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Esta semana fue noticia otra vez el bloqueo de vías, las protestas y las declaraciones altisonantes de un Gobierno que, como todos, tiende a escuchar poco a los ciudadanos que protestan a menos que se llegue a las vías de hecho. En el fondo, otra vez fue la tierra la que quedó en medio del conflicto. Esa tierra ha sido motivo de guerras, disputas, muertes, despojos, desplazamientos, batallas políticas y mucha violencia. Esta vez el presidente Petro amenazó con meter a la cárcel a alcaldes y gobernadores. En la misma frase dijo que eso corresponde a la justicia, pero sus palabras quedaron en el ambiente como otro gesto autoritario de un presidente a quien a ratos le estorba la democracia.
Esta vez el motivo de conflicto en torno a la tierra fue la actualización masiva de avalúos de precios rurales, de donde se desprenden los impuestos que se deben pagar. Este ejercicio toca decisiones del Gobierno Nacional y también de los gobiernos locales que recaudan los prediales. En medio del tire y afloje, quedaron perdidos y sin saber qué hacer muchos ciudadanos que se sintieron maltratados por un Estado que con frecuencia no responde, no resuelve y complica la vida.
La actualización catastral era un pendiente de vieja data en Colombia, en donde muchos dueños de grandes extensiones de tierra no pagan los impuestos que les corresponden y muchos campesinos fueron despojados de sus tierras o las tienen de manera irregular, sin títulos ni derechos plenos. Fincas de cientos de hectáreas con avalúos irrisorios, predios que pasaron de generación en generación sin tener un proceso legalizado, grupos armados que desplazaron familias para apropiarse de las tierras… En el campo la batalla ha sido constante, y la irregularidad en el catastro, una parte del problema.
Así fue durante décadas y la fórmula parecía ser: “Deje así. No alborote el avispero”. Sin embargo, el tema fue incluido en el Acuerdo de Paz, en el cual se estableció el llamado Catastro Multipropósito que busca actualizar la información sobre predios rurales para múltiples objetivos, como el ordenamiento territorial, la gestión de proyectos y también el pago de impuestos. Adicionalmente, el artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Gustavo Petro (Ley 2294 de 2023) “establece una medida por única vez para reducir el rezago en los avalúos catastrales de los predios en Colombia, especialmente en zonas donde esa información no ha sido actualizada en más de cinco, 10, 15 o más años”, y es ahí cuando comienza el problema.
Actualizar precios de la tierra es alborotar el avispero; es meter el dedo en una llaga que duele y está bien hacerlo porque está bien que paguen más los que pueden pagar más. El problema es que muchos pequeños propietarios, campesinos sin capital, que viven en el día a día al albur de una cosecha, también vieron los avalúos de sus fincas disparados y los cobros de impuestos multiplicados por cien, por mil o dos mil. No siempre tener un pedazo de tierra significa ser un gran terrateniente.
Que los alcaldes y gobernadores podían resolver el problema, dijo el Gobierno Nacional. Que la actualización catastral es nacional y la hace el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, dijeron en las regiones los mandatarios locales que enfrentaron las protestas. Que hay política detrás de los bloqueos, dijo el Gobierno. Es inevitable una sensación de déjà vu porque vivimos otras protestas, otros paros, otros bloqueos y siempre alguien dijo que se buscaba hacer política. No es raro que así sea porque los conflictos sociales son también en el fondo conflictos políticos, y el de la tierra es uno de los más grandes. Después de seis días de paro se logró acuerdo en Santander para desbloquear vías y avanzar en soluciones, pero el tema sigue latente en otras regiones. La tierra, siempre la tierra, ha sido motivo de conflicto.
