de su grupo fue por haber demandado la investidura de Claudia López en el Consejo de Estado por un supuesto conflicto de intereses.
Ante la denuncia de su participación, Cadavid Márquez junto a Stephanie Carrillo, otra miembro del equipo asesor del expresidente y senador Uribe Vélez, aclararon que ellos no habían sido ni convocantes ni organizadores de grupos de WhatsApp, pero la evidencia presentada demuestra que sí fueron parte de la campaña negra.
Otro interesante que ha recibido contratos es el señor Andrés Felipe Arcos Rentería, quien renunció al Centro Democrático en agosto de 2018, pero fue asalariado del Gobierno en el Ministerio del Interior durante los hechos, como contratista en la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.
El 20 de diciembre de 2019, siendo contratista, el Ministerio tuvo que sacar un comunicado rechazando una serie de trinos del señor Arcos que incitaban a la violencia contra los manifestantes. Pero cayó parado ya que ahora se presenta como asesor de la senadora María Fernanda Cabal, a quien el señor visita frecuentemente en el Congreso.
Así es la calaña de los pertenecientes a la bodeguita.
Finalmente está la señora Natalia Bedoya Rendón, quien también es muy cercana a la senadora Cabal y a quien el Ministerio del Interior igualmente tenía contratada en el momento en que se creó el grupo de WhatsApp para hacer campaña negra en contra de la oposición.
A Bedoya le cuestionaron su contrato en plena Navidad porque mientras se ejecutaba, ella estaba bailando y disfrutando en la Feria del Cali. El contrato que le dio el Ministerio del Interior era por la bicoca de $74’700.000, a razón de $9 millones por mes.
¿Así se contrata con este Gobierno?
Terrible que los recursos del erario se utilicen para realizar contrataciones a personas que no tienen las cualidades para ocupar sus cargos. Sin embargo, parece que sí las tienen para hacer campañas oscuras y guerra sucia en redes sociales contra medios de comunicación, periodistas, magistrados y dirigentes de la oposición. Eso no es meritocracia ni austeridad.
@yohirakerman, akermancolumnista@gmail.com