Que una persona haya sido víctima de la violencia no la define por principio. Sin duda, la vida se transforma ante el asesinato de un ser querido, un secuestro, un episodio de violencia sexual, un desplazamiento… es un quiebre total, pero no se puede convertir a las miles de personas afectadas por la violencia en una masa homogénea que piensa igual, que reacciona igual ante el dolor, ante la impunidad o la injusticia. En estos días ha sido muy evidente esta realidad diversa en medio del debate por el intento de asfixiar a la JEP por la vía del recorte presupuestal. Hay víctimas que la defienden y otras que la critican. Unas y otras tienen derecho a hacerlo.
En un mundo que fabrica estereotipos con facilidad y que nos dice cómo debemos ser, vestir, vivir, amar, no faltan quienes consideran que ser víctima es una etiqueta que define las actuaciones ante todos los asuntos y, en particular, ante la búsqueda de justicia, verdad y reparación. Las víctimas tienen diversas posiciones políticas e ideológicas, son personas que, con sus luces y sombras, viven los duelos como algo personal e intransferible. Algunas acuden al silencio o no quieren ser vistas como víctimas, otras convierten su dolor en liderazgo y en voz para hablar por muchos.
El perdón no es obligación, puede ser o no parte de un proceso individual en el que todo cabe: se puede privilegiar la justicia o la reparación, querer pasar la página del dolor o aferrarse a ella porque es una manera de sobrevivir; se puede hacer activismo o hacer política, tener la necesidad de apoyo o transitar el duelo lejos de miradas y opiniones ajenas. Hay quienes se desplazan o padecen el exilio, otros que se quedan e intentan sobrevivir. Se vale llorar, maldecir, callar, denunciar, huir… Todo lo que vive una víctima es personal, aunque a veces se vive el duelo como evento colectivo. Los sobrevivientes de la violencia no son una línea en un archivo, un número en una base de datos, no son objetos para usar en campañas políticas, son personas que tienen el derecho a vivir como quieran, a buscar la justicia que sientan más reparadora y a exigir al Estado y a la sociedad respeto a su dolor y a su singularidad.
Los expertos en salud mental hacen recomendaciones sobre cómo vivir las etapas del duelo para que la vida no se estanque, pero cada persona transita su dolor a su ritmo, a su manera. El Estado debe hacer justicia, reparar y trabajar para que no pase nunca más, aunque todos los días se sumen víctimas a una lista que no para desde hace décadas. En el acuerdo de paz con las FARC, por primera vez las víctimas estuvieron en el centro de la discusión. Eso fue muy importante, era necesario, fue histórico. Entender que es imposible generar un modelo único para que una persona viva su reparación también es parte del camino que transita una sociedad si quiere superar su violencia endémica.
Podemos debatir las bondades o los errores de lo pactado, los aciertos y los problemas de la justicia transicional o de la ordinaria que tiene un pendiente histórico con miles de víctimas. Podemos armar batallas políticas sobre cuál es la dosis de impunidad y cuál la de justicia que estamos dispuestos a aceptar. Podemos encontrar razones que justifiquen negociar con criminales o cerrar esa puerta. El péndulo que va de la guerra abierta a la búsqueda de la paz negociada se mueve de un lado a otro como parte de nuestro quehacer histórico, pero creer que las víctimas deben sentir igual, pensar igual, no es una opción. No cabe para nadie, porque si algo debemos proteger es el derecho a sentir y pensar de manera individual. Eso no es poco cuando nos quieren uniformar: dicen que hay una única familia y desprecian las que tenemos los demás. Dicen que hay un solo dios y desconocen las muchas diosas, espíritus o energías que mueven las creencias de tantos. Que las víctimas sean respetadas en su singularidad, sin etiquetas, es un primer reconocimiento a su dignidad. Proteger los derechos de quienes acudieron a la JEP es obligación del Estado.