18 Jul 2021 - 5:30 a. m.

Las pruebas son eternas

Yohir Akerman

Yohir Akerman

Columnista

Las decisiones judiciales hay que respetarlas y acatarlas. Todas. No solo las que confirman las posiciones personales o las que creemos convenientes u oportunas, como hace el expresidente imputado Álvaro Uribe Vélez.

Pero respetarlas y acatarlas no quiere decir que algunas no merezcan una revisión cuidadosa. Como la del pasado 12 de julio, en la que el juez 56 de conocimiento de Bogotá absolvió a César Mauricio Velásquez, exsecretario de prensa de la Presidencia, y a Edmundo del Castillo, exsecretario jurídico de la Presidencia en el gobierno de Uribe.

Estos exsecretarios eran juzgados por el plan de desprestigio que se planeó contra la Corte Suprema de Justicia. En ese plan participaron agentes de la antigua agencia de espionaje o Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), en hechos por los que sí fueron condenados Bernardo Moreno Villegas, secretario general de la Presidencia, y María del Pilar Hurtado Afanador, exdirectora del DAS.

Según el juez del proceso, la Fiscalía no aportó pruebas que vincularan a Velázquez y a Del Castillo con el plan de desprestigio contra la Corte Suprema de Justicia. “… en atención a que las pruebas de cargo debatidas en juicio oral no permitieron a esta autoridad judicial arribar al conocimiento más allá de duda razonable sobre la autoría en la comisión de los hechos y su responsabilidad frente al delito por el cual fueron llamados a juicio en calidad de autores”.

Qué extraño, o mejor qué predecible que la Fiscalía en manos de Francisco Barbosa, fiel escudero del imputado Álvaro Uribe Vélez, no aporte las evidencias que demuestran que los secretarios del entonces presidente complotaron presuntamente contra la Corte Suprema.

Las evidencias existen.

Por eso, revisemos cuáles son esas pruebas que parece que a la Fiscalía se le embolataron en algún cajón. La investigación en contra de Velásquez y Del Castillo la comenzó el fiscal Mario Iguarán Arana en febrero de 2009. En abril de ese año, se allanaron las instalaciones del DAS, de donde salieron muchos de los documentos y relatos que hoy extrañamente se encuentran extraviados por la Fiscalía.

Para entender lo que salió de ese allanamiento del DAS, lo mejor es hacer una bitácora de la penúltima semana de abril de 2008, una de las más difíciles que vivió el entonces presidente Uribe en sus ocho años de gobierno. En esos días se realizaron varias reuniones por las que hay gente condenada y se cometieron hechos que involucran a los exsecretarios de la Presidencia en tres episodios del escándalo de escuchas ilegales, conocido como “las chuzadas”. Además del denominado espionaje del “paseo” de los magistrados a Neiva y la visita clandestina del exparamilitar alias Job al Palacio de Nariño.

Tal y como lo plantea el libro ChuzaDAS: ocho años de espionaje y barbarie, del periodista Julián Martínez, lo que sucedió en la Casa de Nariño en esas fechas comprueba la asociación criminal que se tejió entre la Presidencia de la República, la organización narcoparamilitar denominada la Oficina de Envigado, el extinto DAS y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Ministerio de Hacienda.

Empecemos.

El domingo 20 de abril de 2008, el informativo de televisión Noticias Uno, que para la época dirigía el periodista Daniel Coronell, reveló el testimonio de la excongresista Yidis Medina, grabado en agosto de 2004. En ese testimonio, Medina aseguró que el gobierno de Álvaro Uribe le compró su voto para el trámite legislativo que permitió su reelección en 2006.

Desde ese día, en la Casa de Nariño comenzaron a elaborar una intensa campaña difamatoria contra Daniel Coronell y Yidis Medina, con el objetivo de quitarle credibilidad a la revelación de Noticias Uno y a la versión de la ex representante a la Cámara.

Producto de la investigación de Coronell, no sólo fue condenada por cohecho Yidis Medina, sino también Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio, exministros del gobierno de Uribe.

Pues los informes sobre las declaraciones de Yidis Medina, realizados por el extinto DAS, eran recibidos por César Mauricio Velásquez. Así lo muestra un documento hasta ahora inédito, con fecha del 24 de abril de 2008 y radicado B3-71837-1, encontrado en el famoso allanamiento.

El lunes, la entonces directora del DAS coordinó una reunión entre César Mauricio Velásquez con el capitán Jorge Alberto Lagos, subdirector de Contrainteligencia del DAS. El objetivo era entregarle información confidencial de inteligencia obtenida, sin orden judicial, sobre un viaje de los magistrados de la Corte Suprema a Neiva en 2006, con el propósito de vincularlos, falsamente, con un escándalo narcotráfico. Lagos fue a la Casa de Nariño, se encontró con Velásquez y le entregó información, pues se sabía que la Corte iba a arrestar al primo del presidente Uribe en cualquier momento.

Según documentos del DAS, cuando Lagos se reunió con Velásquez alrededor de las 3:00 p.m. y le contó sobre el viaje de Neiva, el secretario de prensa de Presidencia tomó el teléfono y llamó al entonces asesor presidencial José Obdulio Gaviria para que hiciera presencia en el lugar. Una vez allí, se sentaron los tres a socializar los hallazgos que había obtenido Contrainteligencia sobre el tema. Según el capitán Lagos, Gaviria y Velásquez solicitaron tener copia de los documentos obtenidos de manera ilegal por el DAS.

Al día siguiente capturaron al senador Mario Uribe Escobar, expresidente del Congreso y primo del mandatario, quien intentó fugarse del país solicitando asilo político en la Embajada de Costa Rica. Mario Uribe fue enviado a prisión por sus nexos con grupos paramilitares.

El miércoles 23 de abril, a las 6:30 p.m., ingresaron por el sótano de la Casa de Nariño, con autorización del jefe de Estado, los siguientes personajes: Severo Antonio López Jiménez, alias Job, vocero de los paramilitares; Diego Álvarez, abogado de Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, jefe máximo de la Oficina de Envigado; el exgobernador del Cauca, Juan José Chaux Mosquera, condenado por sus vínculos con las autodefensas, y el lobista Óscar Iván Palacio. Lo hicieron para reunirse con Edmundo del Castillo, secretario jurídico de la Presidencia, y César Mauricio Velásquez, jefe de prensa de Álvaro Uribe.

Los representantes de los paramilitares mostraron unas grabaciones de video y audio, con las que pretendían ensuciar al magistrado Iván Velásquez y, de esta manera, ayudar al Palacio de Nariño a desprestigiar los procesos por parapolítica. A cambio, la tarea de alias Job y del abogado de Don Berna era convencer a los secretarios de Uribe para que el primer mandatario no firmara la extradición del jefe de la Oficina de Envigado.

El director de Inteligencia del DAS, Fernando Tabares, aseguró ante la Fiscalía que lo importante del encuentro entre paramilitares y los secretarios del presidente fue que la intención de dicha reunión era afectar al magistrado Iván Velásquez. Algo similar a lo que se pretendía con el famoso caso Tasmania.

En el encuentro también participó Martha Inés Leal Llanos, subdirectora de Operaciones del DAS, delegada por María del Pilar Hurtado para participar en la oscura reunión. Según Leal Llanos, ahí también se discutió la interceptación ilegal de las comunicaciones de varias personas, para lograr el objetivo de manchar la carrera del magistrado.

Así de claro y así de sencillo.

Ahora bien, no se puede olvidar que era el mismo César Mauricio Velásquez, según los relatos de los testigos, el encargado también de visitar la UIAF para recoger pruebas ilegales de las cuentas bancarias de esos mismos magistrados. Es decir, no solo los chuzaron, sino que les espiaron su vida económica. Todo por investigar al primo del presidente Uribe y la parapolítica.

Ese 24 de abril, 24 horas después de la reunión con los voceros de los paramilitares, hubo un nuevo encuentro en la Presidencia de la República para vincular a un señor llamado Ascencio Reyes Serrano, un empresario huilense que había hecho un homenaje al magistrado Yesid Ramírez Bastidas, con actividades del narcotráfico.

A la Casa de Nariño llegó ese día la directora del DAS, María del Pilar Hurtado, acompañada por Fernando Tabares y Jorge Alberto Lagos, directores de Inteligencia y Contrainteligencia, para sostener una reunión con Bernardo Moreno, el asesor presidencial José Obdulio Gaviria, César Mauricio Velásquez y el director de la UIAF, Mario Alejandro Aranguren.

Por estos hechos hay condenas en firme.

Recordemos que cuando el entonces procurador general Alejandro Ordóñez destituyó e inhabilitó por 18 años a Bernardo Moreno Villegas, en su condición de secretario general de la Presidencia por “extralimitación de sus funciones”, en el marco del escándalo de las chuzadas, argumentó que la decisión también se daba por la participación de este en la reunión que se llevó a cabo en la Casa de Nariño el 24 de abril de 2008.

Al final de esa semana, César Mauricio Velásquez filtró la información de inteligencia obtenida de forma ilegal, puesto que no existía orden judicial, sobre los movimientos de los magistrados en la reunión que tuvieron en Neiva en 2006, con el propósito de vincularlos falsamente con narcotráfico.

El fin de semana del 25 y 26 de abril de 2008 el contenido, según el plan de la reunión, fue publicado en la revista Semana, en un artículo titulado “El mecenas de la justicia”. Semana tuvo que rectificar la información, cuando su entonces director, Alejandro Santos, descubrió que se trataba de un montaje promovido por la Casa de Nariño.

Aunque el expresidente imputado Álvaro Uribe celebró la decisión del juzgado 56 de absolver a sus exsecretarios Velásquez y Del Castillo por el escándalo de las chuzadas en contra de la Corte Suprema de Justicia y dijo que “la injusticia no es eterna”, lo que tiene que recordar es que las pruebas y la evidencia en contra de sus funcionarios sí son eternas. Esto, pese a que ahora la Fiscalía las prefiera engavetar por completo.

@yohirakerman, akermancolumnista@gmail.com

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