El exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias ha tenido dos estrategias en su defensa para no ser extraditado: una mediática y otra jurídica. Y las dos son bastante diferentes entre sí.
En la de medios de comunicación de Colombia y redes sociales el prófugo de la justicia se ha centrado en establecer que es un perseguido político por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Una víctima. Que todo es un montaje que le armaron por sus aspiraciones presidenciales. Y, sorpresivamente, que su pedido de extradición es parte de las exigencias que hizo las Farc en la negociación de paz.
Absurdo.
Para eso el exministro Arias ha promovido mensajes y creado hashtags como: presos por pensar diferente; Arias perseguido; Santos persigue a la oposición e, incluso, ha comparado su caso con el de presos políticos como Leopoldo López en Venezuela o el de Nelson Mandela en Suráfrica. (Ver Presos y perseguidos)
El expresidente Álvaro Uribe Vélez ha ratificado el mensaje de persecución en su cuenta de Twitter e incluso sacó un video en el que argumenta, como prueba reina de la injusta cacería, que Arias no se robó un solo peso. (Ver Uribe el 8 de enero de 2017)
Frente a eso es importante tener en cuenta que hay otros delitos en el Código Penal colombiano que también dan prisión y por los cuales hay que pedir extradición para los prófugos de la justicia, como lo son la celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales y el peculado por apropiación a favor de terceros.
Ambos delitos cometidos por Arias.
Incluso el Procurador de ese momento Alejandro Ordóñez, un fiel aliado político de Arias y el grupo uribista, dijo el 20 de julio de 2011 que se sentía ‘estupefacto, horrorizado y desconcertado’, por la actuación de Andrés Felipe Arias al entregar contratos a dedo y regalar millonarios recursos estatales destinados a los campesinos, a poderosos empresarios contribuyentes de las campañas de Álvaro Uribe en 2002 y 2006. (Ver Faltas fueron graves y desconcertantes: Ministerio Público)
Es decir: ni persecución política de Santos, ni injusticia, ni montaje. Simplemente, delitos penales que tienen que ser pagados.
Ahora bien, la estrategia jurídica frente a la Corte Federal de la Florida que ve su caso de extradición ha sido completamente diferente. En el más reciente documento entregado por la defensa de Arias al juez John J. O‘Sullivan el 6 de enero de este año, no se menciona ni una vez la palabra persecución. (Ver Response Case No. 16-23468)
Es más, al leer los documentos de este proceso lo que se demuestra es que la insistencia para extraditar a Arias a Colombia ha sido del Fiscal de Estados Unidos, Robert J. Emery cumpliendo su labor legal, y no de la administración Santos como el uribismo afirma de manera falaz.
Van unos datos recientes.
El 16 de diciembre de 2016, el fiscal Emery le entregó un memorando al juez O‘Sullivan sobre la validez del tratado de extradición entre Estados Unidos y Colombia, que la defensa de Arias puso en tela de juicio.
En el documento se establece que la Fiscalía de Estados Unidos le solicitó de manera oficial un concepto sobre el tema a un asesor jurídico de la Oficina Jurídica del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
El doctor Tom Heinemann entregó una declaración juramentada al fiscal Emery como una de las personas encargadas de manejar los pedidos de extradición del Departamento de Estado estableciendo que la extradición estaba en sano funcionamiento. (Ver Supplemental Declaration of Tom Heinemann)
En ese documento el doctor Heinemann además adjuntó una carta de la Embajada de Colombia en Washington que se elabora a pedido del Departamento de Estado de Estados Unidos, en la que se establece que el tratado de extradición sí está vigente y se debe aplicar en el caso del exministro Arias, ya que tiene un pedido de la Corte Suprema de Justicia. Sin discusión. (Ver Ministerio de Relaciones Exteriores S-DM-16-109804)
Esta cadena de comunicaciones evidencia que la Fiscalía de Estados Unidos es la que se ha encargado de pedir enérgicamente toda la documentación para demostrar la jurisdicción y asegurar la propia y legal extradición de Arias. No ha sido el gobierno de Santos como Arias y el uribismo lo han gritado en los medios y las redes sociales.
Por eso es errado e injusto atacar al Ministerio de Relaciones Exteriores y al gobierno por seguir la ley en este caso, como también lo es pedir que se perdone al exministro Arias porque él prefirió no seguir la ley en el caso de Agro Ingreso Seguro.
@yohirakerman
akermancolumnista@gmail.com
El exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias ha tenido dos estrategias en su defensa para no ser extraditado: una mediática y otra jurídica. Y las dos son bastante diferentes entre sí.
En la de medios de comunicación de Colombia y redes sociales el prófugo de la justicia se ha centrado en establecer que es un perseguido político por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Una víctima. Que todo es un montaje que le armaron por sus aspiraciones presidenciales. Y, sorpresivamente, que su pedido de extradición es parte de las exigencias que hizo las Farc en la negociación de paz.
Absurdo.
Para eso el exministro Arias ha promovido mensajes y creado hashtags como: presos por pensar diferente; Arias perseguido; Santos persigue a la oposición e, incluso, ha comparado su caso con el de presos políticos como Leopoldo López en Venezuela o el de Nelson Mandela en Suráfrica. (Ver Presos y perseguidos)
El expresidente Álvaro Uribe Vélez ha ratificado el mensaje de persecución en su cuenta de Twitter e incluso sacó un video en el que argumenta, como prueba reina de la injusta cacería, que Arias no se robó un solo peso. (Ver Uribe el 8 de enero de 2017)
Frente a eso es importante tener en cuenta que hay otros delitos en el Código Penal colombiano que también dan prisión y por los cuales hay que pedir extradición para los prófugos de la justicia, como lo son la celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales y el peculado por apropiación a favor de terceros.
Ambos delitos cometidos por Arias.
Incluso el Procurador de ese momento Alejandro Ordóñez, un fiel aliado político de Arias y el grupo uribista, dijo el 20 de julio de 2011 que se sentía ‘estupefacto, horrorizado y desconcertado’, por la actuación de Andrés Felipe Arias al entregar contratos a dedo y regalar millonarios recursos estatales destinados a los campesinos, a poderosos empresarios contribuyentes de las campañas de Álvaro Uribe en 2002 y 2006. (Ver Faltas fueron graves y desconcertantes: Ministerio Público)
Es decir: ni persecución política de Santos, ni injusticia, ni montaje. Simplemente, delitos penales que tienen que ser pagados.
Ahora bien, la estrategia jurídica frente a la Corte Federal de la Florida que ve su caso de extradición ha sido completamente diferente. En el más reciente documento entregado por la defensa de Arias al juez John J. O‘Sullivan el 6 de enero de este año, no se menciona ni una vez la palabra persecución. (Ver Response Case No. 16-23468)
Es más, al leer los documentos de este proceso lo que se demuestra es que la insistencia para extraditar a Arias a Colombia ha sido del Fiscal de Estados Unidos, Robert J. Emery cumpliendo su labor legal, y no de la administración Santos como el uribismo afirma de manera falaz.
Van unos datos recientes.
El 16 de diciembre de 2016, el fiscal Emery le entregó un memorando al juez O‘Sullivan sobre la validez del tratado de extradición entre Estados Unidos y Colombia, que la defensa de Arias puso en tela de juicio.
En el documento se establece que la Fiscalía de Estados Unidos le solicitó de manera oficial un concepto sobre el tema a un asesor jurídico de la Oficina Jurídica del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
El doctor Tom Heinemann entregó una declaración juramentada al fiscal Emery como una de las personas encargadas de manejar los pedidos de extradición del Departamento de Estado estableciendo que la extradición estaba en sano funcionamiento. (Ver Supplemental Declaration of Tom Heinemann)
En ese documento el doctor Heinemann además adjuntó una carta de la Embajada de Colombia en Washington que se elabora a pedido del Departamento de Estado de Estados Unidos, en la que se establece que el tratado de extradición sí está vigente y se debe aplicar en el caso del exministro Arias, ya que tiene un pedido de la Corte Suprema de Justicia. Sin discusión. (Ver Ministerio de Relaciones Exteriores S-DM-16-109804)
Esta cadena de comunicaciones evidencia que la Fiscalía de Estados Unidos es la que se ha encargado de pedir enérgicamente toda la documentación para demostrar la jurisdicción y asegurar la propia y legal extradición de Arias. No ha sido el gobierno de Santos como Arias y el uribismo lo han gritado en los medios y las redes sociales.
Por eso es errado e injusto atacar al Ministerio de Relaciones Exteriores y al gobierno por seguir la ley en este caso, como también lo es pedir que se perdone al exministro Arias porque él prefirió no seguir la ley en el caso de Agro Ingreso Seguro.
@yohirakerman
akermancolumnista@gmail.com