Política y despenalización del aborto

La decisión de la Corte Constitucional que despenaliza el aborto hasta la semana 24 se metió de lleno en el debate electoral. Es lógico. No hay unanimidad en asuntos sensibles que involucran la conciencia, la ética, las leyes, la salud y para algunos la religión. Lo que debemos pedir como sociedad es que el debate político se dé en el terreno de las leyes, los derechos y la salud pública y no en el de la desinformación o la religión que es un asunto individual y que no tiene nada que ver con la Constitución y las leyes que nos rigen. En Colombia hay libertad de culto, cada quien es libre en su fe y su creencia no obliga a otros. Cada mujer atenderá a su conciencia, a su realidad y podrá tomar una decisión en el tiempo que ha dado la Corte. Y si decide abortar que pueda hacerlo en condiciones dignas que protejan su vida y su salud física y mental.

No ayuda al debate democrático que el presidente de la República, Iván Duque, diga que “cinco personas no pueden tomar esa decisión”. Estamos hablando de la Corte Constitucional. Con ese argumento que pone en entredicho el Estado de Derecho podríamos decir que tampoco el presidente y sus ministros pueden tomar decisiones sensibles porque son unas pocas personas frente a millones de ciudadanos. Hay una democracia representativa, unas instituciones y unas personas que encarnan esas instituciones. El presidente tiene la libertad y el derecho de ejercer su cargo en el marco de la Constitución y las leyes, así como los magistrados hacen lo propio. Uno de los poderes públicos no puede cuestionar la legitimidad de otro. Tampoco es cierto, como dice el presidente, que el aborto se pueda convertir en un método anticonceptivo diario. No es así de fácil, presidente.

Por otro lado, a pesar de que el debate de las primeras horas se ha centrado en los embarazos de 24 semanas, por el plazo máximo fijado por la Corte para despenalizar, una interrupción en ese momento no es lo habitual y así lo registran las estadísticas de aborto, incluídas las de los países que tienen despenalización total. La mayor parte de los abortos se produce en los primeros meses. El debate de los plazos, que varían de país a país, tiene muchos ingredientes y subrayo sólo uno de los que se han dado: en las zonas más vulnerables hay todo tipo de dificultades para acceder a los servicios de salud y eso hace que esos límites sean un obstáculo para que las mujeres puedan decidir. Es importante entonces ver lo que ocurre en el marco general de la realidad.

Millones de mujeres han acudido al aborto por las razones más diversas a lo largo de la historia. No son delincuentes, son mujeres en una encrucijada que necesitan que el Estado las proteja y no las condene. Y de eso se trata: que las que lo decidan puedan acceder a un aborto seguro y las que quieran seguir con su embarazo tengan igualmente la seguridad y la protección para hacerlo. Por eso es importante también el llamado de la Corte al Congreso y al Gobierno para que implementen una política pública integral de protección de los derechos de las mujeres gestantes.

Importante reiterar que la decisión de la Corte fortalece la equidad social. Hasta ahora, aunque las mujeres que decidían abortar pertenecían a todos los estratos sociales, y eran de múltiples condiciones, profesiones, oficios y edades, en realidad el peso de la judicialización caía sobre las más vulnerables. Las mismas que ponían en riesgo sus vidas por acudir a servicios clandestinos y sin garantías. Se ha dado un paso muy importante, pero el debate no termina y a los dirigentes políticos hay que pedirles respeto a la Corte Constitucional, altura y verdad en los argumentos. La desinformación no puede tomarse un tema que tiene mucho fondo y que toca derechos fundamentales que las mujeres vienen batallando desde hace décadas