Documentos y evidencia muestran que el Gobierno Nacional habría creado, conscientemente, un sistema para evadir los principios básicos de la contratación pública en el manejo de recursos relacionados con el COVID-19, como la transparencia y el acceso a la información.
Vamos por partes.
Por medio de una serie de decretos legislativos expedidos durante la declaratoria de estado de emergencia económica, el Gobierno creó dos fondos que, aunque tienen nombres distintos, parecen cumplir la misma labor.
El Decreto 444 del 21 de marzo del 2020 creó el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) con el objetivo de atender la pandemia. Según el artículo sexto del decreto, este se rige por el derecho privado, pese a estar a cargo del Ministerio de Hacienda. Extraño.
Posteriormente, el Decreto 559 del 15 de abril del año pasado creó la Subcuenta para la Mitigación de Emergencias COVID-19 con el objetivo de, también, atender la pandemia contratando a través del régimen privado.
Esta subcuenta se creó dentro del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD), administrado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), esta última dependiendo del Departamento Administrativo de la Presidencia.
Pese a la duplicidad, el gobierno del presidente Iván Duque focalizó toda la contratación relacionada con el COVID-19 por medio del segundo vehículo, trasladando competencias que normalmente son del Ministerio de Salud a la UNGRD.
Sigamos.
El 4 de mayo de 2020, la UNGRD emitió —mediante la Resolución 296— el manual de contratación de la Subcuenta COVID-19. Estableció que, según su artículo 3, el marco legal y régimen aplicable debían someterse a las normas del derecho privado.
Lo normal es que, por tratarse de recursos públicos, todo esto se haga por Ley de Transparencia para asegurar que la contratación se ajuste a los principios de máxima publicidad, buena fe, facilitación, no discriminación y celeridad que rigen los contratos con dineros de los contribuyentes.
Como si esto fuera poco, un acuerdo del 11 de mayo de 2020 establece una cláusula de confidencialidad que obliga a las entidades involucradas en el manejo de la pandemia a “no suministrar ninguna clase de información o detalle a terceros y mantener como documentación reservada toda la información referente a la ejecución del presente convenio”.
Todas estas conclusiones hacen parte de una importante investigación realizada por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), publicada el pasado 26 de enero y titulada Dineros para el COVID: “La UNGRD es un antro de corrupción”.
La investigación prende serias alarmas no solo por el secretismo con el que han maniobrado este tema hasta ahora, sino también por lo que podría pasar con los recursos destinados para esta crisis en el futuro, si no se maneja de forma más transparente. (Ver Investigación Pares).
¿Pero por qué tanto secretismo?
No es claro, aunque existe un mal precedente. En abril de 2020 W Radio denunció que en la UNGRD estaban pidiendo comisiones del 40% sobre un contrato para comprar un millón de mercados destinados para las familias más vulnerables durante la emergencia por COVID-19. No solo eso. Entre otras, W Radio reveló que en Santander, Nariño, Cauca, Bolívar y Boyacá hubo irregularidades y sobrecostos en los precios pagados por los mercados. (Ver ¿Por qué Gestión del Riesgo no publica?).
Con ese derroche, como casi siempre, los recursos destinados a ayudar a los más afectados terminaron en los bolsillos de los más aventajados. Todo gracias a la poca transparencia y nula información pública por parte de la UNGRD en la contratación del COVID-19.
Manejo que esa entidad y el Gobierno en general pueden seguir teniendo frente a los millonarios recursos para la pandemia, por cuenta de los decretos que se firmaron sólo un mes después del escándalo publicado por W Radio.
Este secretismo convierte a la UNGRD en una entidad inmensamente poderosa en la actualidad, que se transformó en fortín político por la multimillonaria contratación que opera y una auténtica caja de pandora.