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El derecho a la protesta es un valor en una democracia. El nivel de respeto a los ciudadanos que utilizan los gritos, las redes, las calles, las cacerolas, la música o el arte para hacerse escuchar es una medida del talante de los gobiernos. Ese respeto va más allá de las posiciones políticas, aunque cada sector tiene la tendencia a respetar la protesta de su lado y a despreciar la que no comparte, al punto de llegar a justificar la represión. Como el asunto es de bandos, la defensa de los valores democráticos es cada vez más difícil de encontrar.
Por eso no sorprende que quienes nada dijeron cuando murieron o salieron heridos por excesos de la fuerza pública jóvenes que protestaron en el Paro Nacional en Colombia, reclamen ahora con vehemencia, como debe ser, respeto a la protesta ciudadana en Venezuela. Por su parte, el presidente Gustavo Petro, quien ha sido contundente al rechazar la represión a las protestas en Colombia, mira para otro lado mientras mueren manifestantes en Venezuela, y Maduro llena las cárceles de opositores y viola los derechos humanos y políticos.
La situación es tan crítica que el fiscal venezolano, Tarek William Saab, dijo que la líder opositora María Corina Machado podría ser imputada “en cualquier momento” , y el cargo sería como autora intelectual por los homicidios producidos por la policía en las protestas. ¿Eso no es condenable? Se entiende el esfuerzo por mantener una vía mesurada de diálogo para resolver crisis políticas, pero no se entiende que al hacerlo se guarde silencio ante evidentes episodios de violación a los derechos humanos.
En los debates políticos de hoy cuesta defender principios porque estos parecen diseñarse a la medida de cada momento para ser usados y luego cambiados. Cuando se defienden los derechos de las personas, eso debería ir más allá del color político del gobierno de turno. Por eso sorprende escuchar al presidente Gustavo Petro darles tratamiento de asesinos a quienes en su legítimo derecho corean en escenarios públicos la frase “Fuera Petro”, que usan los opositores para descalificar a su gobierno. Respetar el derecho a la protesta de todos los ciudadanos, presidente, se llama democracia. Y tienen derecho a protestar los ricos, los pobres, la inmensa clase media y todas las personas que quieran hacerlo. Ni la Constitución ni las leyes reservan ese derecho para algunos. El presidente debería saberlo bien porque en su labor de opositor protestó de diversas maneras.
Los principios se ajustan entonces en diferentes circunstancias. Por ejemplo, cuando se sale en defensa de unas víctimas y de otras no. O cuando se justifican asesinatos. Así como ante algún homicidio se acuñó la expresión “es un buen muerto” y se justificaron los crímenes de los falsos positivos con la frase “no estarían recogiendo café”, también se cree que los civiles merecen más o menos defensa dependiendo de quiénes eran o de quién los mató. Como si la vida de las personas tuviera diferente precio según la bandera que los cubre. Los civiles son civiles y en las guerras se deben proteger. Agredirlos es un crimen. Sin embargo, hay quienes encuentran argumentos para justificar el asesinato de civiles en Gaza, miles de niños incluidos, diciendo que es legítima defensa aunque en el camino se viole el Derecho Internacional Humanitario. Otros que denuncian el genocidio no condenan el ataque de Hamás a los civiles en Israel el 7 de octubre.
Los principios tipo sastre, hechos a la medida de cada momento, permiten estirar los argumentos para hacer creer que los mismos valores democráticos sirven para condenar los abusos de los enemigos y para justificar los del bando propio. Es el doble rasero para juzgar, es la pérdida de los acuerdos colectivos básicos que deberíamos respetar todos para tener luces en tiempos de incertidumbre.
