El escándalo por las compras para la residencia presidencial y vicepresidencial sirve para reflexionar un poco sobre los gastos del Estado y también sobre el consumo. Ante todo, se debe señalar con claridad que si hay sobrecostos deben intervenir los organismos de control y sancionar. El Gobierno dice que no los hubo. Que se investigue y haya total claridad. Más allá, es importante revisar en qué se gastan los dineros públicos porque aquí llevamos años despilfarrando esos recursos. El punto no es quién gastó más, es quién puede frenar el despilfarro. También es bueno reflexionar sobre el consumo, la austeridad y los mensajes que se mandan desde el Estado.
Celebro que la vicepresidenta Francia Márquez haya decidido ofrecer mejores camas para el personal que trabaja en el cuidado y que las compras del debate incluyan productos para mejorar las condiciones de estos trabajadores. En el caso de la vivienda del presidente y la vicepresidenta creo que es apenas justo que el Estado invierta en una dotación digna para los funcionarios, sus familias, los trabajadores y los visitantes. Eso, al margen de quiénes sean los inquilinos temporales de esas casas.
Me pregunto, sin embargo, si hay algún límite en el presupuesto para esos gastos o si debería existir ese límite. No sé si se necesitan plumones de $4 millones o cortinas de $600 millones, recordando un escándalo similar al de hoy en el Gobierno Santos, o un asador de $3′700.000, como el que compraron en el Gobierno Duque. El problema no son los montos o las compras en sí mismas. El punto es que, en un país que vive tiempos de austeridad y que siempre, más allá de las coyunturas económicas, enfrenta la pobreza como uno de sus grandes retos, desde las altas esferas se tendría que tener mucho cuidado con los símbolos y mensajes que se mandan. Es el lujo y el derroche, en medio de la pobreza, lo que indigna.
Por eso podemos ir más allá y revisar con detalle otros gastos que generan debate. ¿Por qué el Estado debe asumir el pago del teléfono celular o la gasolina para muchos de sus funcionarios? ¿Por qué no pueden pagar eso de su salario como todos los trabajadores? ¿Se deben gastar recursos públicos, por ejemplo, en los regalos que llegan a los periodistas en Navidad? ¿En tiempos digitales se deben gastar dineros públicos en los reportes de gestión que pocos leen y que se imprimen en papel de lujo? Seguro muchas empresas que reciben esos contratos necesitan los ingresos para sostenerse, pero se puede mejorar para que cada peso del Estado se gaste bien.
Dicen los que saben de finanzas domésticas que en los llamados “gastos hormiga”, que no se tienen en cuenta en los grandes presupuestos familiares, se van buena parte de los ingresos y por eso se deben revisar con lupa. Cualquier persona que viva al día con un salario mínimo o dos sabe la importancia de cuidar las monedas, los $1.000 o $2.000 porque cada centavo cuenta. El Estado debería hacer lo propio y así como trata de cuidar (con frecuencia sin éxito) los grandes presupuestos, también debería cuidar esos gastos que se consideran menores.
La pregunta final que quiero dejar es: ¿se necesita el lujo? Si son dineros privados, que cada quien se gaste lo que gane como quiera, aunque no sobraría una dosis de empatía y conciencia al derrochar frente a quienes padecen hambre. Si hablamos de recursos públicos en un país con tantas carencias, la austeridad tendría que ser una consigna permanente. Tener lo justo, lo necesario, lo digno, pero que eso no signifique llenarse de cosas que alimentan el consumismo desmedido que tiene al planeta al borde del colapso. Si hubo corrupción, que se castigue; abramos el debate de lo que se debe y no se debe pagar con dineros públicos y pensemos si no es hora de bajarle al consumo y mandar otros mensajes.
