20 Jun 2021 - 5:00 a. m.

Problemas de conexión

La Audiencia Nacional de España dio luz verde para extraditar a Colombia al exguerrillero del Eln Luis Jhon Castro Ramírez, alias Zarco, el Mono o Antoni. Parece una noticia sin importancia, pero lo cierto es que es la segunda vez que España aprueba la extradición de este personaje, envuelto en falsos positivos. El Gobierno de Colombia, hasta ahora, ha actuado en ese caso con imprudente inoperancia o estratégica negligencia. Alguna de las dos.

Me explico.

Alias Zarco dio un salto mortal sin despeinarse, pasando de ser guerrillero y luchar contra las Fuerzas Armadas a posteriormente confabularse con el Ejército, perpetrando al menos 15 ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”.

En 2010 confesó varios crímenes en los que había colaborado con el Batallón de Alta Montaña No. 3 Rodrigo Lloreda Caicedo y con el Gaula del Ejército en Cali. Específicamente, con el sargento Rubiel Bustos Escarraga, cuando comandaba operaciones en el Valle del Cauca. Incluso con agentes del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

El modus operandi era sencillo, pero de terror. Según Zarco, los integrantes del Ejército, del Gaula y agentes del DAS reclutaban jóvenes a cambio de otorgarles beneficios para su desmovilización. Estos jóvenes nunca alcanzaban a entender que los estaban reclutando ni llegaban a alzar un fusil. Eran inmediatamente asesinados y presentados como expertos guerrilleros muertos en combate.

El 28 de octubre de 2011, Castro Ramírez, alias Zarco, confesó a la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos que reclutó varios jóvenes para que militares del Batallón Jaime Rooke los asesinaran y los hicieran pasar como bajas dadas en operaciones militares. Les ponían camuflados y armas. Les disparaban a quema ropa, sin que nunca hubiera un combate. (Ver Ejército pagó al Zarco).

Zarco resultó ser un efectivo productor de sanguinarias masacres.

La Fiscalía 39 Especializada contra las Violaciones de los Derechos Humanos de Bogotá relató uno de esos casos: “El 28 de febrero de 2008 aproximadamente a las 9:30 a.m. en la finca Los Mangos (…) militares que para la fecha se encontraban bajo el mando del comandante del Batallón Jaime Rooke, coronel Javier Alberto Vallejos Delgado, quien suscribió la misión táctica y tuvo conocimiento del resultado operacional fraudulento, apostada la tropa desde el día anterior en la finca Los Mangos y conociendo previamente la situación de las víctimas, esto es la cantidad de personas, vehículos y armas, se les espera al interior del predio y como lo relata el mismo Luis Jhon Castro, sin que mediara ataque previo por parte de las víctimas se procede hacer uso de la capacidad de fuego y sorpresa con la que contaba la tropa para así darles muerte sin que existiera el enfrentamiento”.

Un documento del Consejo de Estado agrega a esta escalofriante historia: “Con base en los datos vistos en el anterior análisis, se considera que los tres (3) sucesos narrados por el señor Luis Jhon Castro Ramírez, alias el Zarco o el Mono o Antoni, como sucedidos durante el año de 2008 en el departamento del Tolima, guardan relación en el modus operandi que fuera planeado por integrantes de la Sección de Inteligencia del Batallón de Infantería No. 18 Jaime Rooke del Ejército Nacional (…) tanto para las víctimas como victimarios basados en hechos ficticios o creados por estos”.

El 2 de agosto de 2018, la Fiscalía vinculó penalmente al coronel en retiro del Ejército Nacional Javier Alberto Vallejos Delgado, al sargento segundo retirado Sergio Ramírez Murillo y a tres exsoldados, como posibles coautores del homicidio de esas seis personas, en los hechos ocurridos el 28 de febrero de 2008 en la finca Los Mangos de la vereda Potreritos, municipio de Ibagué, Tolima.

La Fiscalía aseguró que en esos casos se utilizaron todas las herramientas del Estado, como uniformes oficiales, órdenes de registro, armas e inteligencia militar para quitarles la vida a civiles ajenos al conflicto.

Una deformación en la que el Ejército, en vez de combatir contra el real enemigo, se dedicó a recrear escenas creíbles de guerra, con el Zarco como productor ejecutivo trayendo a las víctimas.

Pero volvamos a su extradición. El Zarco fue detenido el 25 de noviembre de 2018 en España por un delito menor. Interpol descubrió que se trataba de ese sanguinario personaje y prosiguieron a notificar a las autoridades colombianas para comenzar los trámites de extradición.

Ahí empezó la confusión.

El 22 de diciembre de 2020, el director de Investigación Criminal Interpol Colombia, mayor general Fabio Hernán López Cruz, autorizó la orden de compra No. 44926 en la que muestra que el Estado colombiano pagó más de $14 millones para el transporte aéreo entre Madrid y Bogotá del Zarco y tres funcionarios encargados de su custodia de la DIJIN, en las rutas de operación nacional e internacional. Es más, al revisar el contrato aparece como si el Zarco hubiera regresado a Colombia el 17 de diciembre de 2020.

Pero, ¡oh, sorpresa!

La cancillería colombiana nunca firmó los requisitos legales para que España entregara al preso, pese a los múltiples pedidos del gobierno español. Una de las cosas más absurdas del proceder de las autoridades de Colombia en este caso es que cancelaron tres audiencias de imputación de cargos mientras el acusado estaba detenido en España, por “problemas de conectividad a internet”.

El chiste se cuenta solo.

Los familiares de las víctimas llegaron a cada una de las audiencias, esperando que avanzara el proceso judicial para reivindicar la memoria de sus familiares. Y para que se hiciera justicia, tras la negligencia judicial que permitió que el sádico reclutador se fugara del país y se perdiera su rastro por más de 10 años. Al conectarse a las audiencias virtuales —esperando que se realizaran—, fueron notificadas por las instituciones judiciales, una y otra vez, que habían sido canceladas por imposibilidad de conectarse. El proceso nunca pudo avanzar.

El 30 de diciembre del 2020, ocho meses después de que distintos medios de comunicación anunciaron que estaba lista su extradición a Colombia, Castro Ramírez, alias Zarco, tuvo que ser dejado en libertad. Pese a estar aprobada su extradición, nunca se dieron las audiencias de imputación por problemas de internet, lo que hacía ilegal para ese país seguir reteniéndolo. (Ver Artículo de W Radio).

El 26 de enero de 2021, la Fiscalía General de la Nación informó a los familiares de las víctimas del Zarco que el imputado no iba a estar presente en la audiencia, ya que básicamente se encontraba libre disfrutando de las calles de Madrid. Su libertad había sido otorgada días antes por parte del gobierno español y la Interpol, gracias a la negligencia del Estado colombiano para tramitar su regreso al país.

El 5 de febrero, la entonces canciller, Claudia Blum, trató de culpar de su propia negligencia a la Interpol desconociendo que era un error del gobierno colombiano. También trataron de atribuirle responsabilidad al gobierno español por poner en libertad al exguerrillero.

Pero no. Fue un error que vino directamente de las autoridades colombianas —en cabeza de la Cancillería y el Ministerio de Justicia— por problemas de conexión a internet. Pero lo que realmente muestra es un gobierno desconectado del sentido de la justicia y del dolor de las familias de las víctimas.

El 13 de febrero de 2021, las autoridades españolas recapturaron a Castro Ramírez, alias el Zarco. Esperemos que ahora que la Audiencia Nacional de España dio luz verde, por segunda vez, para que el sanguinario reclutador y productor de falsos positivos sea extraditado a Colombia, el gobierno haga más que comprar tiquetes de avión y se asegure de tener internet, para traer al Zarco y que nos cuente todo lo que sabe sobre los falsos positivos en los que está involucrado. Y pague por sus horribles delitos.

@yohirakerman, akermancolumnista@gmail.com

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