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En algún momento tendríamos que dejar de ver toda nuestra realidad con la lógica de la guerra. Estamos tan metidos en un conflicto doloroso e interminable que ya olvidamos cómo ver el mundo sin estar buscando enemigos a los que se debe eliminar. Aunque nos cueste trabajo entenderlo, no siempre matar es la respuesta. Escribo a propósito de la muerte de 11 personas en Puerto Leguízamo, Putumayo, en una operación del Ejército. Lo que más me ha llamado la atención no es la denuncia, muy grave, sobre civiles entre los muertos. Lo que me ha impactado más es que muchos crean que la única manera de combatir a un criminal es matarlo. ¿Ese uso letal de la fuerza no es acaso el último recurso? ¿No se trata de intentar neutralizar delincuentes por la vía de la captura para que sean juzgados?
Así se trate de grandes delincuentes, de personas que se mueven en el borde de la ley o ciudadanos olvidados del Estado que han encontrado en la ilegalidad la forma de subsistir, todos tienen derecho a la vida. Es claro que cuando se trata de delincuentes es deber del Estado con su fuerza legítima perseguirlos y neutralizarlos porque para eso hay Policía, Fuerzas Armadas y aparato judicial, pero me pregunto si estamos cumpliendo el camino que se debe seguir para que la fuerza letal sea el último recurso y no el primero. Los expertos en DIH, en leyes de guerra, nos dirán si se violaron normas o no. Hay dos versiones muy distintas sobre la mesa y una investigación independiente y de fondo nos debe resolver las dudas. La acción del Ejército se presume legítima como se presume también la inocencia de las personas sindicadas de cometer delitos. Que los ciudadanos entendamos esos dos principios nos ayudaría a ver mejor lo que está en juego.
Sin embargo, creo que por cuenta de esa guerra que ha matado a tantos y ha sembrado de odio tantas almas, hemos perdido los límites para saber hasta dónde puede llegar la fuerza del Estado. Hoy desde las tribunas de las redes, que son un nuevo circo romano, hay quienes levantan pulgares ante cada muerto. Se aplauden vidas perdidas por sospecha como si en nuestra Constitución existiera la pena de muerte. No todo vale cuando se combate el crimen, aunque los criminales cometan las peores atrocidades y merezcan fuerte castigo. “No son angelitos”, dirán algunos. Eso es cierto y precisamente lo que da legitimidad a las fuerzas del Estado es que se mantengan dentro de los límites que les permite la ley para enfrentarlos.
Por eso es tan importante tener claridad sobre lo que pasó en Puerto Leguízamo. Se trata de proteger la legitimidad del Ejército y el respaldo a una institución, que debe ser colectivo, es mucho más fuerte si se garantiza que quienes abusan del poder o cometen delitos con un uniforme sean sancionados. Por todos los que han muerto cumpliendo su deber, el mejor homenaje a una institución democrática es investigar a fondo y sancionar, si es del caso, cuando hay denuncias de irregularidades.
Mientras escribo esto repaso noticias: en Arauca pasaron 19 horas y no llegaron las autoridades a levantar los cuerpos de una nueva masacre. Son cuatro, dos adultos y dos menores de edad, esperando a que alguien los declare muertos oficialmente. Las familias no aguantaron y levantaron a sus muertos sin protocolos. En Catatumbo un capitán fue asesinado por un francotirador que puso en la mira a su víctima con frialdad y premeditación. Pienso en esos asesinos y me pregunto qué se dirán a sí mismos para justificar sus muertos. Todo el que mata se echa un cuento para hacerlo. En Colombia llevamos años justificando muertos desde la legalidad o la ilegalidad. Que no es lo mismo, claro, pero al final no importa quién mate a quien, porque con cada vida perdida todos perdemos y nos hundimos más en nuestra tragedia. Cada muerto es semilla de más violencia.
