Doble reto tiene el Gobierno del presidente Gustavo Petro en las elecciones de octubre: enfrentar en las urnas la voluntad popular con un descenso en las encuestas que puede golpear a los candidatos del Pacto Histórico y a su propia gobernabilidad si a la izquierda le va mal. Y como jefe de Estado, el presidente debe garantizar la seguridad y tranquilidad de los comicios en medio de las amenazas que comienzan a aparecer en zonas críticas del país.
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El primero es un reto político al que se enfrentan los presidentes en medio de su mandato porque en algunas regiones las elecciones se convierten en un pulso entre los seguidores del Gobierno y la oposición. No en todas porque la dinámica de la política regional es distinta a la nacional. No es extraño ver en las regiones alianzas entre partidos que a nivel nacional son opositores. Juegan también los clanes políticos que en varias zonas son “dueños” de los votos y se las ingenian para seguir reinando con métodos legales o ilegales, como puso en evidencia la condena a Aida Merlano. Además, pesan los resultados de los alcaldes y gobernadores salientes.
Sin embargo, el pulso político regional no deja de ser una medida para el Gobierno que hoy mantiene a duras penas y con esfuerzo una alianza en el Congreso. El resultado de octubre mostrará un nuevo mapa político en el país y se verá si los votantes siguen a la izquierda o comienzan a girar. Lo que pase puede significar colapso total de la coalición de Gobierno o un nuevo aire si los candidatos del Pacto logran regiones importantes. Conocido el resultado en España, con el triunfo de la derecha que empujó al Gobierno a anticipar las elecciones generales, algunos analistas hablan ya de la posibilidad de que en Colombia ocurra lo mismo y se comience a mover el péndulo hacia la derecha. La política es dinámica, sin duda, y el presidente debe leer cada momento para tomar decisiones.
El otro gran reto requiere ejercicio de autoridad para evitar que la violencia, siempre presente, se desmadre. Los grupos armados quieren intervenir otra vez en las elecciones. Lo han hecho a lo largo de nuestra historia reciente de distintas maneras. Desde la campaña en la que mataron a tres candidatos presidenciales, hasta las que han sido “pacíficas” y han significado amenazas a candidatos a corporaciones regionales, cierre de mesas y atentados de diverso calibre en zonas tomadas por la ilegalidad.
Ahora, las disidencias de Iván Mordisco dicen que no van a permitir campaña en las zonas sobre las que tienen “control político militar”. Informan a los candidatos de grupos o partidos que ellos consideran “militaristas” y “que atizan la guerra” que no pueden ingresar. Se sienten dueños de un pedazo del territorio y lo grave es que efectivamente tienen el control en zonas sin presencia del Estado. Y cuando en Colombia un grupo armado amenaza hay que tomarlo en serio.
El Estado debe garantizar que todos los partidos y candidatos puedan hacer campaña. Los acercamientos de la Paz Total han generado un ambiente de incertidumbre por la falta de claridad, por las múltiples mesas, por las salidas en falso del comisionado y la falta de gestos efectivos de paz de los grupos armados. La política de Seguridad Humana no logra despegar y el reto que lanzan los violentos a la democracia electoral medirá también la capacidad del presidente como comandante en jefe de las fuerzas militares y responsable como tal de la seguridad en el país. Sería bueno que el Gobierno entienda que la paz también se busca brindando seguridad. En algún momento habrá que superar esa falsa disyuntiva entre diálogo o mano dura. No son excluyentes, se complementan. Reto político y reto de estadista los que tiene el presidente Petro, que juega de nuevo en unas elecciones desde una orilla distinta a la que ha conocido. No hace campaña, pero su nombre y su gestión también se medirán en las urnas.
