10 Oct 2021 - 5:30 a. m.

Ni justicia, ni verdad, ni reparación

Yohir Akerman

Yohir Akerman

Columnista

Muy importante labor la que está haciendo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) al darles voz a las víctimas de secuestro de la extinta guerrilla de las Farc. Entre otras, porque se ha demostrado que las víctimas se encuentran en el peor de los mundos. Se sienten, por un lado, abandonadas por el Estado y, por el otro, engañadas por declaraciones de los exguerrilleros desmovilizados.

Las dos cosas son ciertas.

1.113 víctimas han presentado observaciones escritas a las versiones entregadas por los comparecientes de las Farc en el caso 01, conocido como el de secuestro. Toda la información ha sido recogida por la Sala de la JEP y ha sido incluida en el expediente judicial. Por eso 2.664 víctimas adicionales han sido convocadas a participar en la audiencia de observaciones.

La magistrada Julieta Lemaitre, relatora del caso, anotó acertadamente que esa es una verdad “que solo puede ser dicha por quienes vivieron de manera directa la violencia”: los secuestrados.

En enero de 2018, la hoy precandidata presidencial María Fernanda Cabal soltó una frase que ha repetido en coro una y otra vez la bancada de gobierno, y es que “la JEP fue diseñada a la medida de las Farc para protegerlos”. Eso se desmoronó el pasado 28 de enero de este año, cuando la JEP imputó al antiguo Secretariado de las Farc por crímenes de guerra y de lesa humanidad dentro del contexto del caso de secuestro.

La Sala ha sido contundente al determinar que la gravedad del maltrato que vivieron las víctimas se presentó, en algunos casos, con independencia de su condición de civiles o miembros de la fuerza pública. Esto quiere decir que algunos militares y policías privados de la libertad sufrieron condiciones de igual gravedad que los civiles, constituyéndose en crímenes de guerra.

Muy acertado.

Por eso son tan importantes los relatos de las víctimas que se están escuchando en la JEP, para establecer la verdad que los exmiembros de las Farc no han querido entregar. Por ejemplo, el exgobernador del Meta Alan Jara cuestionó unos planos entregados por la guerrilla sobre las zonas en las que tenían a los secuestrados y en los cuales se veían salas de televisión.

Es decir, las Farc entregaron unos planos de las áreas donde tenían a los secuestrados que parecían sitios de spa, con salas de televisión, camas y otras comodidades, cuando en realidad tenían a las víctimas encadenadas y en condiciones infrahumanas.

Lo que ahora es claro es que no se puede reparar si no se dice la verdad. Y la verdad la tienen que empezar a dar los exmiembros de las Farc.

Pero eso es mejor en palabras de las víctimas. La hija del agente de la Policía Nacional Víctor Julio Sierra Gélvez fue la primera víctima en tomar la palabra en el desarrollo de ese caso. El rastro de su padre lo perdió el 21 de enero de 2001, tras un enfrentamiento entre las Farc y el Ejército. En el operativo algunos secuestrados fueron rescatados. Sin embargo, desde ese día no volvieron a tener pruebas de supervivencia de Víctor Julio, a quien continúa buscando.

Anyela Sierra, hija de Víctor Julio, dijo: “Si es una oportunidad que les están dando a las Farc y hablamos de reparación, paz y justicia, decir la verdad es simplemente decir la verdad. No hay que poner tantas arandelas, no hay que inventar tanto, no hay que evadir tanto”.

Así como se oye.

El teniente Carlos Martín Valencia fue la segunda víctima acreditada que intervino. Fue secuestrado el 20 de marzo de 1991 y estuvo retenido 8 meses en el Magdalena Medio. Las Farc lo tomaron en cautiverio después de 16 horas de combate entre miembros de la fuerza pública y un grupo de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar.

Sobre las versiones de los exmiembros de las Farc, el teniente Carlos Martín dijo: “No es aproximada la verdad en muchas circunstancias. No pretendo entrar en un juego eterno de quién dice la verdad. No sé si el ser imprecisos obedezca a una estrategia jurídica”.

La tercera víctima que tomó la palabra, quien solicitó reserva de su identidad, fue secuestrado el 3 de agosto de 1998 en la base antinarcóticos de Miraflores. Antes de concluir su intervención manifestó que “los tratos inhumanos a los que fuimos llevados no tenían razón de ser. Yo quiero decirles a ellos [Farc] que aprovechen esta oportunidad que les está dando la sociedad colombiana (...), que no vuelvan a delinquir diciendo mentiras”.

Y así sucesivamente.

Una situación en que se revictimiza a las víctimas al engañar sobre sus condiciones reales de cautiverio.

Pero esto no es nuevo. Un documento de 2007 de Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, encontrado por las autoridades establecía que las “retenciones ilegales” eran “antipopulares”, al tiempo que reiteraba su importancia como “la principal fuente de financiación por mucho más tiempo”. Qué descaro.

Por eso el informe de la JEP es tajante y acertado al establecer que “privar a las personas de su libertad y condicionar su liberación, así como su bienestar, su integridad y su vida, fue un crimen de guerra”.

Como producto de este crimen, la Sala de Reconocimiento también les imputó acertadamente a los antiguos miembros del Secretariado otros crímenes de guerra relacionados con el trato a los secuestrados, como homicidio, tortura, tratos crueles, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.

Para eso, la Sala de Reconocimiento comparó los informes de la Fiscalía, organizaciones y otras entidades del Estado en los que identificaron, con nombre y cédula, a 21.396 víctimas de secuestro. Al contrastar este listado con el de reportados como muertos y desaparecidos en el Registro Único de Víctimas, la Sala identificó que casi el 9% de las víctimas de secuestro fueron desaparecidas y el 3% asesinadas con entrega de cuerpo.

A nombre de todas esas víctimas y sus familias, y por el respeto a la historia de Colombia y al proceso de paz, los miembros de la extinta guerrilla de las Farc deben empezar a decir la completa verdad sobre el secuestro, ya que es el primer paso para que exista justicia y reparación.

Si por el contrario siguen engañando sobre las condiciones reales en las que tenían a los retenidos, los vuelven a secuestrar emocionalmente y asesinan su memoria y su derecho a vivir en libertad. De ahí la importancia de la JEP y también la importancia de que el Estado acompañe a las víctimas de esta guerra, que es la misma a la que este Gobierno quiere volver. Así de claro y así de sencillo.

@yohirakerman, akermancolumnista@gmail.com

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