Por donde ha pasado el general Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, ha caminado la muerte. Y ese es uno de los elementos que ignoró el gobierno del presidente Iván Duque al ascender a un grupo de generales, entre los que se encuentra él, vinculados con investigaciones abiertas por presuntas ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”.
El pasado 8 de diciembre se llevó a cabo la ceremonia militar realizada en las instalaciones de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova donde, pese a las recomendaciones de no hacerlo, el brigadier general Pinto Lizarazo fue ascendido al grado de mayor general.
En noviembre de 2016, cuando el entonces coronel Pinto Lizarazo iba a ser ascendido a brigadier general, Human Rights Watch recomendó no hacerlo estableciendo que su ascenso debía frenarse al estar implicado “con evidencias creíbles y convincentes” en casos de falsos positivos.
Pese a las pruebas y las investigaciones de la Fiscalía en su contra, en las dos ocasiones estas preocupaciones han sido ignoradas para ser ascendido y nombrado en cargos tan importantes como director del Centro de Educación Militar, comandante de la Decimotercera Brigada y comandante de la Segunda División del Ejército.
Hagamos un rápido recuento. Cuando Pinto comandó el Batallón Atanasio Girardot, de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, entre octubre de 2006 y abril de 2007, se cometieron 45 presuntos falsos positivos que son investigados por la Fiscalía.
Después, el militar estuvo al mando del Batallón Magdalena entre diciembre de 2007 y septiembre de 2009, en donde se investigan 18 ejecuciones extrajudiciales.
Por ejemplo, el 18 de enero de 2008 soldados del Batallón Magdalena mataron al campesino Ever Urquina Rojas. El hoy mayor general Pinto certificó un pago de $1′500.000 a un informante para esta operación, pero la Fiscalía concluyó que el informante no dio ninguna información.
De acuerdo con el informe de la Fiscalía, el teniente coronel Pinto Lizarazo pagó cerca de $15′700.000 por la supuesta información con la que se fundamentó dar de baja a 22 personas que, de acuerdo con el testimonio de sus familiares, no eran guerrilleros sino agricultores, ayudantes de construcción, desempleados, mototaxistas, pensionados y hasta expolicías, entre otros.
En declaración jurada del 12 de septiembre de 2016, el sargento William Andrés Capera Vargas, quien para el año 2008 fungía como comandante del Pelotón Contraguerrilla Azteca Dos del Batallón Magdalena, bajo el mando de Pinto Lizarazo, afirmó: “El comandante era mi coronel Pinto Lizarazo (…) con el estudio que tiene yo creo cómo no se va a dar cuenta de que en la unidad que lideró se realizaron falsos positivos o que le muevan armas dentro de las oficinas y que no se haya dado cuenta de eso, si yo vi todo lo que sucedía, él con más razón”.
Capera Vargas fue condenado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Neiva el 23 de septiembre de 2016. Dos meses después, en noviembre de ese año, el entonces coronel Pinto fue ascendido a brigadier general.
Pero los casos no son solamente de esos años, no.
Pinto llegó a comandar la Segunda División del Ejército en enero pasado y desde entonces cuatro civiles han muerto a manos de tropas bajo su mando en Norte de Santander.
Como lo reportó El Espectador el pasado 2 de agosto, solo entre marzo y junio de este año tres campesinos y un indígena murieron a manos de integrantes del Ejército, todos adscritos a diferentes unidades militares de la Segunda División, al mando de Pinto Lizarazo.
Uno de los casos llama la atención. El campesino Salvador Jaimes Durán murió el 27 de junio por heridas de disparos provenientes, presuntamente, de integrantes del Batallón de Operaciones Terrestres 11 Teorama.
Siguiendo el modus operandi, en los días siguientes a la muerte de Jaimes Durán empezaron a rondar unas fotografías que señalaban al campesino de ser guerrillero del Eln. La base para hacer esa acusación que le costó la vida al campesino era que el peinado de Salvador Jaimes era muy similar al de un insurgente que había participado en la entrega por parte de esa guerrilla de dos auxiliares de Policía a una comisión humanitaria.
Óigase bien: ¡el peinado!
Pinto publicó en su cuenta de Twitter un video en el que el comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, general Olveiro Pérez, daba a entender que el campesino muerto era el guerrillero del Eln que aparecía en las fotos.
Pero para problema de Pinto, pocos días después el Eln desmintió que el campesino Salvador Jaimes hubiera pertenecido a sus filas, y el guerrillero con el que lo asociaban por su peinado apareció reafirmando que él no era el joven asesinado.
Esta muerte así como las otras numerosas muertes por presuntos falsos positivos siguen en la impunidad. Y en el camino Pinto sigue recibiendo condecoraciones, recomendaciones y ascensos.
Ahora bien, da esperanza que la Fiscalía General de la Nación indicó en un informe, enviado a la Corte Penal Internacional con corte a septiembre de 2020, que la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia tiene en curso 29 casos contra 22 generales del Ejército.
Parece ser que la CPI será la entidad que pueda hacer valer la justicia sobre estas muertes de jóvenes inocentes, campesinos e indígenas, que fueron asesinados acusados de ser guerrilleros cuando nunca habían cargado un fusil. Una tragedia.
Por donde ha pasado el general Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, ha caminado la muerte. Y ese es uno de los elementos que ignoró el gobierno del presidente Iván Duque al ascender a un grupo de generales, entre los que se encuentra él, vinculados con investigaciones abiertas por presuntas ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”.
El pasado 8 de diciembre se llevó a cabo la ceremonia militar realizada en las instalaciones de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova donde, pese a las recomendaciones de no hacerlo, el brigadier general Pinto Lizarazo fue ascendido al grado de mayor general.
En noviembre de 2016, cuando el entonces coronel Pinto Lizarazo iba a ser ascendido a brigadier general, Human Rights Watch recomendó no hacerlo estableciendo que su ascenso debía frenarse al estar implicado “con evidencias creíbles y convincentes” en casos de falsos positivos.
Pese a las pruebas y las investigaciones de la Fiscalía en su contra, en las dos ocasiones estas preocupaciones han sido ignoradas para ser ascendido y nombrado en cargos tan importantes como director del Centro de Educación Militar, comandante de la Decimotercera Brigada y comandante de la Segunda División del Ejército.
Hagamos un rápido recuento. Cuando Pinto comandó el Batallón Atanasio Girardot, de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, entre octubre de 2006 y abril de 2007, se cometieron 45 presuntos falsos positivos que son investigados por la Fiscalía.
Después, el militar estuvo al mando del Batallón Magdalena entre diciembre de 2007 y septiembre de 2009, en donde se investigan 18 ejecuciones extrajudiciales.
Por ejemplo, el 18 de enero de 2008 soldados del Batallón Magdalena mataron al campesino Ever Urquina Rojas. El hoy mayor general Pinto certificó un pago de $1′500.000 a un informante para esta operación, pero la Fiscalía concluyó que el informante no dio ninguna información.
De acuerdo con el informe de la Fiscalía, el teniente coronel Pinto Lizarazo pagó cerca de $15′700.000 por la supuesta información con la que se fundamentó dar de baja a 22 personas que, de acuerdo con el testimonio de sus familiares, no eran guerrilleros sino agricultores, ayudantes de construcción, desempleados, mototaxistas, pensionados y hasta expolicías, entre otros.
En declaración jurada del 12 de septiembre de 2016, el sargento William Andrés Capera Vargas, quien para el año 2008 fungía como comandante del Pelotón Contraguerrilla Azteca Dos del Batallón Magdalena, bajo el mando de Pinto Lizarazo, afirmó: “El comandante era mi coronel Pinto Lizarazo (…) con el estudio que tiene yo creo cómo no se va a dar cuenta de que en la unidad que lideró se realizaron falsos positivos o que le muevan armas dentro de las oficinas y que no se haya dado cuenta de eso, si yo vi todo lo que sucedía, él con más razón”.
Capera Vargas fue condenado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Neiva el 23 de septiembre de 2016. Dos meses después, en noviembre de ese año, el entonces coronel Pinto fue ascendido a brigadier general.
Pero los casos no son solamente de esos años, no.
Pinto llegó a comandar la Segunda División del Ejército en enero pasado y desde entonces cuatro civiles han muerto a manos de tropas bajo su mando en Norte de Santander.
Como lo reportó El Espectador el pasado 2 de agosto, solo entre marzo y junio de este año tres campesinos y un indígena murieron a manos de integrantes del Ejército, todos adscritos a diferentes unidades militares de la Segunda División, al mando de Pinto Lizarazo.
Uno de los casos llama la atención. El campesino Salvador Jaimes Durán murió el 27 de junio por heridas de disparos provenientes, presuntamente, de integrantes del Batallón de Operaciones Terrestres 11 Teorama.
Siguiendo el modus operandi, en los días siguientes a la muerte de Jaimes Durán empezaron a rondar unas fotografías que señalaban al campesino de ser guerrillero del Eln. La base para hacer esa acusación que le costó la vida al campesino era que el peinado de Salvador Jaimes era muy similar al de un insurgente que había participado en la entrega por parte de esa guerrilla de dos auxiliares de Policía a una comisión humanitaria.
Óigase bien: ¡el peinado!
Pinto publicó en su cuenta de Twitter un video en el que el comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, general Olveiro Pérez, daba a entender que el campesino muerto era el guerrillero del Eln que aparecía en las fotos.
Pero para problema de Pinto, pocos días después el Eln desmintió que el campesino Salvador Jaimes hubiera pertenecido a sus filas, y el guerrillero con el que lo asociaban por su peinado apareció reafirmando que él no era el joven asesinado.
Esta muerte así como las otras numerosas muertes por presuntos falsos positivos siguen en la impunidad. Y en el camino Pinto sigue recibiendo condecoraciones, recomendaciones y ascensos.
Ahora bien, da esperanza que la Fiscalía General de la Nación indicó en un informe, enviado a la Corte Penal Internacional con corte a septiembre de 2020, que la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia tiene en curso 29 casos contra 22 generales del Ejército.
Parece ser que la CPI será la entidad que pueda hacer valer la justicia sobre estas muertes de jóvenes inocentes, campesinos e indígenas, que fueron asesinados acusados de ser guerrilleros cuando nunca habían cargado un fusil. Una tragedia.