En Colombia los debates suelen caminar sobre falsas dicotomías porque un país que vive una guerra tiende a ver todo en código de enemigos a eliminar. Si se trata de la seguridad es peor porque algunos consideran que respaldar una institución, como la Policía por ejemplo, significa mirar para otro lado cuando alguno de sus miembros viola la ley, mientras otros creen que actuar contra la delincuencia con el uso legítimo de la fuerza es siempre abuso. Ni lo uno ni lo otro. Que podamos entender el papel de la Fuerza Pública en defensa de la sociedad pasa por poder discutir en democracia sobre las reformas que se requieren para que se garantice la seguridad sin excesos y en el marco de la ley. El tema vuelve a propósito de los anuncios del nuevo Gobierno.
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El presidente Gustavo Petro plantea cambios en el papel de la Policía y de las Fuerzas Militares. Dice, entre otras cosas, que sus resultados se medirán en vidas salvadas, plantea la batalla contra la corrupción como una tarea prioritaria y busca que los uniformados participen en procesos comunitarios más allá del combate a los delincuentes. En el debate binario ya hay quienes consideran que se plantean los cambios en términos de amigos y enemigos de la Fuerza Pública, amigos y enemigos de los delincuentes. En realidad la propuesta amerita una mirada a fondo y poder discutir lo positivo y lo negativo sin fundamentalismos políticos.
El papel de la Policía, en particular, ha sido desde tiempo atrás motivo de muchas polémicas. En medio del conflicto y de la batalla contra el narcotráfico que ha permeado tantos escenarios, la Policía “se ha militarizado” y ha entrado a formar parte del conflicto. También el concepto de seguridad ciudadana se ha asociado al del combate al terrorismo. De esa manera se ha perdido un poco el sentido de la labor de una Policía civil que debe estar al servicio de los ciudadanos para protegerlos y ayudar a contener y prevenir los crímenes sin estar en una guerra abierta.
En medio de la lógica de conflicto hay quienes creen que los delincuentes no tienen derechos y apoyan que sean abatidos sin entender que ese debe ser el último recurso en el uso de la fuerza legítima del Estado. Para otras personas los derechos humanos de los policías no existen y no entienden que no son ángeles los delincuentes que enfrentan y es por eso que las leyes les permiten imponer la autoridad con el uso de la fuerza. No todo uso de la fuerza es un abuso, pero sí se debe usar con la proporcionalidad adecuada para que, por ejemplo, no se responda con disparos a un joven que pinta una pared o a una multitud que protesta. La Policía tiene que recuperar su cercanía con todos los ciudadanos, trabajar en llave con ellos, generar confianza.
El nuevo Gobierno y el nuevo director de la Policía anuncian cambios en la institución y en particular en el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Se requieren, sin duda, aunque siempre deberá existir un cuerpo especial que ayude a contener la violencia que se puede desatar en las calles. Es posible que se necesiten nuevos protocolos, una formación distinta para el personal, cambios de nombre y hasta de uniforme, pero lo de fondo es trabajar en la doctrina que se aplica en el día a día para que cuando esos policías salgan a las calles no vayan en plan de guerra sino en plan de proteger a los ciudadanos y para que en momentos críticos puedan enfrentar disturbios con un uso adecuado de la fuerza.
Decir que la Policía o las Fuerzas Militares necesitan reformas no es desconocer el papel que han jugado en la protección de los ciudadanos y la cuota muy alta de sangre y dolor que han puesto en la lucha contra la delincuencia. Decir que se necesitan reformas no niega sus derechos ni significa ponerse del lado de los delincuentes. Discutir esas reformas para que los ciudadanos estén más seguros y los policías también es tratar de ajustar las instituciones para que estén al servicio de la sociedad.
