La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) adelantó la tercera audiencia de versión voluntaria del terrorífico general retirado Rito Alejo del Río, en la que la respuesta favorita del militar fue: no recuerdo.
Esta reciente audiencia se trató sobre el macrocaso que investiga la JEP por el exterminio de la Unión Patriótica (UP). El militar retirado no perdió oportunidad para alejarse de sus probados nexos con las autodefensas y hasta dijo que no recuerda la masacre cometida contra miembros del partido político de izquierda.
Pues démosle al general en retiro un amable recorderis.
Entre 1984 y 1997, hay documentadas 415 masacres contra miembros de la Unión Patriótica, según el libro Unión Patriótica: Expedientes contra el olvido, de Roberto Romero Ospina, publicado por el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.
Cuando Jaime Pardo Leal, en una campaña de pocos meses, obtuvo en las elecciones presidenciales de 1986 cerca del 5% del electorado, la ultraderecha colombiana se intranquilizó.
El caso de Urabá es muy representativo, donde la UP se alzó con casi todas las alcaldías de esa región bananera y agrícola de Antioquia.
En la página 345 del mencionado libro se lee: “Los paramilitares, en connivencia con sectores de las Fuerzas Armadas, arrasaron con la UP en una verdadera operación de exterminio con generales como Rito Alejo del Río, el famoso pacificador al estilo Morillo. Allí pusieron en práctica la famosa Operación Retorno, acuñada por el propio Ejército y que no era otra cosa que permitir las condiciones para que regresaran, a sangre y fuego, los viejos barones de la politiquería liberal conservadora que habían sido derrotados pacíficamente en las urnas por la UP”.
Aunque los grupos paramilitares o de autodefensas estuvieron, en un principio, amparados por la ley, en su evolución fueron quedando al servicio de grandes propietarios rurales y de narcotraficantes interesados en proteger sus territorios.
El origen de estos grupos, tal como se conocen hoy en día, se remonta a comienzos de la década de los 80, con la creación del grupo Muerte a Secuestradores (MAS) por parte de sectores del narcotráfico afectados por los secuestros de la guerrilla.
El MAS surgió en 1981, cuando no se había producido la guerra entre los carteles de Medellín y de Cali. El antecedente fue el aumento de las presiones de las guerrillas a los narcotraficantes y el hecho que usaron para justificar su conformación fue el secuestro de Marta Nieves Ochoa, hermana de los hermanos Ochoa, unos de los líderes del cartel de Medellín, ocurrido el 12 de noviembre de 1981.
Posteriormente, el 5 de marzo de 1986, se dio la mascare de Campo Capote en la que 60 paramilitares del MAS, acompañados de unidades militares, incursionaron en Campo Capote, donde torturaron, desaparecieron y asesinaron a los miembros de la UP.
El día anterior a la masacre, militares de la Brigada XIV hicieron presencia en Puerto Nuevo y Puerto Parra y con ellos un grupo de 30 paramilitares recorrieron los municipios en busca de los líderes de la Unión Patriótica, dando como resultado ocho personas asesinadas, siete desaparecidas y cinco heridos.
Cosas difíciles de olvidar.
Pese a eso, Rito Alejo lo intentó y eso quedó registrado a las tres horas y dos minutos de la audiencia, cuando el magistrado Gustavo Salazar Arbeláez de la JEP lo desnudó en sus mentiras. (Ver Audiencia).
JEP: Señor Del Río, Campo Capote estaba bajo su jurisdicción el 5 de marzo de 1986, usted era comandante. Esa masacre la cometieron paramilitares, ¿cómo explica usted esto?
Rito Alejo del Río: Doctor, yo voy a verificar, porque para esa época yo no tengo presente que se hubiera cometido ninguna masacre. Las masacres fueron posteriores.
JEP: Señor Del Río, el dato está, no solo es un dato oficial, incorporado al expediente, sino que además hay otro tipo de pruebas. La masacre sucedió, los nombres de las personas existen, eran militantes de la Unión Patriótica. Se cometió cuando el batallón estaba bajo su jurisdicción y la zona de Campo Capote estaba en su jurisdicción, ¿cómo explica usted eso?
Del Río: Yo realmente no me acuerdo, porque eso ya fue hace…
JEP: ¿No recuerda una masacre, señor Del Río, una masacre de estas dimensiones?
Del Río: No, no, no. No la tengo presente, señor magistrado.
Ante la sorpresiva y olvidadiza respuesta de del Río, el magistrado Salazar exhibió un informe de inteligencia del extinto DAS, con fecha de febrero de 1990, escrito por Óscar de Jesús Echandía Sánchez, un mayor retirado del Ejército a quien le decían Chocolate.
Chocolate dijo que el entonces teniente coronel Del Río, comandante del Batallón Girardot de Medellín, usaba una fuente como intermediaria para las razones que le enviaba a Henry Pérez sobre los posibles operativos en la zona de Puerto Boyacá y nombres del personal del Ejército con quienes se podía o no tratar para que colaboraran con las autodefensas y el narcotráfico.
Aunque del Río dijo que esto era complemente falso, hay varios testigos —exmilitares, exparamilitares y narcos— que lo vinculan como partícipe en esa y en otras 70 masacres de la región.
En esas que terminaron en el exterminio de los miembros de la Unión Patriótica, gracias a que el Ejército se alió con los narcos y el paramilitarismo para acabar con la izquierda política. Los votos de la democracia se reemplazaron por las balas y el Estado fue suplantado por la criminalidad.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) adelantó la tercera audiencia de versión voluntaria del terrorífico general retirado Rito Alejo del Río, en la que la respuesta favorita del militar fue: no recuerdo.
Esta reciente audiencia se trató sobre el macrocaso que investiga la JEP por el exterminio de la Unión Patriótica (UP). El militar retirado no perdió oportunidad para alejarse de sus probados nexos con las autodefensas y hasta dijo que no recuerda la masacre cometida contra miembros del partido político de izquierda.
Pues démosle al general en retiro un amable recorderis.
Entre 1984 y 1997, hay documentadas 415 masacres contra miembros de la Unión Patriótica, según el libro Unión Patriótica: Expedientes contra el olvido, de Roberto Romero Ospina, publicado por el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.
Cuando Jaime Pardo Leal, en una campaña de pocos meses, obtuvo en las elecciones presidenciales de 1986 cerca del 5% del electorado, la ultraderecha colombiana se intranquilizó.
El caso de Urabá es muy representativo, donde la UP se alzó con casi todas las alcaldías de esa región bananera y agrícola de Antioquia.
En la página 345 del mencionado libro se lee: “Los paramilitares, en connivencia con sectores de las Fuerzas Armadas, arrasaron con la UP en una verdadera operación de exterminio con generales como Rito Alejo del Río, el famoso pacificador al estilo Morillo. Allí pusieron en práctica la famosa Operación Retorno, acuñada por el propio Ejército y que no era otra cosa que permitir las condiciones para que regresaran, a sangre y fuego, los viejos barones de la politiquería liberal conservadora que habían sido derrotados pacíficamente en las urnas por la UP”.
Aunque los grupos paramilitares o de autodefensas estuvieron, en un principio, amparados por la ley, en su evolución fueron quedando al servicio de grandes propietarios rurales y de narcotraficantes interesados en proteger sus territorios.
El origen de estos grupos, tal como se conocen hoy en día, se remonta a comienzos de la década de los 80, con la creación del grupo Muerte a Secuestradores (MAS) por parte de sectores del narcotráfico afectados por los secuestros de la guerrilla.
El MAS surgió en 1981, cuando no se había producido la guerra entre los carteles de Medellín y de Cali. El antecedente fue el aumento de las presiones de las guerrillas a los narcotraficantes y el hecho que usaron para justificar su conformación fue el secuestro de Marta Nieves Ochoa, hermana de los hermanos Ochoa, unos de los líderes del cartel de Medellín, ocurrido el 12 de noviembre de 1981.
Posteriormente, el 5 de marzo de 1986, se dio la mascare de Campo Capote en la que 60 paramilitares del MAS, acompañados de unidades militares, incursionaron en Campo Capote, donde torturaron, desaparecieron y asesinaron a los miembros de la UP.
El día anterior a la masacre, militares de la Brigada XIV hicieron presencia en Puerto Nuevo y Puerto Parra y con ellos un grupo de 30 paramilitares recorrieron los municipios en busca de los líderes de la Unión Patriótica, dando como resultado ocho personas asesinadas, siete desaparecidas y cinco heridos.
Cosas difíciles de olvidar.
Pese a eso, Rito Alejo lo intentó y eso quedó registrado a las tres horas y dos minutos de la audiencia, cuando el magistrado Gustavo Salazar Arbeláez de la JEP lo desnudó en sus mentiras. (Ver Audiencia).
JEP: Señor Del Río, Campo Capote estaba bajo su jurisdicción el 5 de marzo de 1986, usted era comandante. Esa masacre la cometieron paramilitares, ¿cómo explica usted esto?
Rito Alejo del Río: Doctor, yo voy a verificar, porque para esa época yo no tengo presente que se hubiera cometido ninguna masacre. Las masacres fueron posteriores.
JEP: Señor Del Río, el dato está, no solo es un dato oficial, incorporado al expediente, sino que además hay otro tipo de pruebas. La masacre sucedió, los nombres de las personas existen, eran militantes de la Unión Patriótica. Se cometió cuando el batallón estaba bajo su jurisdicción y la zona de Campo Capote estaba en su jurisdicción, ¿cómo explica usted eso?
Del Río: Yo realmente no me acuerdo, porque eso ya fue hace…
JEP: ¿No recuerda una masacre, señor Del Río, una masacre de estas dimensiones?
Del Río: No, no, no. No la tengo presente, señor magistrado.
Ante la sorpresiva y olvidadiza respuesta de del Río, el magistrado Salazar exhibió un informe de inteligencia del extinto DAS, con fecha de febrero de 1990, escrito por Óscar de Jesús Echandía Sánchez, un mayor retirado del Ejército a quien le decían Chocolate.
Chocolate dijo que el entonces teniente coronel Del Río, comandante del Batallón Girardot de Medellín, usaba una fuente como intermediaria para las razones que le enviaba a Henry Pérez sobre los posibles operativos en la zona de Puerto Boyacá y nombres del personal del Ejército con quienes se podía o no tratar para que colaboraran con las autodefensas y el narcotráfico.
Aunque del Río dijo que esto era complemente falso, hay varios testigos —exmilitares, exparamilitares y narcos— que lo vinculan como partícipe en esa y en otras 70 masacres de la región.
En esas que terminaron en el exterminio de los miembros de la Unión Patriótica, gracias a que el Ejército se alió con los narcos y el paramilitarismo para acabar con la izquierda política. Los votos de la democracia se reemplazaron por las balas y el Estado fue suplantado por la criminalidad.