Comandante en jefe

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¿Quién dio la orden? Hace un año, el 29 de agosto, en Puerto Rico, Caquetá, las Fuerzas Armadas bombardearon un campamento de una de las muchas bandas armadas ilegales. Murieron nueve niños, aunque inicialmente el Ejército negó la presencia de menores de edad abatidos. En un debate en el Senado, Roy Barreras demostró con documentos que la mayoría de los muertos eran niños. El entonces ministro Botero afirmó que “murieron 14 delincuentes”, pero se demostró que mentía, así que renunció antes de someterse a una moción de censura. El presidente calificó la operación de “impecable y meticulosa” y confirmó que él mismo autorizó el operativo, por ser una acción cuya ejecución debe aprobarla el comandante en jefe del Ejército.

Menores de edad en una organización militar, legal o ilegal, no son combatientes, así se diga que forman parte por voluntad propia. Cualquier reclutamiento de menores viola el derecho internacional humanitario. Este aspecto es significativo para el juzgamiento de los jefes de la guerrilla desmovilizada por parte de la JEP. Justificar el reclutamiento de menores de edad con el argumento de que se incorporan por voluntad propia es similar a justificar la violación de una niña alegando que no opuso resistencia o que tenía una relación afectiva con uno de los violadores.

Volviendo al bombardeo del 29 de agosto, días antes autoridades locales habían alertado sobre la presencia de menores de edad en el sitio del operativo militar. Puede pensarse que si el presidente no sabía de la presencia de menores de edad, el “impecable” operativo fue un gravísimo error, pero no necesariamente un crimen de guerra.

Hace unos días investigadores de Dejusticia y Cuestión Pública, mediante derechos de petición, obtuvieron los documentos oficiales que demuestran que se sabía que había menores de edad en el campamento. El informe de inteligencia del 24 de agosto de 2019, cinco días antes del bombardeo, explicita que hay menores reclutados y hacen parte del esquema de seguridad de alias Cucho, quien era el objetivo militar.

Surge la natural pregunta: cuando le pidieron autorización para ejecutar el operativo, ¿le informaron al presidente la presencia de menores? Si es así, autorizó un crimen de guerra. Si no es el caso, al conocer la presencia de menores muertos, el presidente, como comandante en jefe del Ejército, debió tomar las medidas para sancionar a quienes le ocultaron vital información. Este hecho parece confirmar los rumores en el sentido de que una parte del gabinete no le reporta directamente al jefe de Estado, sino al “eterno”. Explícito es el caso de la ministra del Interior, quien afirmó que “Duque es el presidente, pero Uribe es el jefe”, que puede traducirse como “reporto al jefe”. ¿Pasará lo mismo con el ministro de Defensa?

Meses antes del ataque al campamento, las directrices del Ejército flexibilizaban los daños colaterales de las acciones de guerra y volvían a crear incentivos para el conteo de bajas. La divulgación de estas directivas por parte de la prensa internacional parece haber evitado una nueva y sangrienta etapa de “falsos positivos”, eufemismo para referirse al asesinato de personas en condición de indefensión. Se estaba volviendo a la época del todo vale, llamada Seguridad Democrática.

De tiempo en tiempo, para justificar alguna política contra el acuerdo de cese de hostilidades, el Gobierno recurre al emotivo discurso de amor a los niños. Una verdadera muestra de amor es no bombardearlos.

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