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Habla bien de la fiscal Luz Adriana Camargo que no haya convertido en munición mediática cada detalle sobre los escándalos que investiga su despacho. La diferencia frente a su antecesor es abismal en esa materia. Es bueno para la institucionalidad que las entidades hagan lo que les corresponde con seriedad. Ahora se requiere que la Fiscalía también actúe con eficiencia y con todo el rigor de procedimiento en investigaciones delicadas como la corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y las denuncias de interceptaciones ilegales.
Los dos casos tienen grandes implicaciones y ameritan un trabajo de la justicia que no deje dudas. Las denuncias que han hecho formalmente tanto la Corte Constitucional como la JEP por las sospechas de chuzadas a sus magistrados reviven un viejo fantasma en Colombia. La liquidación del DAS, que se hizo efectiva en el año 2011, tiene su origen precisamente en las interceptaciones ilegales a magistrados de la Corte Suprema y a otras personas víctimas de espionaje ilegal durante el gobierno de Álvaro Uribe. Fueron veinte las condenas por el escándalo. En otro episodio reciente, en 2020, en el gobierno de Iván Duque, también se denunció la existencia de carpetas con perfilamientos e interceptaciones a periodistas y líderes de la oposición de la época hechas por inteligencia del Ejército.
Ahora, la denuncia es contra el gobierno del presidente Gustavo Petro, quien en su momento denunció ser víctima de seguimientos y chuzadas, como también lo fue su ministro de Defensa, Iván Velásquez. El presidente ha negado que se haya dado alguna orden de interceptación o perfilamiento en su gobierno. Sin embargo, las denuncias se han hecho de manera formal y corresponde a la Fiscalía investigar y al gobierno atender los requerimientos de la investigación.
Aunque, en los últimos días, los focos han estado en este escándalo, no se puede olvidar que otro reto grande para la Fiscalía es el de la corrupción en la UNGRD. Los detalles se han venido conociendo a cuentagotas a través de redes y medios de comunicación. Los confesos delincuentes buscan principios de oportunidad y van soltando lo que les conviene. Por eso es importante que los procesos avancen y no se queden en versiones virales. Se entiende que la velocidad de la investigación no es igual a la de los videos y los clics, pero es clave que se puedan conocer los avances.
También la Fiscalía ha recibido la denuncia de la primera dama Verónica Alcocer, quien afirma ser víctima de personas del mismo gobierno que estarían detrás de una campaña de desprestigio. Si a esto se suman las investigaciones que venían caminando cuando asumió la Fiscalía, con los casos del hijo del presidente, Nicolás Petro, y de la niñera de Laura Sarabia, es evidente que tiene retos grandes la fiscal Camargo con su equipo. Y estos son apenas los casos sonados porque tienen que ver con el entorno cercano del presidente, pero a eso se suma la tarea que debe adelantar para enfrentar la criminalidad en todas sus modalidades.
Se le mide en estos días el talante a la fiscal Camargo quien, hasta el momento, al evitar pararse en el escenario de las peleas públicas, le da a su cargo el respeto y la estatura que merece. La prudencia es importante, pero no es suficiente. La entidad que ella dirige debe hacerse visible a través de un trabajo eficiente que permita al país confiar en los procesos de la justicia. Suena simple pedir que haya investigaciones claras y castigo para los culpables, pero en el camino hay todo tipo de obstáculos y muchos intereses cruzados que pueden enturbiar la labor de los fiscales. Un trabajo técnico y no político que permita recaudar las pruebas necesarias en cada caso debería darle tranquilidad al país. Ojalá así sea.