La Fiscalía General de la Nación, en cabeza de Francisco Barbosa, está actuando como abogada defensora de los intereses personales del expresidente Álvaro Uribe Vélez. No como el ente investigador a cargo de administrar justicia en favor de todos los colombianos.
Me explico.
El primer acto que demostró esto fue el bochornoso episodio —bochornoso para el sistema judicial— de pedir la preclusión de la investigación en contra del exsenador Uribe. Afirma la Fiscalía que Uribe es inocente de haber cometido los delitos de soborno en concurso homogéneo y sucesivo en actuación penal, así como fraude procesal. Esto pese a las grabaciones que existen en su contra y, más importante aún, a que la Corte Suprema había demostrado lo contrario.
Acto seguido, el ente acusador actuó en favor de su hermano, el ganadero Santiago Uribe Vélez. El pasado 24 de noviembre, se inhibió de abrirle investigación formal por presuntamente promocionar la creación del Bloque Suroeste de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que delinquió en los municipios de Amagá, Titiribí y Angelópolis, en Antioquia.
De nuevo, la Fiscalía de Barbosa determinó que no existían pruebas suficientes que permitieran vincular al ganadero con la conformación de este grupo armado ilegal. Pero las pruebas están ahí y por eso el señor Santiago Uribe actualmente enfrenta un juicio penal por sus presuntos vínculos con las Autodefensas del Norte Lechero, el verdadero nombre del grupo paramilitar los Doce Apóstoles, conformado en Yarumal, Antioquia.
El último acto en defensa de los intereses de los Uribe por parte de la Fiscalía es más preocupante. El mayor retirado Juan Carlos Meneses Quintero —uno de los principales testigos en el proceso que se adelanta contra Santiago Uribe por presunta participación en un homicidio— fue capturado por la Fiscalía.
Su abogado, el señor Carlos Toro, dijo que Meneses se presentó voluntariamente a la Sijín y allí le informaron que tenía una orden de captura de una Fiscalía Especializada de Buga, en la noche del 17 de marzo de 2021.
Según la orden de captura, los hechos por los que lo metieron preso son: concierto para delinquir con fines de homicidio en asocio con las Autodefensas, lavado de activos, hurto de combustible y enriquecimiento ilícito, todos presentados entre 2001 y 2002.
Lo preocupante es que Meneses se postuló y fue aceptado en la Justicia Especial para la Paz (JEP) y, por lo tanto, la Fiscalía no tiene competencia para procesarlo ya que, jurídicamente, fue la JEP la entidad que le concedió la libertad condicional en un auto del 5 de abril de 2019. Sólo la JEP puede revocarle la libertad.
Pero eso no parece importarle a la Fiscalía. O parece no entenderlo. Por eso el abogado de Meneses no dudó en establecer que se trata de “una retaliación por sus declaraciones en el caso contra Santiago Uribe”.
Vamos ahí.
Meneses aseguró que cuando estuvo en Yarumal conoció a los ganaderos detrás de ese grupo paramilitar conocido como los Doce Apóstoles, quienes entregaban listas de supuestos colaboradores de la guerrilla que debían ser asesinados. Narró con lujo de detalles varios encuentros, entre ellos uno con el señor Santiago Uribe.
Meneses fue entrevistado por la misma entidad en enero de 2014, cuando el fiscal era Eduardo Montealegre. Meneses —sobre quien también pesaba una medida de aseguramiento por el homicidio del conductor de bus Camilo Barrientos en la localidad de Yarumal— ha estado entregando información a través de diversos mecanismos, en los que vincula a Santiago Uribe con este crimen.
El juicio contra el ganadero Santiago Uribe culminó el 10 de febrero de 2021. El país está a la espera de que el juez del caso anuncie si lo declara culpable o inocente de los cargos que se le imputan, que son homicidio y conformación de grupos ilegales.
Pero la defensa del ganadero parecía anunciar esta reciente medida de la Fiscalía desde el pasado mes de enero, ya que el abogado defensor de los Uribe Vélez, el doctor Jaime Granados, ha centrado su estrategia en desacreditar judicialmente a los testigos, incluido el mismo ganadero Santiago Uribe. Granados empezó por asegurar que el ganadero nunca tuvo contacto —y no conoció— a Camilo Barrientos, cuyo crimen se le imputó. Asegura que el asesinato ya prescribió y que fue un error que hubiera sido declarado como delito de lesa humanidad.
Lo interesante es que Granados anunció que Meneses estuvo protegido en Venezuela antes de reaparecer en Argentina, declarando contra Santiago y Álvaro Uribe. Y se refirió a unos correos en los que el entonces canciller venezolano, Nicolás Maduro, hablaba del caso. Pero, aunque eso sea cierto, recordemos la historia que el abogado Granados ha decidido olvidar.
En febrero de 1992 hicieron su presentación pública en Yarumal las Autodefensas del Norte Lechero, más conocidas como los Doce Apóstoles, a través de un panfleto que distribuyeron bajo las puertas de las casas. En ese momento el alcalde era el liberal Jaime Montes Valencia, quien había sido concejal y juez.
El grupo de autodefensas tenía dos comandos: uno urbano, al mando de alias Pelo de Chonta, y otro rural, al mando de alias Rodrigo o el Mono de los Llanos. Los dos grupos tenían como jefe a Santiago Uribe Vélez, según una declaración de otro importante testigo: el agente retirado Alexánder de Jesús Amaya. Ahora bien, de un tiempo para acá ese testigo ha decidido, sorpresivamente, olvidar todo lo que ya había atestiguado en contra de Uribe.
En 1994, cuando fueron capturados el sacerdote Gonzalo Javier Palacio Palacio y varios comerciantes de Yarumal, salió a la luz pública el nombre de los Doce Apóstoles, apelativo dado por los medios al grupo paramilitar que operaba en Yarumal con apoyo de la Policía.
El mayor Meneses Quintero, quien estuvo en Yarumal entre enero y abril de 1994, le contó a la periodista Olga Behar lo que él conoció sobre las Autodefensas Lecheras y sus crímenes. Todo quedó plasmado en el libro llamado El clan de los Doce Apóstoles.
Lo que no conoció Meneses —sino que hace parte del expediente madre y de los testimonios de exparamilitares ante Justicia y Paz— es que los Doce Apóstoles fueron un proyecto criminal que existió en esa región entre 1990 y 2006, es decir, durante más de 15 años.
En 1996 llegó a Yarumal el comerciante y comprador de ganado Rodrigo Pérez Alzate, quien fundó la convivir Deyavanc (Defensores de Yarumal, Valdivia, Angostura y Campamento), autorizada por el entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez mediante Resolución 42395.
Es importante recordar que, como gobernador, Álvaro Uribe condecoró dos veces al mayor Juan Carlos Meneses. Pura coincidencia.
Fue el presidente Ernesto Samper quien desmanteló las convivir, por haberse convertido en grupos de justicia privada y aliados de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu). En Yarumal, la convivir fue reemplazada por el Grupo de Pérez, al mando de Rodrigo Pérez Alzate, quien con el alias de Julián Bolívar intimidó durante dos años a los pobladores del municipio.
La Fiscalía y la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá le atribuyen al Grupo de Pérez un aproximado de 23 homicidios selectivos entre 1996 y 1997, hasta que Julián Bolívar salió de Yarumal y se integró como mando del Bloque Central Bolívar. Una de las masacres más sangrientas que vivió Yarumal, a manos de las Auc, fue la de Ochalí, cometida el 17 de enero de 2000. Ese lamentable y triste hecho fue ordenado por alias Cuco Vanoy y Salvatore Mancuso, como lo relata una excelente crónica del periodista investigativo Sergio Mesa, quien ha seguido este caso. (Ver El año nuevo negro).
Pues en el nacimiento de esa historia tan violenta de la región se encuentran como piezas clave el ganadero Santiago Uribe y el mayor retirado de la Policía Juan Carlos Meneses Quintero. Y por eso es importante la denuncia que hizo Daniel Coronell en 2014, cuando reveló que en los registros de la Casa de Nariño consta que Meneses ingresó a Palacio el 16 de abril de 2008 para, supuestamente, reunirse con una persona cercana al presidente.
Meneses afirmó en ese momento que tenía en su poder unos contratos y convenios interadministrativos que, según él, fueron adjudicados por el gobierno de Uribe para beneficiarlo por quedarse callado con respecto a todo lo que sabía y conocía del ganadero hermano del presidente.
Meneses contó, con nivel de detalle sorprendente, que su contacto con el presidente Uribe fue un asesor presidencial, conocido suyo de vieja data, a quien le pidió llevar ciertos mensajes. Meneses aseguró que entró a la Casa de Nariño a reunirse con el “amigo común” y que lo hizo por la puerta principal, “no por la de Job”. (Ver “El presidente Uribe me dio contratos para callarme”).
Ahora, como no pueden callarlo, intentan desprestigiarlo y la Fiscalía lo metió a la cárcel de manera irregular, esta vez sí por la puerta de atrás, pero de la justicia.
Tan ilegal fue su detención que a la misma entidad le tocó echar para atrás la decisión el pasado viernes, solo dos días después del arresto, y a regañadientes soltarlo, ya que no tenían autoridad para hacer lo que hicieron.
Pese a que el testigo recuperó su libertad, quedó clara la intención de la Fiscalía que, de nuevo, se evidencia en su actuar como brazo defensor de los intereses del expresidente Uribe en este y otros casos. Una verdadera vergüenza para la justicia.
La Fiscalía General de la Nación, en cabeza de Francisco Barbosa, está actuando como abogada defensora de los intereses personales del expresidente Álvaro Uribe Vélez. No como el ente investigador a cargo de administrar justicia en favor de todos los colombianos.
Me explico.
El primer acto que demostró esto fue el bochornoso episodio —bochornoso para el sistema judicial— de pedir la preclusión de la investigación en contra del exsenador Uribe. Afirma la Fiscalía que Uribe es inocente de haber cometido los delitos de soborno en concurso homogéneo y sucesivo en actuación penal, así como fraude procesal. Esto pese a las grabaciones que existen en su contra y, más importante aún, a que la Corte Suprema había demostrado lo contrario.
Acto seguido, el ente acusador actuó en favor de su hermano, el ganadero Santiago Uribe Vélez. El pasado 24 de noviembre, se inhibió de abrirle investigación formal por presuntamente promocionar la creación del Bloque Suroeste de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que delinquió en los municipios de Amagá, Titiribí y Angelópolis, en Antioquia.
De nuevo, la Fiscalía de Barbosa determinó que no existían pruebas suficientes que permitieran vincular al ganadero con la conformación de este grupo armado ilegal. Pero las pruebas están ahí y por eso el señor Santiago Uribe actualmente enfrenta un juicio penal por sus presuntos vínculos con las Autodefensas del Norte Lechero, el verdadero nombre del grupo paramilitar los Doce Apóstoles, conformado en Yarumal, Antioquia.
El último acto en defensa de los intereses de los Uribe por parte de la Fiscalía es más preocupante. El mayor retirado Juan Carlos Meneses Quintero —uno de los principales testigos en el proceso que se adelanta contra Santiago Uribe por presunta participación en un homicidio— fue capturado por la Fiscalía.
Su abogado, el señor Carlos Toro, dijo que Meneses se presentó voluntariamente a la Sijín y allí le informaron que tenía una orden de captura de una Fiscalía Especializada de Buga, en la noche del 17 de marzo de 2021.
Según la orden de captura, los hechos por los que lo metieron preso son: concierto para delinquir con fines de homicidio en asocio con las Autodefensas, lavado de activos, hurto de combustible y enriquecimiento ilícito, todos presentados entre 2001 y 2002.
Lo preocupante es que Meneses se postuló y fue aceptado en la Justicia Especial para la Paz (JEP) y, por lo tanto, la Fiscalía no tiene competencia para procesarlo ya que, jurídicamente, fue la JEP la entidad que le concedió la libertad condicional en un auto del 5 de abril de 2019. Sólo la JEP puede revocarle la libertad.
Pero eso no parece importarle a la Fiscalía. O parece no entenderlo. Por eso el abogado de Meneses no dudó en establecer que se trata de “una retaliación por sus declaraciones en el caso contra Santiago Uribe”.
Vamos ahí.
Meneses aseguró que cuando estuvo en Yarumal conoció a los ganaderos detrás de ese grupo paramilitar conocido como los Doce Apóstoles, quienes entregaban listas de supuestos colaboradores de la guerrilla que debían ser asesinados. Narró con lujo de detalles varios encuentros, entre ellos uno con el señor Santiago Uribe.
Meneses fue entrevistado por la misma entidad en enero de 2014, cuando el fiscal era Eduardo Montealegre. Meneses —sobre quien también pesaba una medida de aseguramiento por el homicidio del conductor de bus Camilo Barrientos en la localidad de Yarumal— ha estado entregando información a través de diversos mecanismos, en los que vincula a Santiago Uribe con este crimen.
El juicio contra el ganadero Santiago Uribe culminó el 10 de febrero de 2021. El país está a la espera de que el juez del caso anuncie si lo declara culpable o inocente de los cargos que se le imputan, que son homicidio y conformación de grupos ilegales.
Pero la defensa del ganadero parecía anunciar esta reciente medida de la Fiscalía desde el pasado mes de enero, ya que el abogado defensor de los Uribe Vélez, el doctor Jaime Granados, ha centrado su estrategia en desacreditar judicialmente a los testigos, incluido el mismo ganadero Santiago Uribe. Granados empezó por asegurar que el ganadero nunca tuvo contacto —y no conoció— a Camilo Barrientos, cuyo crimen se le imputó. Asegura que el asesinato ya prescribió y que fue un error que hubiera sido declarado como delito de lesa humanidad.
Lo interesante es que Granados anunció que Meneses estuvo protegido en Venezuela antes de reaparecer en Argentina, declarando contra Santiago y Álvaro Uribe. Y se refirió a unos correos en los que el entonces canciller venezolano, Nicolás Maduro, hablaba del caso. Pero, aunque eso sea cierto, recordemos la historia que el abogado Granados ha decidido olvidar.
En febrero de 1992 hicieron su presentación pública en Yarumal las Autodefensas del Norte Lechero, más conocidas como los Doce Apóstoles, a través de un panfleto que distribuyeron bajo las puertas de las casas. En ese momento el alcalde era el liberal Jaime Montes Valencia, quien había sido concejal y juez.
El grupo de autodefensas tenía dos comandos: uno urbano, al mando de alias Pelo de Chonta, y otro rural, al mando de alias Rodrigo o el Mono de los Llanos. Los dos grupos tenían como jefe a Santiago Uribe Vélez, según una declaración de otro importante testigo: el agente retirado Alexánder de Jesús Amaya. Ahora bien, de un tiempo para acá ese testigo ha decidido, sorpresivamente, olvidar todo lo que ya había atestiguado en contra de Uribe.
En 1994, cuando fueron capturados el sacerdote Gonzalo Javier Palacio Palacio y varios comerciantes de Yarumal, salió a la luz pública el nombre de los Doce Apóstoles, apelativo dado por los medios al grupo paramilitar que operaba en Yarumal con apoyo de la Policía.
El mayor Meneses Quintero, quien estuvo en Yarumal entre enero y abril de 1994, le contó a la periodista Olga Behar lo que él conoció sobre las Autodefensas Lecheras y sus crímenes. Todo quedó plasmado en el libro llamado El clan de los Doce Apóstoles.
Lo que no conoció Meneses —sino que hace parte del expediente madre y de los testimonios de exparamilitares ante Justicia y Paz— es que los Doce Apóstoles fueron un proyecto criminal que existió en esa región entre 1990 y 2006, es decir, durante más de 15 años.
En 1996 llegó a Yarumal el comerciante y comprador de ganado Rodrigo Pérez Alzate, quien fundó la convivir Deyavanc (Defensores de Yarumal, Valdivia, Angostura y Campamento), autorizada por el entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez mediante Resolución 42395.
Es importante recordar que, como gobernador, Álvaro Uribe condecoró dos veces al mayor Juan Carlos Meneses. Pura coincidencia.
Fue el presidente Ernesto Samper quien desmanteló las convivir, por haberse convertido en grupos de justicia privada y aliados de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu). En Yarumal, la convivir fue reemplazada por el Grupo de Pérez, al mando de Rodrigo Pérez Alzate, quien con el alias de Julián Bolívar intimidó durante dos años a los pobladores del municipio.
La Fiscalía y la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá le atribuyen al Grupo de Pérez un aproximado de 23 homicidios selectivos entre 1996 y 1997, hasta que Julián Bolívar salió de Yarumal y se integró como mando del Bloque Central Bolívar. Una de las masacres más sangrientas que vivió Yarumal, a manos de las Auc, fue la de Ochalí, cometida el 17 de enero de 2000. Ese lamentable y triste hecho fue ordenado por alias Cuco Vanoy y Salvatore Mancuso, como lo relata una excelente crónica del periodista investigativo Sergio Mesa, quien ha seguido este caso. (Ver El año nuevo negro).
Pues en el nacimiento de esa historia tan violenta de la región se encuentran como piezas clave el ganadero Santiago Uribe y el mayor retirado de la Policía Juan Carlos Meneses Quintero. Y por eso es importante la denuncia que hizo Daniel Coronell en 2014, cuando reveló que en los registros de la Casa de Nariño consta que Meneses ingresó a Palacio el 16 de abril de 2008 para, supuestamente, reunirse con una persona cercana al presidente.
Meneses afirmó en ese momento que tenía en su poder unos contratos y convenios interadministrativos que, según él, fueron adjudicados por el gobierno de Uribe para beneficiarlo por quedarse callado con respecto a todo lo que sabía y conocía del ganadero hermano del presidente.
Meneses contó, con nivel de detalle sorprendente, que su contacto con el presidente Uribe fue un asesor presidencial, conocido suyo de vieja data, a quien le pidió llevar ciertos mensajes. Meneses aseguró que entró a la Casa de Nariño a reunirse con el “amigo común” y que lo hizo por la puerta principal, “no por la de Job”. (Ver “El presidente Uribe me dio contratos para callarme”).
Ahora, como no pueden callarlo, intentan desprestigiarlo y la Fiscalía lo metió a la cárcel de manera irregular, esta vez sí por la puerta de atrás, pero de la justicia.
Tan ilegal fue su detención que a la misma entidad le tocó echar para atrás la decisión el pasado viernes, solo dos días después del arresto, y a regañadientes soltarlo, ya que no tenían autoridad para hacer lo que hicieron.
Pese a que el testigo recuperó su libertad, quedó clara la intención de la Fiscalía que, de nuevo, se evidencia en su actuar como brazo defensor de los intereses del expresidente Uribe en este y otros casos. Una verdadera vergüenza para la justicia.