“Nosotros sí queremos una reelección. Lo decimos de frente y lo estamos promoviendo”, dijo la congresista Isabel Cristina Zuleta del Pacto Histórico. A pesar de que el presidente ha dicho en múltiples ocasiones que no quiere ir más allá de su período que termina en agosto del 2026, las palabras de la senadora cayeron como una bomba política en medio de la controversia de la constituyente que se calentó cuando el presidente Gustavo Petro dijo que, si el Congreso no tramita su convocatoria, “el poder constituyente tarde o temprano lo hará”. Este debate político sin sentido le resta aún más gobernabilidad y da insumos a los interesados en mover los fundamentalismos políticos.
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Como si fuera poco, en el debate de la Constituyente se mete el ingrediente de la reelección. El ministro Luis Fernando Velasco se apresuró a decir que “el Gobierno no está en eso. El presidente no está en eso”. Sin embargo, que sus seguidores muevan esa idea dispara alertas. No es bueno ni democrático que un Gobierno busque cambiar las reglas de juego pactadas en beneficio propio. No es bueno ahora y no lo fue cuando el entonces presidente Álvaro Uribe cambió el “articulito” para reelegirse ni tampoco cuando intentó hacerlo de nuevo para seguir en el poder. Por fortuna, funcionaron las herramientas democráticas y la Corte Constitucional frenó su segundo intento de perpetuarse en el poder. A pesar de eso, todavía vivimos el impacto del desajuste de pesos y contrapesos que generó el cambio del “articulito”.
Cabe recordar que tanto la Asamblea Constituyente como la posibilidad de establecer otra vez la reelección presidencial se pueden tramitar por vías legales y democráticas. No son temas vedados porque las normas que tenemos lo permiten y establecen los caminos para hacerlo. Lo importante es que no se inventen vías extralegales para hacer los cambios. En ese sentido, hay que reiterar una y otra vez que la Constitución establece cómo se puede promover la participación del constituyente primario en la toma de decisiones y que, ni el presidente ni nadie, puede hacer algo distinto.
El mandatario ha hablado de “proceso constituyente”, “poder constituyente” y otras figuras retóricas que sirven en discursos en tarima, pero que no forman parte de las herramientas legales para la participación ciudadana. El otro punto de debate es si hay ambiente político para una asamblea constituyente o para volver a la reelección. Ninguna de las dos propuestas parece tener respaldo de mayorías en el Congreso, por donde deberían pasar. Tampoco hay ambiente positivo en buena parte de la opinión pública.
Cuando se insinuó que podía invocarse el Acuerdo de Paz para buscar alternativas constituyentes hubo un rechazo muy sonoro desde distintos sectores. El expresidente César Gaviria propuso una coalición para defender la Constitución del 91 con la mira puesta en las elecciones del 2026. En medio de tantos temas que polarizan y mueven odios, la Constitución era un punto de acuerdo que se logró en uno de los momentos más intensos del conflicto que ha vivido Colombia. Ahora se convierte en bandera de campaña política. Más que una nueva Constitución, el gran reto es hacerla realidad para llegar al verdadero Estado social de derecho con el que soñamos muchos.
La Constitución y el acuerdo de paz dan el marco necesario a muchos cambios que necesita el país. No obstante, la interpretación de una y de otro no puede estirarse al punto de llegar a una ruptura constitucional para cambiar las normas y buscar la reelección de un presidente. Se trata en el fondo de debates sin sentido que enrarecen aún más, si eso es posible, el ambiente político y que dejan impactos peligrosos en la confianza que requiere el país para funcionar. Lo más grave es que mientras nos desgastamos en esto los problemas reales de la gente esperan soluciones que no llegan.
