Por: Elisabeth Ungar Bleier

¿Cómo nació el castrochavismo?

La inscripción de candidatos al Congreso dejó claro que la mayoría de los partidos y movimientos políticos siguen utilizando los mismos métodos de siempre para el otorgamiento de avales. Por un lado, en muchos casos las decisiones sobre la conformación de las listas las tomó de manera centralizada e incluso autoritaria un círculo estrecho de personas, o incluso una sola, sin el más mínimo asomo de democracia interna o de consultas a los miembros de las colectividades. Como si los partidos fueran de su propiedad y como tales sus directivos tuvieran el derecho de decidir sobre ellos como quizás hacen con sus empresas o en sus haciendas.

De otra parte, a pesar de los escándalos de corrupción en los que se han visto envueltos varios exparlamentarios, la consigna parece ser conseguir más votos, sin importar quiénes son los postulados. Tanto los órganos de control como organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación ya han identificado a varios aspirantes que presuntamente tienen inhabilidades para postularse, en su mayoría por tener sanciones penales, administrativas o fiscales. Esto no sólo conlleva responsabilidades para los candidatos, sino para los partidos que les otorgaron el aval. No obstante, la tradicional lentitud de las investigaciones y la cercanía de miembros del Consejo Nacional Electoral con los partidos pueden llevar a que estas personas sean elegidas, se posesionen y, en el mejor de los casos, sólo sean destituidas luego de uno o dos años de ejercicio o incluso después de terminados sus períodos.

También se han conocido los nombres de candidatos y candidatas que fueron sugeridos por familiares de excongresistas, exalcaldes, exgobernadores que se encuentran en la cárcel o están siendo investigados, acusados de delitos de corrupción, tráfico de influencias, lavado de activos e incluso de vínculos con grupos armados ilegales. En estos casos se ha argumentado que los delitos de sangre no existen y esto es irrefutable. No obstante, si bien legalmente los nexos familiares no constituyen una inhabilidad, sí generan cuestionamientos sobre la legitimidad de estas decisiones. Pareciera que esta es la estrategia de los dueños del poder político en las regiones para perpetuarse en el poder, sin importar a qué costo.

Por esto no es extraño que todas las encuestas muestren que los partidos políticos y el Congreso estén alcanzando los peores niveles de credibilidad y de desprestigio. En este contexto es importante recordar lo que pasó en Venezuela. En 1998, Hugo Chávez fue electo precisamente porque los venezolanos se hastiaron de los partidos tradicionales y de la clase política que los gobernó durante décadas ahondando los privilegios y las desigualdades sociales y económicas, anteponiendo sus propios intereses. Ese es el origen del llamado castrochavismo, que muchos pretenden identificar con los acuerdos de La Habana, pero olvidan que este nació como respuesta al desprecio y el rechazo de los venezolanos a prácticas políticas que no distan mucho de lo que están haciendo varios partidos y organizaciones políticas en Colombia y de las veleidades populistas de algunos aspirantes a la Presidencia y al Congreso.

*Miembro de La Paz Querida.

 

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