No importa cuál sea el atajo que quiera aplicar el presidente Gustavo Petro para convocar a una Asamblea Constituyente y los debates jurídicos que eso genera: hacer una nueva Constitución es un asunto político y, en esa materia, no hay ambiente mayoritario en el país para convocar a una Constituyente. De llegar a concretarse la idea de alguna manera, es un riesgo poner en juego los derechos sociales consagrados en la Constitución del 91. Es cierto que falta mucho para que lo firmado sea una realidad para todos, pero esa Carta es el norte, el camino fijado y la meta para llegar a tener un país con mayor equidad, inclusión y respeto por las libertades.
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En tiempos de tanta incertidumbre y con la proliferación de liderazgos autoritarios en el mundo, tener unas bases sólidas de un Estado Social de Derecho es más importante que pintar posibles futuros mejores sin garantía de nada. Una Constituyente puede llevar a cualquier lugar. Nada está fijado y todo es posible. No se trata, como argumenta el ministro de Justicia Eduardo Montealegre, de “mejorar” lo que se tiene. Nadie puede garantizar que así será, porque se sabe cómo comienza un proceso constituyente y no cómo termina. Mucho menos sin que exista una mayoría importante que considere urgente la necesidad de cambiar la Constitución. Sí existen, por el contrario, muchos líderes que tienen ganas de recortar libertades y derechos sociales.
Es tarea de los funcionarios del Estado, comenzando por el presidente de la República, hacer realidad lo que manda la Constitución. A eso deben contribuir todas las ramas del poder público y los organismos de control. Los ciudadanos, por nuestra parte, debemos exigir que no sea letra muerta lo establecido en ella. Y es que tal vez lo malo de fondo no está tanto en los artículos de una Constitución que muchos califican como moderna y vanguardista en materia de derechos: el problema está en los vicios de la política y la politiquería que encuentran siempre la manera de torcer todas las leyes y normas.
Algunos argumentan que la Constitución quedó mal diseñada en aspectos como la elección de los famosos pesos y contrapesos o los niveles de independencia de los poderes públicos. Todo se puede reformar y ajustar, sin partir de cero y sin desconocer lo logrado en 1991. La Constitución fue en su momento un acuerdo de paz y era, hasta que llegó el presidente Petro al poder, un elemento unificador. Desde su creación se le han hecho muchas reformas, demasiadas tal vez, pero no había sector político que tuviera como bandera central un cambio de Constitución, aunque ideas de constituyentes se han barajado en varios gobiernos. Esa tentación está ahí siempre; no obstante, el país sigue valorando la Constitución a pesar de todas las dificultades.
Cuando el presidente propone una papeleta adicional en las elecciones, intentando emular lo ocurrido con la movilización estudiantil de 1990, desconoce la diferencia en los momentos políticos y las necesidades concretas del país. La idea evidencia o su desconexión con la realidad o su interés particular en seguir agitando banderas políticas así al país no le convenga abrir esa caja de pandora. No estamos en 1990, aunque el atentado a un precandidato nos haga pensar en esa época.
Si algo había entonces era un consenso sobre la necesidad de enfrentar colectivamente la peor época de violencia que se había vivido. Hoy no existe consenso alguno sobre el camino a seguir. La situación de seguridad también es diferente por los actores, los móviles y los niveles de violencia. Y, aunque el tema es político más que jurídico, tampoco se puede desconocer que la Constitución que hoy nos rige marca el camino preciso para una Constituyente. Si se llega a ella, y no se descarta porque en política todo cambia, deberá transitarse esa vía institucional. El momento político no la favorece; veremos si en algún momento cambian los vientos.
