Gustavo Petro tendrá que responder a sus hijas, a su movimiento político, al país y también a las autoridades ante las evidentes fallas éticas o posibles delitos detrás de la relación con Deicy Jiménez, la mujer que denuncia un eventual intercambio de favores sexuales por contratos con el Estado. La sociedad, por otra parte, tiene que revisar la manera como enfrenta un debate de fondo en el cual se mezclan temas importantes como la vida íntima de las personas, las inequidades de género, el abuso de poder, las investigaciones penales, la política y también la responsabilidad al informar.
Este caso no solamente plantea dudas en torno al comportamiento ético o potencialmente delictivo de un presidente: también refleja dudas sobre el comportamiento de quienes han hablado y opinado sobre el tema. Me detengo en particular en los periodistas a quienes siempre se nos debe exigir más. Como pasa con los funcionarios públicos, los periodistas estamos obligados a tener unos estándares éticos superiores. Nos corresponde denunciar y vigilar al poder, pero esa tarea no es licencia para todo. No quiero repetir las palabras que han usado algunos colegas (hombres en particular) para referirse a la mujer que hace las denuncias. Como persona merece respeto y toda la protección. Mucho más porque se trata de una mujer que estaba en condición de vulnerabilidad frente a un hombre mayor y que interactuaba con ella desde posiciones de poder. Protegerla como denunciante, como mujer y como fuente es obligación.
Por otra parte, el escándalo desatado a cuentagotas, día a día, como en una telenovela llena de morbo y detalle para la galería, parece ser parte de un plan diseñado para mantener la agitación en ese coliseo romano de las redes sociales y buscar un golpe político. Eso no ha permitido que se respete el debido proceso que merece toda persona denunciada. Tampoco hace fácil discutir las implicaciones éticas y políticas de las denuncias. Lo expuesto hasta el momento permite decir que hay unos contratos y una relación personal que se cruzan de manera grave. La justicia dirá si hubo un delito o no, pero el debate tiene que ver también con las consecuencias políticas de estos hechos y con la ética, esa palabra que parece no existir en estos tiempos oscuros en los que todo vale.
El Pacto Histórico ha salido en defensa del expresidente y algunos de los argumentos evitan la necesaria reflexión interna. La bancada de mujeres se pronunció, pero al partido le falta reconocer el problema. Hay quienes pretenden proteger a Petro recordando los escándalos de otros. El caso Pastrana-Epstein, en el que efectivamente el expresidente debe muchas respuestas, no es excusa para desconocer la gravedad de las denuncias contra Gustavo Petro por este episodio y por otros comportamientos delicados en su presidencia. No se puede analizar un hecho que tiene inmensas consecuencias políticas desde el teflón que le aplican al líder para que le resbale todo. La derecha, entre tanto, levanta la bandera de la moralidad ante Petro, mientras aplaude a un presidente que firma bombas con las cuales mata personas y convierte la guerra en espectáculo inaceptable. Las brújulas éticas andan perdidas en todas partes.
El expresidente Gustavo Petro en su defensa argumenta que se vulnera su derecho a la privacidad y debemos recordarle que ese derecho no es absoluto cuando las personas ocupan altos cargos del Estado y sus actuaciones privadas pueden tener implicaciones públicas. Aunque suene a viejo, hay que hablar de ética. Hay que recordar a los funcionarios públicos que, además de no cometer delitos, deben tener un comportamiento ejemplar; por eso no pueden favorecer con contratos a personas cercanas al margen de la relación que tengan con ellas. Es un principio que no se cumple, que muchos violan, pero en el que se debe insistir como el marco de un deber ser al que debemos apuntar. Entiendo que reivindicar la ética es iluso cuando vivimos en medio de la política de la provocación y el espectáculo.